Es innegable que este sector  genera ingresos significativos para las economías locales y que proporciona tanto empleo como oportunidades de desarrollo. Sin embargo, es crucial cuestionar quién se beneficia realmente de esta industria y a qué costo. Mientras las personas que visitan estos lugares disfrutan de sus experiencias lujosas, la población local a menudo se enfrenta a condiciones de vida precarias, con acceso limitado a servicios básicos como educación, atención médica y vivienda digna.

Un ejemplo de estas situaciones son las Islas Maldivas. Este pequeño país al sur de la India es conocido por sus lujosos complejos hoteleros, pero alberga una realidad distinta para sus locales. La economía del Archipiélago ocupa el puesto 156 en el ranquin de los 196 estados por volumen del Producto Interior Bruto, ya que la deuda por persona es de 12 982 euros. Además, en cuanto al PIB per cápita, se posiciona en el número 71, provocando que la calidad de vida de esta república asiática sea realmente baja. Por otro lado, posee una altísima densidad de habitantes, de 1738 residentes por kilometro cuadrado, situándose en el 170 en la tabla de población.

Uno de los aspectos más preocupantes del turismo de lujo, y del masivo, es su capacidad para agravar la desigualdad económica y social. En muchos destinos, los precios exorbitantes de los hoteles y actividades excluyen a la población local, relegándola a trabajos mal remunerados en el sector de servicios, con poca oportunidad de ascenso o estabilidad laboral.

Además, su desarrollo desenfrenado puede tener efectos devastadores sobre el medioambiente y la cultura local. La construcción de mega-resorts y la explotación indiscriminada de recursos naturales amenazan la biodiversidad y los ecosistemas frágiles, mientras que la comercialización de tradiciones culturales puede llevar a la pérdida de identidad y autenticidad.

«La creciente demanda de alojamiento ha generado un mercado inmobiliario inflado»

El turismo masivo puede conducir a la priorización de visitantes sobre residentes locales, exacerbando problemas preexistentes como el acceso a la vivienda en zonas turísticas. Este fenómeno es especialmente evidente en destinos como las Islas Canarias. La creciente demanda de alojamiento ha generado un mercado inmobiliario inflado, lo que dificulta el acceso a viviendas asequibles. Muchas comunidades se enfrentan a la gentrificación, donde los precios del alquiler y de las propiedades se vuelven inaccesibles para la población local, que se ve obligada a desplazarse a áreas periféricas con menos recursos y servicios disponibles.

La llegada masiva afecta de igual manera al mercado inmobiliario de, prácticamente, todo el Archipiélago. Cuando camino por las calles de mi localidad veo cada vez más carteles en las casas que indican que son viviendas vacacionales, mientras hay quienes no encuentran un lugar adecuado para vivir en su propia isla. Considero esencial regular estas cuestiones con políticas que protejan los derechos y el bienestar.

Estas tendencias acarrean graves consecuencias para la población canaria. La rápida expansión del turismo y la falta de regulación pueden resultar en la pérdida del carácter distintivo y la autenticidad de las Islas. La destrucción del entorno natural y el desplazamiento de las comunidades locales pueden llevar a la pérdida de la identidad cultural y al deterioro del tejido social.

«El encanto que atrae radica en la singularidad y autenticidad de las Islas Canarias»

El encanto que tanto atrae radica precisamente en la singularidad y autenticidad de las Islas Canarias. Si se descuida la preservación de su patrimonio natural y cultural en aras del turismo desenfrenado, se corre el riesgo de perder el atractivo que hace que nos elijan como destino. Por lo tanto, es crucial adoptar un enfoque equilibrado que promueva un desarrollo sostenible, protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales y culturales que hacen de las Islas un lugar único en el Mundo.

El turismo no puede ser considerado exitoso si deja atrás a las personas que viven en los lugares que visitamos. Es hora de cambiar el paradigma y trabajar para que sea más inclusivo, sostenible y ético. Todas las partes interesadas pueden beneficiarse de manera equitativa de los recursos y oportunidades que esta industria ofrece.

La Acampada por la dignidad comenzó el pasado julio de 2021, donde más de una veintena de personas desahuciadas se instalaron frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Después de 400 días de lucha siguen reivindicando el derecho real a un techo digno. La falta de respuesta por parte del Ejecutivo canario provocó que varias personas damnificadas abandonaran la causa. «No solo defendemos los derechos de los individuos que están durmiendo aquí, sino el de miles de familias canarias que pueden estar en peligro», comenta el portavoz de la acampada Lolo Dorta.

La acampada surgió como protesta a las entidades gubernamentales que no amparan a las familias desahuciadas por impagos de alquiler. Por tanto, carecen de protección jurídica. Sin embargo, el Estado protege a sujetos que provengan de desahucios de grandes tenedores y fondos buitres. «Muchas familias canarias se han visto abocadas a la desgracia y a caer en problemas psiquiátricos, de drogadicción y alcoholismo», apunta Dorta.

El colectivo afectado que está instalado en las calles de la capital tinerfeña se encuentra en unas condiciones precarias. Llevan meses viviendo entre cucarachas, ratas y moscas. Además, han tenido que sobrevivir a diferentes tormentas de agua y enfermedades.  El portavoz señala la importancia de establecer, en Canarias, la Ley del Tanteo y Retracto y la Ley de Expropiación Temporal a bancos y fondos buitres. A su vez, comenta la dejadez que tienen las administraciones públicas ante la situación.

«Las verdaderas personas guerreras son quienes están durmiendo en la calle»

Después de un año, el Gobierno no ha establecido ninguna solución digna. «Gracias a la presión que el colectivo ha realizado se han mantenido todos los desahucios de las personas afectadas que venían con citaciones judiciales, hay otros que no se pudieron frenar como en el caso de los alquileres», afirma Lolo Dorta.

Debido a la constante lucha de la Acampada por la dignidad, han conseguido que algunas familias damnificadas consigan un alquiler social. En algunas ocasiones, han logrado poner el agua y la luz en muchos hogares. Eso sí, afirma con resignación que «hemos conseguido que nos escuchen, pero no hemos obtenido grandes soluciones».

El traslado comenzó a las 17.00 horas y estuvo acompañado de una manifestación en la que también participaron algunas agrupaciones de activistas que apoyan la causa. Entre todas las personas presentes ayudaron a descargar las pertenencias de cada una de las familias perjudicadas. Lolo Dorta, portavoz de la acampada, comenta que es necesario que la Administración Pública compre un paquete de viviendas para poder rescatar a toda la gente damnificada.

La idea de esta acampada comenzó hace dos meses debido a que ninguna entidad gubernamental protege a las familias desahuciadas por impagos de alquiler. Actualmente, el Estado Español sustenta una moratoria que ampara aquellas unidades familiares que provengan de desahucios de grandes tenedores y fondos buitres. En cambio, las que son desahuciadas por falta de recursos carecen de protección jurídica. «Queremos conseguir una alternativa habitacional para todas estas familias afectadas, ya que por parte de las administraciones llevan más de veinte años sin construir viviendas públicas», afirma Lolo Dorta.

«Llevamos treinta y cuatro días, pero también meses y años luchando por una vivienda digna»

El pasado 13 de julio, el Gobierno de Canarias, tras reunirse con algunas personas perjudicadas, determinó que iba a establecer un decreto-ley para abordar la protección de estas familias si el Ejecutivo Central no sigue con la moratoria de desahuciar a personas sin recursos. Ariadna, una de las damnificadas, subraya: «No me siento escuchada ni por el Gobierno canario ni por el Ayuntamiento».

La finalidad de la manifestación es conseguir que el Gobierno de Canarias promulgue la ley del tanteo y retracto, que se está empleando en otras comunidades autónomas. Su objetivo es ofrecer paquetes de viviendas vacías a la Administración Pública antes de que los bancos y grandes tenedores oferten domicilios a empresas extranjeras que tributan fuera de España.