Daniel Cerdán, comisionado de Trasparencia de Canarias, participó ayer jueves en una mesa redonda, junto a Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y Crescencio Bravo, secretario general de la Universidad de Castilla–La Mancha, en el marco de la reunión CRUE de Secretarías Generales. En su intervención, destacó que las instituciones universitarias están viviendo en estos momentos “una crisis de credibilidad” originada por ciertos casos de fraudes académicos publicados en la prensa. La solución para el experto pasa por una mayor transparencia.

Durante su ponencia, Cerdán repasó su labor en el Comisionado desde su llegada en 2015, relatando los pormenores de los dos informes realizados hasta la fecha sobre los organismos públicos canarios en 2016 y 2017. Para elaborarlos se adaptó la herramienta Metodología oficial para medir la transparencia de las administraciones públicas (MESTA).

Las universidades públicas canarias sacan un 5,47 en transparencia

«Las universidades públicas canarias se hayan en el grupo prioritario y han obtenido una nota media de 5,47 sobre 10 muy por debajo de cabildos y los ayuntamientos más grandes del Archipiélago», contó el especialista. A pesar de la baja nota, obtienen una buena puntuación en lo referido a la publicación de sus datos institucionales; aceptable en materia organizativa, baja en datos sobre personal de libre nombramiento, aceptable en información de empleo público; mediocre sobre retribuciones, baja en normativa y muy floja en planificación estratégica.

Seguidamente, Miguel Ángel Acosta Rodríguez puso el énfasis en la necesidad de dar un paso más y mostrar los datos de una manera accesible para llegar a la rendición de cuentas, lo cual supondría poner a disposición de toda la sociedad información sobre cómo se han empleado los recursos recibidos, qué resultados se han obtenido y qué medidas correctoras se van a aplicar.

«La rendición de cuentas está relacionada con sociedades maduras, avanzadas y democráticas y, aunque en España parece una novedad surgida de la crisis, es un concepto extendido en Estados Unidos desde los años 80 y en Europa desde los 90», afirmó el secretario. En este sentido, recordó que en países como Dinamarca o Inglaterra se financia a los centros en función de resultados, por lo que este elemento es imprescindible.

Bravo: «La información debe ser accesible»

Cerró la mesa redonda Crescencio Bravo, quien explicó diversos modelos existentes para evaluar la transparencia institucional, algunos de ellos específicamente diseñados para el ámbito universitario.“Nos obsesionamos por publicar, pero luego la mitad de las cosas no se puede leer desde un teléfono móvil o no son accesibles para determinadas personas con alguna discapacidad: la accesibilidad hay que tenerla en cuenta”, reseñó el especialista.

Sobre los instrumentos generales para la evaluación mencionó el modelo dedicado a los ayuntamientos de la Asociación de Transparencia Internacional o el aplicado a países de la Red Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cuanto a los sistemas específicos para instituciones de educación superior, el más conocido es el de la Fundación Compromiso y Transparencia, que tras cinco años ha logrado que el 55 % sean transparentes. Otros procedimientos que citó fueron el de Dyntra, basado en una plataforma colaborativa, y el Ranking Web de Universidades, del cual criticó su excesiva dependencia del Google Scholar, que provoca inexactitudes.

El gerente de la Universidad Jaume I, Andrés Marzal, impartió una conferencia

El gerente de la Universidad Jaume I, Andrés Marzal, impartió previamente la primera ponencia del evento bajo el nombre La herramienta de gestión de derechos de propiedad intelectual para las aulas virtuales. El conferenciante centró su exposición en el uso de obras con derechos por parte de los centros universitarios españoles.

«Este asunto se ha convertido en capital, ya que muchas universidades han tenido que pagar millonarias cantidades a asociaciones como el Centro Español de Derechos Reprográficos, tras perder algunas sentencias judiciales», advirtió Marzal.

Como solución a esta problemática, el experto desgranó el módulo de gestión de documentos que han desarrollado en la Jaume I. En general, se trata de una herramienta de código abierto, basada en Moodle y pensada en la interoperabilidad, en la que los propios profesores son los que categorizan lo que usan en su aula virtual, incluso, con la posibilidad de hacer consultas a especialistas, en lo que a propiedad intelectual se refiere.

«Espero que en los próximos años más instituciones se suman, ya que es la única manera de llegar a tener licencias cruzadas», argumentó. A pesar de todo, la legislación vigente, aseguró Marzal, no es del todo clara y entidades como CEDRO, VEGAP, SGAE, entre otras, miran por sus propios intereses económicos.

Por su parte, el sistema de intervención surge debido al estrés que genera para los jóvenes afrontar el primer año universitario y una etapa de nuevos desafíos. “Prepararse para poder hacer frente a estos cambios resulta clave para que los estudiantes tengan un buen comienzo (…)”, según precisa Rosa Baños, perteneciente al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UV.

Asimismo, CORE proporciona elementos multimedia (vídeos, audios, viñetas e imágenes) y tiene una duración de seis semanas. En adición, trabaja con distintas dimensiones en el campo del bienestar tales como autoaceptación, relaciones de calidad con los demás, capacidad de gestionar entornos complejos o la búsqueda de objetivos significativos.

Finalmente, la intención de este modelo es servir de utilidad para los profesionales y las personas que sufren problemas en la toma de decisiones. Además, se espera que la idea pueda integrarse en los planes de salud de varios países, afirma la investigadora de la Universidad Jaume I, Cristina Botella.

Sin embargo, la novedad ha sido la modificación de ciertos indicadores de análisis y la inclusión de una lista de 300 instituciones con potencial futuro para entrar en el top 500. La ULL se encuentra entre ellas acompañada de una quincena de centros académicos españoles.

En esta edición, la Universidad de La Laguna se posiciona entre las mejores en Salud Pública, Matemáticas y Física, mientras que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aparece por primera vez en Turismo, Veterinaria, Educación Física, Salud Pública y Ciencias Medioambientales.

Entre las 500 mejores están este año once españolas, y a la cabeza de toda la lista, como es normal desde el año 2002, se encuentra Harvard. Con respecto a las nacionales, después de la Pompeu Fabra, se sitúa la Universidad de Barcelona, en el puesto 261; la de Granada, en el 268; la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 302, y la Autónoma de Madrid, en el 303. En el puesto 313 figura la Universidad Complutense de Madrid, en el 382 la de Santiago de Compostela, en el 448 la Politécnica de Valencia, en el 463 la Jaume I, en el 492 la del País Vasco y en el 495 la de Valencia.

Los cinco primeros lugares lo ocupan las instituciones académicas de Harvard, Standford, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology y California-Berkeley. Por tanto, Estados Unidos vuelve a reinar en este ranking con 48 centros entre los 100 primeros.

Es el caso de La Universidad de Valencia (UV), que permite el cambio de nombre de los alumnos. Sin embargo, este acto supone un problema en cuanto a la tramitación de los títulos, ya que esta modificación no está reconocida legalmente.

Otro ejemplo es la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que se compromete con que el profesorado que imparta clases a estudiantes transexuales se dirija a ellos con la denominación que éstos deseen. De igual modo, la Universidad Politécnica (UPV) asegura que lleva tiempo aplicando esta norma con diversas acciones.

Por su parte, la Universidad Jaume I de Castellón ha puesto en marcha su segundo Plan de Igualdad, mientras que la de Alicante (UA) dispone de un apartado de diversidad afectivo-sexual con el fin de apoyar y satisfacer las necesidades personales de colectivos como el transexual.

A partir del establecimiento de la nueva norma, los organismos académicos se encuentran en la obligación de adaptarse al protocolo establecido por la Conselleria de Educación para la atención del alumnado trans, tal y como recoge la Ley integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género.