Daniel Cerdán, comisionado de Trasparencia de Canarias, participó ayer jueves en una mesa redonda, junto a Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y Crescencio Bravo, secretario general de la Universidad de Castilla–La Mancha, en el marco de la reunión CRUE de Secretarías Generales. En su intervención, destacó que las instituciones universitarias están viviendo en estos momentos “una crisis de credibilidad” originada por ciertos casos de fraudes académicos publicados en la prensa. La solución para el experto pasa por una mayor transparencia.

Durante su ponencia, Cerdán repasó su labor en el Comisionado desde su llegada en 2015, relatando los pormenores de los dos informes realizados hasta la fecha sobre los organismos públicos canarios en 2016 y 2017. Para elaborarlos se adaptó la herramienta Metodología oficial para medir la transparencia de las administraciones públicas (MESTA).

Las universidades públicas canarias sacan un 5,47 en transparencia

«Las universidades públicas canarias se hayan en el grupo prioritario y han obtenido una nota media de 5,47 sobre 10 muy por debajo de cabildos y los ayuntamientos más grandes del Archipiélago», contó el especialista. A pesar de la baja nota, obtienen una buena puntuación en lo referido a la publicación de sus datos institucionales; aceptable en materia organizativa, baja en datos sobre personal de libre nombramiento, aceptable en información de empleo público; mediocre sobre retribuciones, baja en normativa y muy floja en planificación estratégica.

Seguidamente, Miguel Ángel Acosta Rodríguez puso el énfasis en la necesidad de dar un paso más y mostrar los datos de una manera accesible para llegar a la rendición de cuentas, lo cual supondría poner a disposición de toda la sociedad información sobre cómo se han empleado los recursos recibidos, qué resultados se han obtenido y qué medidas correctoras se van a aplicar.

«La rendición de cuentas está relacionada con sociedades maduras, avanzadas y democráticas y, aunque en España parece una novedad surgida de la crisis, es un concepto extendido en Estados Unidos desde los años 80 y en Europa desde los 90», afirmó el secretario. En este sentido, recordó que en países como Dinamarca o Inglaterra se financia a los centros en función de resultados, por lo que este elemento es imprescindible.

Bravo: «La información debe ser accesible»

Cerró la mesa redonda Crescencio Bravo, quien explicó diversos modelos existentes para evaluar la transparencia institucional, algunos de ellos específicamente diseñados para el ámbito universitario.“Nos obsesionamos por publicar, pero luego la mitad de las cosas no se puede leer desde un teléfono móvil o no son accesibles para determinadas personas con alguna discapacidad: la accesibilidad hay que tenerla en cuenta”, reseñó el especialista.

Sobre los instrumentos generales para la evaluación mencionó el modelo dedicado a los ayuntamientos de la Asociación de Transparencia Internacional o el aplicado a países de la Red Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cuanto a los sistemas específicos para instituciones de educación superior, el más conocido es el de la Fundación Compromiso y Transparencia, que tras cinco años ha logrado que el 55 % sean transparentes. Otros procedimientos que citó fueron el de Dyntra, basado en una plataforma colaborativa, y el Ranking Web de Universidades, del cual criticó su excesiva dependencia del Google Scholar, que provoca inexactitudes.

El gerente de la Universidad Jaume I, Andrés Marzal, impartió una conferencia

El gerente de la Universidad Jaume I, Andrés Marzal, impartió previamente la primera ponencia del evento bajo el nombre La herramienta de gestión de derechos de propiedad intelectual para las aulas virtuales. El conferenciante centró su exposición en el uso de obras con derechos por parte de los centros universitarios españoles.

«Este asunto se ha convertido en capital, ya que muchas universidades han tenido que pagar millonarias cantidades a asociaciones como el Centro Español de Derechos Reprográficos, tras perder algunas sentencias judiciales», advirtió Marzal.

Como solución a esta problemática, el experto desgranó el módulo de gestión de documentos que han desarrollado en la Jaume I. En general, se trata de una herramienta de código abierto, basada en Moodle y pensada en la interoperabilidad, en la que los propios profesores son los que categorizan lo que usan en su aula virtual, incluso, con la posibilidad de hacer consultas a especialistas, en lo que a propiedad intelectual se refiere.

«Espero que en los próximos años más instituciones se suman, ya que es la única manera de llegar a tener licencias cruzadas», argumentó. A pesar de todo, la legislación vigente, aseguró Marzal, no es del todo clara y entidades como CEDRO, VEGAP, SGAE, entre otras, miran por sus propios intereses económicos.

La reunión CRUE de Secretarías Generales, que acoge la Universidad de La Laguna esta semana, fue inaugurada hoy jueves en la antigua Aula Magna de Filosofía, un espacio del Edificio Central restaurado y reabierto al público para la ocasión. La primera sesión consistió en una mesa redonda sobre la protección de datos en el ámbito de los centros de educación superior. Previamente, se celebró el acto de apertura, presidido por el rector de la ULL, Antonio Martinón, y con la presencia del viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, David Pérez; el vicepresidente adjunto de CRUE, Salustiano Mato; y el presidente de CRUE Secretarías Generales, José Antonio Mayoral.

Martinón señaló que está poniendo mucho énfasis en la necesidad de un nuevo cambio de ley universitaria, pero él cree que “los universitarios deben decir algo más y detallar qué contenidos se tienen que incluir”. Desde su punto de vista, «es necesario poner más énfasis en crear buenos ciudadanos que no se limiten solo a reaccionar ante un futuro incierto, sino que sean capaces de crear ese futuro».

El rector también mencionó que se habla frecuentemente de la necesidad de lograr una “flexibilidad” de las leyes universitarias, pero matizó que él prefiere hablar de una “simplificación” de las mismas, para evitar duplicidades, y que sean entendidas por todos.

Un nuevo modelo de transferencia de conocimiento universitario

Por su parte, Mayoral explicó que CRUE Universidades Españolas le ha cambiado su esquema de trabajo porque la sociedad y la tecnología han impuesto un ritmo más ágil que obliga no solo a reaccionar, sino a ser proactivos para afrontar los cambios normativos que están por venir, como es el caso del nuevo reglamento de contratos públicos. Asimismo, reforzó el valor imprescindible de las Secretarías Generales.

El viceconsejero del Ejecutivo autonómico, en cambio, habló de la pertinencia de un pacto de estado sobre educación que abarque también a las instituciones universitarias y fomente su modernización y transparencia. Seguidamente, cerró la inaguración Salustiano Mato, nuevo vicepresidente adjunto de la entidad, quien adelantó la próxima implantación de un nuevo modelo de  transferencia de conocimiento universitario que irá más allá de la solicitud de patentes o la creación de empresas spin-off.

Protección de datos

En la primera mesa redonda del programa, titulada Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos por las universidades, participaron José Luis Rodríguez, delegado de Protección de Datos de la Universidad Complutense de Madrid; Gloria Rodríguez Mármol, delegada de Protección de Datos de la Fundación Universitaria CEU San Pablo; y Pedro Colmenares, subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos.

El primero de ellos, quiso contextualizar el reglamento europeo 2016/679, que daba dos años a los estados para adaptarse a él, es decir, hasta mayo de 2018. Es obligatorio para todos los socios de la UE, que no derogó las leyes nacionales pero las desplazó al ser de rango superior. Ello obligó a los estados a reformar sus normas nacionales, lo cual en España se hizo, a su juicio, con bastante retraso, pues se envió en noviembre de 2017 «Tras una “alambicada” tramitación, hubo de ser aprobada en Cortes por decreto ley en mayo y justamente ayer terminó su aprobación en el Senado», explicó el especialistas.

En este sentido, Rodríguez desgranó algunos aspectos de esta legislación referidos al modelo de cumplimiento, la llamada “responsabilidad proactiva”, así como su nueva filosofía relativa a las medidas de seguridad y a su importancia en el inicio de los procesos.

Nuevos artículos adaptados a la comunidad universitaria

Llegó el turno de Gloria Rodríguez Mármol, quien adaptó su exposición al mundo universitario. «El cumplimiento de la protección de datos no es una materia técnica, sino humana, ya porque se ocupa de un derecho que tiene que ver con la dignidad de las personas», reseñó. Con respecto a la comunidad universitaria, relató que se incorporan artículos relativos a una mejor formación en estos aspectos y al uso responsable de las nuevas tecnologías, lo cual podría suponer la creación de materias específicas en los planes de estudio.

«El impacto de esta normativa en las centros públicos es enorme, dada la ingente cantidad de datos que se manejan. Por ello, la figura del delegado, que es ya obligatoria, se vuelve imprescindible», afirmó la experta. En ese sentido, Rodríguez Mármol detalló algunas medidas que ella misma puso en marcha como la creación de guías en la intranet institucional, la publicación de un decálogo e, incluso, la creación de materiales con un resumen de todo lo que hay que tener cuenta.

Finalmente, Pedro Colmenares, subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de datos, repasó el trabajo de adaptación que ha tenido que hacer la AEPD desde 2016 para cumplir los objetivos de implantación y responder a las demandas de información. Como los anteriores ponentes, incidió en la importancia de la figura del delegado y en cómo el nuevo concepto de “responsabilidad proactiva” debe regir su actividad. «No debe analizar cada caso para resolver ese problema específico, sino detectar sus causas y corregirlas», concluyó.