El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) presentó este miercóles, 6 de abril, el Programa Ecocomedores de Canarias para los centros educativos que se encuentran ubicados entre Candelaria y Santiago del Teide. El acto se celebró en el Centro del Profesorado de San Isidro y estuvo organizado por el ICCA en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Ambas administraciones trabajan de manera conjunta para mejorar la calidad de los alimentos que se consumen en los centros escolares de Canarias.

Esta actividad busca incorporar el mayor número de centros educativos interesados en formar parte del Programa de Ecocomedores. El eje articulador del programa es la incorporación de alimentos ecológicos, locales y de temporada en los menús de los centros escolares. Con ello la comunidad educativa adquiere un compromiso de responsabilidad social y ambiental vinculado al proceso educativo.

El proyecto comenzó en el año 2013 con siete centros, uno en cada isla. En la actualidad, ya son un total de sesenta centros adscritos, 107 profesionales de la producción ecológica y más de once mil comensales. Según el ICCA, esta iniciativa necesita no solo de la implicación de la comunidad educativa, sino también de la comunidad de operadores ecológicos, personal encargado de la producción y distribución de estos alimentos.

Objetivos

Los Ecocomedores de Canarias pretenden optimizar el equilibrio nutricional de las comidas, adaptándolas a la disponibilidad estacional de productos ecológicos y locales. Este proyecto destaca por su metodología integradora y transversal. Además, ofrece un servicio integral de asesoramiento y de formación a los equipos de cocina, familias y docentes.

El objetivo final es el de proyectar valores educativos y de salud alimentaria en la etapa escolar a través del desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias. El programa es un referente, no solo en la mejora de la calidad de la alimentación del alumnado, sino porque se trata de una apuesta necesaria para lograr una ciudadanía sana y comprometida con el medioambiente.

La reunión CRUE de Secretarías Generales, que acoge la Universidad de La Laguna esta semana, fue inaugurada hoy jueves en la antigua Aula Magna de Filosofía, un espacio del Edificio Central restaurado y reabierto al público para la ocasión. La primera sesión consistió en una mesa redonda sobre la protección de datos en el ámbito de los centros de educación superior. Previamente, se celebró el acto de apertura, presidido por el rector de la ULL, Antonio Martinón, y con la presencia del viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, David Pérez; el vicepresidente adjunto de CRUE, Salustiano Mato; y el presidente de CRUE Secretarías Generales, José Antonio Mayoral.

Martinón señaló que está poniendo mucho énfasis en la necesidad de un nuevo cambio de ley universitaria, pero él cree que “los universitarios deben decir algo más y detallar qué contenidos se tienen que incluir”. Desde su punto de vista, «es necesario poner más énfasis en crear buenos ciudadanos que no se limiten solo a reaccionar ante un futuro incierto, sino que sean capaces de crear ese futuro».

El rector también mencionó que se habla frecuentemente de la necesidad de lograr una “flexibilidad” de las leyes universitarias, pero matizó que él prefiere hablar de una “simplificación” de las mismas, para evitar duplicidades, y que sean entendidas por todos.

Un nuevo modelo de transferencia de conocimiento universitario

Por su parte, Mayoral explicó que CRUE Universidades Españolas le ha cambiado su esquema de trabajo porque la sociedad y la tecnología han impuesto un ritmo más ágil que obliga no solo a reaccionar, sino a ser proactivos para afrontar los cambios normativos que están por venir, como es el caso del nuevo reglamento de contratos públicos. Asimismo, reforzó el valor imprescindible de las Secretarías Generales.

El viceconsejero del Ejecutivo autonómico, en cambio, habló de la pertinencia de un pacto de estado sobre educación que abarque también a las instituciones universitarias y fomente su modernización y transparencia. Seguidamente, cerró la inaguración Salustiano Mato, nuevo vicepresidente adjunto de la entidad, quien adelantó la próxima implantación de un nuevo modelo de  transferencia de conocimiento universitario que irá más allá de la solicitud de patentes o la creación de empresas spin-off.

Protección de datos

En la primera mesa redonda del programa, titulada Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos por las universidades, participaron José Luis Rodríguez, delegado de Protección de Datos de la Universidad Complutense de Madrid; Gloria Rodríguez Mármol, delegada de Protección de Datos de la Fundación Universitaria CEU San Pablo; y Pedro Colmenares, subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos.

El primero de ellos, quiso contextualizar el reglamento europeo 2016/679, que daba dos años a los estados para adaptarse a él, es decir, hasta mayo de 2018. Es obligatorio para todos los socios de la UE, que no derogó las leyes nacionales pero las desplazó al ser de rango superior. Ello obligó a los estados a reformar sus normas nacionales, lo cual en España se hizo, a su juicio, con bastante retraso, pues se envió en noviembre de 2017 «Tras una “alambicada” tramitación, hubo de ser aprobada en Cortes por decreto ley en mayo y justamente ayer terminó su aprobación en el Senado», explicó el especialistas.

En este sentido, Rodríguez desgranó algunos aspectos de esta legislación referidos al modelo de cumplimiento, la llamada “responsabilidad proactiva”, así como su nueva filosofía relativa a las medidas de seguridad y a su importancia en el inicio de los procesos.

Nuevos artículos adaptados a la comunidad universitaria

Llegó el turno de Gloria Rodríguez Mármol, quien adaptó su exposición al mundo universitario. «El cumplimiento de la protección de datos no es una materia técnica, sino humana, ya porque se ocupa de un derecho que tiene que ver con la dignidad de las personas», reseñó. Con respecto a la comunidad universitaria, relató que se incorporan artículos relativos a una mejor formación en estos aspectos y al uso responsable de las nuevas tecnologías, lo cual podría suponer la creación de materias específicas en los planes de estudio.

«El impacto de esta normativa en las centros públicos es enorme, dada la ingente cantidad de datos que se manejan. Por ello, la figura del delegado, que es ya obligatoria, se vuelve imprescindible», afirmó la experta. En ese sentido, Rodríguez Mármol detalló algunas medidas que ella misma puso en marcha como la creación de guías en la intranet institucional, la publicación de un decálogo e, incluso, la creación de materiales con un resumen de todo lo que hay que tener cuenta.

Finalmente, Pedro Colmenares, subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de datos, repasó el trabajo de adaptación que ha tenido que hacer la AEPD desde 2016 para cumplir los objetivos de implantación y responder a las demandas de información. Como los anteriores ponentes, incidió en la importancia de la figura del delegado y en cómo el nuevo concepto de “responsabilidad proactiva” debe regir su actividad. «No debe analizar cada caso para resolver ese problema específico, sino detectar sus causas y corregirlas», concluyó.