La reestructuración de la Ley se realizó a través del Real Decreto Ley 32/2021 con el objetivo de reducir la temporalidad en la contratación y la precariedad en el sector laboral español. Además, «busca lograr la igualdad de salarios y de tratos en condiciones laborales entre la principal y la contratista, evitando las empresas multiservicios y la competencia desleal sustentada en las peores condiciones del trabajo», explicó Dulce Cairós Barreto, profesional del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social y profesora en la Universidad de La Laguna (ULL). Por tanto, se busca un aumento salarial y un mercado con relaciones más homogéneas y menos desiguales.

Así, Eduardo Ramos Real, profesor en la ULL y también experto en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, afirmó que «la reforma establece una preferencia clave por el contrato indefinido». Por ello, se prevé la posibilidad de que los convenios sectoriales fijos puedan ser a tiempo parcial, mejorando de esta forma la empleabilidad. De igual manera, decreta una mejora de la protección por desempleo.  

Ahora bien, esta nueva configuración del ordenamiento jurídico laboral supone una total derogación de la Reforma laboral del año 2012. Crea un nuevo modelo en el que es posible la compatibilidad entre la formación teórica y la formación práctica. Sarai Rodríguez, que además de ser experta en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pertenece al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, aseguró que «los contratos para la formación en alternancia favorecen la inserción laboral de la población y reducen la tasa de desempleo juvenil». En consecuencia, aspira a que la dificultad de las personas jóvenes para integrarse en el mercado laboral disminuya.