Usted es autor de una veintena de títulos y capítulos, y una monografía publicada por el CEPC. ¿Cuál ha sido el título que más le ha costado publicar? «Hace unos meses publiqué la segunda monografía, en la que trato el régimen jurídico de la televisión en periodo electoral. La primera fue el resultado de la tesis doctoral, dedicada a la posibilidad de tomar imágenes de televisión en los juicios penales. Cada una equivale a un mínimo de dos a tres años de trabajo intenso, dedicando, puedo asegurarlo, muchas más horas de la jornada máxima prevista en nuestro contrato».

«Las investigaciones que se realizan con encuestas revelan que la campañas electorales no suelen hacer variar la opción de voto»

En relación a su segunda monografía acerca del régimen jurídico de la televisión en periodo electoral, ¿es realmente importante el papel que desempeñan los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública? «Son los medios de comunicación los que transmiten lo que irá conformando la opinión de la ciudadanía sobre los temas de la cosa pública, es decir, el espacio de participación ciudadana. Será ese conocimiento el que permita a las personas ir determinando su voto, que en conjunto conforma la soberanía popular».

¿Es tan sensible como parece todo lo que se difunde acerca de los asuntos de la red pública durante los periodos electorales? «La ciudadanía va construyendo su voluntad política a lo largo de los meses, atendiendo a las acciones del Gobierno y de la oposición, y se va decantando por un partido u otro. Las investigaciones que se realizan con encuestas revelan que la campañas electorales no suelen hacer variar la opción de voto mas allá de un porcentaje de entre el 1 % y el 6 %. Dependiendo de diversas variables, estas cifras pueden ser lo suficientemente determinantes para inclinar la victoria electoral en un sentido u otro».

«Se debería dejar a criterio de las formaciones cómo gastar su presupuesto»

¿Hasta qué punto es correcto que se prohíba en los medios de comunicación la contratación de publicidad pagada? «Solo se prohíbe en los medios públicos, aunque la estatal RTVE tampoco admite publicidad comercial, y en las televisiones privadas. La intención es tratar de conseguir una cierta igualdad de oportunidades, impidiendo que las agrupaciones políticas con más capacidad económica puedan abusar de tal fortaleza contratando numerosos espacios en el medio con más impacto. Dado que los partidos políticos tienen, por ley, tasado su presupuesto para gastos de propaganda electoral, se debería dejar a su criterio cómo asumir el gasto de la limitada partida presupuestaria».

¿Qué se siente al recibir la beca José de Castillejo para realizar una estancia postdoctoral de investigación y docencia en la Universidad de Pisa? «Mi caso es un claro ejemplo de la importancia que tiene la política educativa pública que proporciona enseñanza universal y que permite la formación especializada con becas. Es la educación pública la que accede a una igualdad de oportunidades de la ciudadanía para mejorar su proyecto de vida».

Para apoyar estas afirmaciones, el grupo aporta datos tras un análisis centrado en la transferencia del conocimiento, experiencia laboral etc. «Todos ellos han pasado por una media de 3,5 concursos públicos para optar a esta tipología de plaza, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

También, este colectivo ha pasado por distintas evaluaciones externas a nivel nacional o autonómico, lo que es garantía suficiente para fomentar su promoción a la figura de contratados doctores en condiciones de estabilización y sin más dilación, tal y como se establece en la legislación vigente, el Convenio Colectivo y el Documento de Ocho puntos de 2015 firmado entre la ULL y los sindicatos. La figura de profesor Contratado Doctor Interino surgió en 2012 tras la imposibilidad de promoción a contratado doctor, de carácter indefinido, debido a la tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica, frenando las carreras académicas de los docentes universitarios y precarizando su situación laboral durante años. Tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la figura de Profesor Contratado Doctor.

«Sometimiento a múltiples y reiterados concursos públicos»

Este colectivo se queja del sometimiento a múltiples y reiterados concursos públicos de plazas, que no son de nueva creación tal y como establece la LOU, sino que constituyen una trayectoria pautada y sometida a acreditaciones, no sólo pone en peligro los puestos de trabajo de docentes que han dedicado años a la ULL en etapas duras de recortes y crisis, sino que viola sus derechos laborales de promoción establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. En ocasiones, esto genera un nocivo clima laboral, cierto feudalismo y una competitividad mal entendida, que afecta a la productividad académica, la salud y a las relaciones personales.

El colectivo recuerda, que antes de la nueva ley universitaria, bastaba con ser doctor y pasar una oposición para ser profesor titular o catedrático. Ahora, para ser un profesor con un contrato laboral indefinido (que no funcionario) lo normal, si se sigue una carrera académica, es pasar por tres concursos públicos y dos acreditaciones a nivel nacional o autonómico, una carrera que lleva desde aproximadamente los 24 años hasta los 50, media de edad a la cual se suele acceder a una plaza de funcionario (profesor titular) en un gran porcentaje de casos.

Las cifras de este colectivo con contratos temporales  son contundentes: el 60 % supera los 40 años, con una media de vida laboral de más de 18 años y el 84 % están acreditados por una agencia externa evaluadora, que no depende de la universidad, a la figura de Contratado Doctor lo que avala su calidad docente e investigadora.

Diálogo con el actual Equipo de Gobierno

Este fue el hilo conductor de la segunda asamblea del colectivo, celebrada este pasado lunes 21 de mayo ante una sala llena de docentes con contratos temporales de diferentes áreas de conocimiento. En esa asamblea, se expusieron las actividades llevadas a cabo durante estos meses y se planteó la hoja de ruta para el futuro, que pasan por el diálogo y el consenso con el actual Equipo de Gobierno de la Universidad. En la asamblea se matizó que no se trata de crear plazas de funcionarios para todos, si no de estabilizar al profesorado, que cumpla una serie de condiciones de excelencia, al igual que se ha hecho, en años pasados, con otras categorías docentes como las plazas de profesores colaboradores o las de profesores asociados a tiempo completo.

Aseguran, que esto mejorará la docencia y la investigación en la institución académica como está ocurriendo en otras universidades públicas españolas de gran prestigio. Recalcan, que un sistema tan precario no puede garantizar la calidad docente que es exigible a la universidad pública y acaba beneficiando a las universidades privadas, que no tienen problemas a la hora de contratar y disponer de personal indefinido en sus plantillas. De hecho, muchas de esas universidades se nutren del personal investigador y docente de excelencia formado en las universidades y centros de investigación públicos que no han podido estabilizarse y seguir con sus carreras académicas.

Existen ejemplos en otras universidades españolas donde se está llevando a cabo esta promoción del  profesorado que ya ha superado concursos públicos, vía acreditación, a figuras laborables estables, que no funcionarias, como por ejemplo la Universidad de Extremadura, la cual  consiguió subir 21 puestos en el ranking de las mejores universidades del mundo durante 2016. Actualmente en las universidades andaluzas y otras a nivel nacional se está trabajando en este sentido.

Modificar el procedimiento de promoción interna para acceder a contratado doctor

El colectivo reclama que se modifique el procedimiento de promoción interna para acceder a la figura de profesor Contratado Doctor una vez se supere una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o su equivalente autonómico, que en Canarias sería la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) para acceder a dicha figura docente.

Esta reivindicación, afirma la plataforma, «no pretende alterar el procedimiento de acceso a la función pública, que seguiría requiriendo un concurso público de oposición por parte de los candidatos”.