Primero que nada, hay que contextualizar, y diferenciar entre los dos tipos de delito que se relacionan con esta problemática. Empecemos con el allanamiento. Este es un delito grave penado con hasta dos años de cárcel. Por tanto, nos referimos a aquellas situaciones en las que una persona entra a una primera o segunda residencia sin permiso. Por otra parte, está el delito de usurpación, el cual es uno menor que se pena con una multa. Este delito se da cuando alguien ocupa una vivienda deshabitada, las cuales pueden ser propiedad de bancos o terceras (incluso séptimas) residencias. Así, gran parte de los medios de comunicación meten en el mismo saco ambas infracciones, algo que delata una falta de rigor en el tratamiento del asunto.

El fenómeno ha crecido en los últimos años. Es algo innegable. De casi dos mil condenas en 2013 a 6300 en 2019.  Además, es cierto que hay casos de okupaciones en las que pueden estar detrás ciertas organizaciones y mafias que solo buscan aprovecharse de la desgracia de muchos ciudadanos, o personas conflictivas que montan su red de narcotráfico en estas viviendas, entre otras muchas cosas. Pero parece que todos los casos son así, cuando realmente conforman el 13 % de su totalidad. ¿En cuantos casos los medios dicen que esa vivienda okupada es propiedad de alguien? ¿En uno, dos, ninguno? ¿Hay datos que realmente demuestran un incremento de estas okupaciones más graves?

«España, con un 2 %, es el país de Europa que tiene la menor tasa de alquiler social»

La gran culpa de la criminalización exacerbada que se está haciendo la tienen algunos medios. Muchos de esos casos esconden un populismo exagerado, a veces irritante, que no hace otra cosa que empeorar y crear miedo a la sociedad española. Además, los principales partidos políticos que conforman la derecha y la ultraderecha de nuestro país no han hecho otra cosa que avivar el debate y crear aún más caos. Y todos, una vez tras otra, no recaen en el verdadero problema de fondo que hay: la dificultad para el acceso a la vivienda.

Este es el gravísimo pecado que los medios están cometiendo, dejando de lado la grave situación que muchas personas viven a diario, y centrándose en únicamente criminalizar y mostrar casos (que son un ínfimo porcentaje) que solo crean más y más revuelo. ¿Se ha informado de que España es el país que tiene la menor tasa de alquiler social de Europa con un 2 %? Hay que cambiar el discurso por completo. Y plantearse muchas cosas, como ampliar esa tasa. Países como Austria, con un 24 %, y Francia, con un 17 %, destinan sus viviendas disponibles al alquiler social.

Por último, es más que probable que todas estas informaciones y comentarios que han inundado las redes estos últimos días sobre la inversión de Idealista en la empresa de alarmas Securitas tengan algo que ver con el aumento mediático del tema. Pinta todo muy mal. Y más con el posible incremento de los desahucios tras la tregua con respecto al pago de hipotecas que el Gobierno implantó con la banca. En definitiva, centrémonos en el verdadero problema, que es la pobreza. Y dejemos de generalizar y criminalizar toda esta situación, y ayudemos a revertirla y garantizar el derecho fundamental a la vivienda.

La Constitución española recoge en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada, pero el estado podrá privar de ésta si considera que se puede atribuir a esa propiedad un interés social y procederán a la expropiación. Las consecuencias que sufren los propietarios viene dada por el Código Penal de 1995, donde se incluía el delito de usurpación de bienes inmuebles, con penas de entre tres y seis meses de cárcel. El problema viene cuando se intenta denunciar la ocupación, ya que la usurpación debe ser en un inmueble que no sea morada y un juez tiene que ver indicios de delito… Problemas de interpretación y vacíos legales.

«En España no se contempla ningún tipo de proceso que ayude a un propietario a que desalojen su casa»

Desde el punto de vista civil, en España no se contempla ningún tipo de proceso que ayude a un propietario a que desalojen su casa, repito, su casa. En el mejor de los casos vas a necesitar un abogado y mas de un año para intentar solucionarlo, ya que no se garantiza una tutela jurídica rápida y segura.

Si llevamos esta misma situación a otros países europeos vemos lo siguiente. En Inglaterra, ocupar una vivienda ilegalmente es delito penal, y la condena es de hasta seis meses de cárcel. En Italia, un propietario puede denunciar ante las autoridades la usurpación, y tras un juicio rápido el juzgado dará la orden para proceder al desalojo de los okupas, que además deberán pagar por los daños producidos. En Holanda, simplemente, se denuncia a la Policía la ocupación y esta los desalojará con una autorización judicial. En Alemania, en la ciudad de Berlín, las casas ocupadas deben ser desalojadas en un plazo de 24 horas después de conocerse la ilegalidad si el propietario presenta una denuncia.

La situación española frente al resto de Europa es muy grave. La única forma de abordar el derecho fundamental a la propiedad privada y la vivienda es modificar la actual legislación.