El rector quiso dar las gracias al Ejecutivo regional por esta aportación a la universidad pública. «Con este tipo de recursos la formación que se ofrece a nuestro alumnado están en contacto con la realidad», destacó. Por su parte, la consejera resaltó que es muy relevante la colaboración con la Universidad. «Cuando yo estudié en esta Facultad, no se realizaban estudios tan prácticos como ahora. Las posibilidades y las oportunidades que se brindan desde la Universidad hay que saber aprovecharlas. Además, es necesario ser exigente tanto en lo público como en lo privado», señaló Barreto. 

La iniciativa de implementar una sala de vistas en la Facultad de Derecho surgió de dos vicedecanos, Daniel López y Luis Fajardo. Cuando se lo propusieron a la decana, Dulce Cairós no dudó en ponerse en contacto con la Viceconsejería de Justicia y con una llamada se puso todo en marcha. El mobiliario ha sido cedido y se está ultimando el montaje del sistema de grabación, igual que en los juicios reales. 

Además, el Colegio de Procuradores ayudará en la instalación de un servidor que tendrá acceso a las plataformas informáticas del sistema judicial español. Así, el estudiantado podrá consultar Lexnet, una plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos, además de Webex, un sistema de vistas online y Atlante, dedicado a la tramitación judicial en Canarias. 

En la rúbrica estuvieron presentes el rector de la ULL, Antonio Martinón, y el vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García. Por parte de la institución del Gobierno de Canarias asistieron Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad; y Ana Batista García directora de APMUN.

El rector destacó las posibilidades de este convenio de colaboración y lo ha señalado como una oportunidad para participar en la formación y en el conocimiento. La consejera, por su parte, mostró su satisfacción y agradecimiento a la institución académica por participar de dicho convenio pues supone establecer una colaboración en formación de la que no solo se beneficiarán los técnicos de la Agencia.

El convenio tiene una duración inicial de cuatro años y establece diversas modalidades de colaboración como la ejecución de programas de investigación, acciones de formación continua y la cooperación en programas de formación de universitarios como programas de prácticas. Las colaboraciones se formalizarán mediante convenios específicos o contratos.

Asimismo, pretenden colaborar en el fomento de la edición de libros u otras publicaciones; en la celebración de encuentros destinados al intercambio de información y experiencia entre los especialistas, así como en cualquier acción que sea considerada de interés mutuo.