Canarias es la primera Comunidad Autónoma donde más ha aumentado el personal médico colegiado en toda España. Según un informe elaborado por el Sindicato Médico de Granada, en los últimos quince años el total de profesionales de la medicina creció un 27,7 % en las Islas. Una de las principales razones es la llegada de migrantes, en su mayoría provenientes de países suramericanos, quienes llegan al Archipiélago con la esperanza de continuar ejerciendo su vocación médica.

La carrera de Medicina se caracteriza por ser demandante y exigir años de formación por parte de quienes desean dedicar sus vidas a ejercerla. No obstante, el camino puede ser incluso más complicado si luego de titularse deciden emigrar y empezar desde cero en otro país. Esta es la historia de miles de profesionales de la salud que se someten al proceso de homologación en España. El procedimiento para la homologación del título de Medicina General se tramita a través del Ministerio de Universidades.

Ángel Heredia, vicepresidente y fundador de la Asociación de Médicos Venezolanos en España (Amevesp), explica que «el proceso es telemático y la espera suele ser de uno o dos años para obtener la homologación». Además, afirma que el trámite es igual para todos los países fuera de la Unión Europea. La similitud en la gestión de la homologación entre todos los países extracomunitarios ayudó a la creación de la Federación Española de Asociaciones de Médicos Iberoamericanos (Feamib).

Se trata de una unión de profesionales de la medicina de distintos países de Latinoamérica con la finalidad de brindar apoyo al personal médico que emigra a España. La Federación, creada sin ánimo de lucro, asesora en las homologaciones y promueve propuestas que benefician al gremio médico Iberoamericano. Asimismo, se presenta como un frente unido por parte de las asociaciones venezolana, colombiana, argentina, cubana y ecuatoriana para denunciar las trabas del proceso de inserción laboral.

El proceso para homologar el título de Medicina General es tan solo el primer paso en este camino. El personal médico que desea dedicarse a una especialidad puede optar por dos opciones: homologar el título de especialista emitido por su universidad de origen; o en el caso de no tenerlo, presentarse al examen para Médico Interno Residente (MIR). «El proceso de reconocimiento de la especialidad es un tema muy complejo», expresa Heredia. Los requisitos necesarios para este procedimiento conforman una larga lista. Sin embargo, el trámite inicia solicitando el reconocimiento ante el Ministerio de Sanidad, quien es el encargado de verificar que se cumpla todo lo necesario.

Reconocimiento de las especialidades médicas

En la valoración se estudia la experiencia profesional, registros quirúrgicos y actividades médicas. Asimismo, en la primera fase se evalúa que los años de experiencia en la residencia sean los mismo que pide el Boletín Oficial del Estado (BOE) en España. En este punto es donde se presentan la mayoría de problemas para especialistas migrantes. En muchos casos, el personal médico extracomunitario excede los requisitos, pero los años difieren.

En muchas universidades latinoamericanas las especialidades médicas se dividen en troncales; con una residencia asistencial de dos años, y luego tres años de especialidad. Por ejemplo, en Venezuela la Traumatología exige una residencia de tres años, mientras que en España se solicitan cinco.

El vicepresidente de Amevesp asevera que a pesar de la diferencia de años la calidad de las residencias latinas y españolas es equiparable. «Los pensum no son diferentes. Incluso en algunos países son mejores», ratifica Heredia. Además, dice que «el reconocimiento es un proceso burocrático que toma muchos años». El fundador de la asociación critica que existan especialistas con más de treinta años de experiencia sin ejercer su profesión, cuando tienen un currículum «envidiable». Heredia advierte: «Hay un error programático de los requisitos que se solicitan».

Las diferencias de duración en las residencias provoca que solo se cumpla con la equivalencia del 46 % de las solicitudes. Manuel Navarro, médico venezolano especialista en Cirugía es uno de los afectados por este procedimiento. Con más de veinticinco años de experiencia en Venezuela, su solicitud de reconocimiento fue denegada en 2022 por no cumplir con los años de residencia necesarios. «Mi posgrado duró 9600 horas y aquí dura cinco mil, pero igual tuve una negativa porque no coinciden los años», comenta Navarro. No obstante, apeló la decisión y en la actualidad se encuentra ejerciendo como Médico General en el Centro de Salud La Laguna-Universidad.

La opción del examen MIR

Debido a las dificultades para obtener el reconocimiento de especialista hay quienes optan por presentar el examen MIR. En la convocatoria MIR de 2022-2023 el 16,4 % de las adjudicaciones estuvo destinada a profesionales migrantes, en su mayoría provenientes de Latinoamérica. Según el Informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) de 2024, la migración de personal médico a España es uno de los mecanismos de equilibrio del mercado MIR.

Alejandra Marcal es una joven médica latinoamericana que tras cinco años de papeleo para conseguir su homologación presentó el examen MIR en 2024. «Por el tiempo que estuve esperando mi homologación pasé años sin saber nada de medicina antes de presentar el examen, lo cual dificultó todo», subraya. Sin embargo, consiguió una plaza de residencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife.

A pesar del crecimiento de personal médico en Canarias en los últimos años, el Informe Sespas confirma que para el año 2027 habrá un déficit de hasta nueve mil especialistas en todo el país. Una de las propuestas de la Sociedad es «comprar» profesionales de la salud, es decir, facilitar la llegada de especialistas extracomunitarios o personal médico dispuesto a realizar el MIR. En especial provenientes de países de Latinoamérica. Sin embargo, el proceso de reconocimiento actual dificulta que esta opción sea viable. La realidad es que el 44 % de los especialistas no inician el proceso porque saben que la respuesta será negativa.

Según el Ministerio de Sanidad, España tiene déficit en las especialidades de Anestesiología, Psiquiatría, Cirugía General, entre otras. Para Ángel Heredia el proceso de reconocimiento tan cerrado es la causa del desaprovechamiento de miles de profesionales que están capacitados para cubrir las necesidades. «Mejorando tanto la homologación como el reconocimiento de las especialidades se puede dar cobertura a todas estas áreas», indica. El fundador de Amevesp concluye: «Lo que se pide es celeridad porque eso les permitirá tener recursos humanos muy calificados para la sociedad española».

Con el objetivo de despertar vocaciones científicas, se propondrán tres retos diferentes a lo largo del concurso. En primer lugar, la exploración del entorno para identificar interrogantes que requieran de investigación. Después, la documentación sobre el tema en cuestión y, finalmente, la búsqueda de la solución para el problema. Desde la organización aseguran que el certamen «contribuye al fomento de valores tales como la ciudadanía activa, la educación inclusiva, la innovación, la creatividad y la igualdad».

Los trabajos presentados tendrán que pasar por dos fases para ser premiados. En la primera fase, se seleccionarán un máximo de cuarenta proyectos, a los que sumará tres de reserva. Por último, la segunda fase se desarrollará mediante la realización de un congreso en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj), ubicado en Málaga.

Dentro de los objetivos de esta Ley de Convivencia Universitaria se encuentra la reformulación del marco de armonía entre el estudiantado que garanticen las libertades y derechos fundamentales, así como convivir de forma activa y responsable con las personas que conforman la comunidad estudiantil.

De acuerdo con la nueva ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia cuyo objetivo sería promover iniciativa para la armonía de la vida en la universidad. Esta delegación contará con la representación paritaria de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.

Según la establece la norma, la mediación es uno de los elementos «clave» de la resolución de conflictos, pero es imposible cuando se abren documentos sobre violencia de género, daños a los activos universitarios y fraude académico.

En definitiva, esta nueva la ley establecerá un nuevo marco para la convivencia universitaria acorde a los principios democráticos para promover valores como la tolerancia, la diversidad, el respeto a la diversidad y la corresponsabilidad.

El borrador emitido por el Ministerio de Universidades exige unas condiciones mínimas  respecto a la oferta docente, la actividad investigadora y en la plantilla de personal docente e investigador (PDI) y su cualificación. También, planea dedicar al menos un 5 % del presupuesto a programas propios de I+D+i. Las instituciones académicas tendrán que garantizar diez títulos oficiales de grado,  seis titulaciones de máster universitario y tres programas oficiales de doctorado.

Además, el conjunto de la oferta oficial debe cubrir, como mínimo, tres de las cinco ramas de conocimiento, donde el estudiantado de grado y doble grado deben constituir, como mínimo, el 50 % del total que cursa estudios oficiales. Asimismo, el alumnado de formación permanente (no oficial) no puede superar el doble del que cursa estudios oficiales. La mayoría de universidades públicas cumplen con este requisito.

En Canarias solo la Universidad de La Laguna cumple los requisitos. Los centros privados y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) quedan fuera de los parámetros debido al aumento en las exigencias. La ULL ha llevado a cabo 169 proyectos en el plazo de cinco años. El profesorado funcionario de carrera con algún sexenio reconocido se sitúa en un porcentaje del 73,3 % frente los 94 proyectos, cinco publicaciones y 59,7 % de PDI de la ULPGC. Por tanto, tal y como aparece en el documento, la ULL es la única universidad en Canarias que cumple las exigencias en actividad investigadora, superando tres de los cinco requisitos necesarios, y las condiciones mínimas sobre la plantilla del personal docente e investigador.

Si finalmente el borrador es aprobado, las instituciones tendrán cinco años para adaptarse a la nueva norma que sustituirá al Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, actualmente en vigor y aprobado por el exministro José Ignacio Wert.

El Gobierno incrementará en 386 millones de euros, de los que 207 millones se dirigirán a las enseñanzas no universitarias y 179 millones, a la universitaria. Esto supone uno de los aumentos más importantes en los últimos diez años. De los 600 000 beneficiarios, casi el 60 % estudian niveles postobligatorios no universitarios y, aproximadamente, el 40 %, grado y máster.

Según las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, llevan a cabo la reforma para asegurar que el estudiantado tenga las mismas oportunidades, independientemente de sus circustancias económicas y sociales. Esta se basa en cuatro puntos principales: la modificación de los requisitos académicos, la elevación del umbral 1 hasta equipararlo al umbral de la pobreza, el incremento de las cuantías fijas en 100 euros y las mejoras en ayudas a personas con discapacidad, especialmente dirigido al alumnado con Trastorno del Espectro Autista.

En la reforma de los requisitos académicos se rebajan las exigencias. La nota de acceso a becas no universitarias se reduce del 5,5 al 5 y se accederá a becas de Grado con el aprobado de un porcentaje de créditos, eliminando la nota media exigida. En el segundo curso de carrera y posteriores se deberá superar el 65 % de los créditos ECTS en las enseñanzas técnicas y en Ciencias, un 80 % en Ciencias de la Salud y 90 % en Ciencias Sociales, Jurídicas y Artes y Humanidades.

El número de estudiantes de Grado y Máster que recibirán beca completa será de 176 mil, mientras que, actualmente, la obtienen 89 mil. También, tendrán acceso a esta ayuda cien mil estudiantes más en la enseñanza no universitaria con respecto al curso anterior.

En el pasado participaron por parte de la ULL varios claustrales elegidos previamente, debido a la falta de un consejo en la Universidad. Este año, Moisés Rodríguez de Armas representará a la ULL. El portavoz del nuevo Consejo de Estudiantes afirma que «es la primera vez que participamos de la forma más correcta, como un órgano formal».

En la reunión se van a discutir cuestiones como la aprobación del acta de la sesión anterior y de los informes del Ministerio acerca de las nuevas actualizaciones que se llevarán a cabo. Se hablará también de las situaciones importantes que han ocurrido o que van a ocurrir, y la actuación de la Comisión Permanente del CEUNE. Otro punto será la política de precios públicos y de becas, una de las preocupaciones que más afecta a la población canaria por las desventajas que poseen por su situación geográfica. Finalizará con la oportunidad de presentar mociones, un debate y el planteamiento de preguntas.

Se realizarán una serie de procesos electorales como la elección de la vicepresidencia segunda del CEUNE, las elecciones de cinco vocales y de la Vicesecretaría para su Comisión Permanente, así como la renovación de vacantes de los representantes en el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio.