La estudiante comenzó a tener servicio de ILSE a finales del primer cuatrimestre, ya que tras ponerse en contacto con el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara a principio de curso, le comunicaron que «al ser una alumna de nuevo ingreso la gestión iba a tardar un tiempo y luego todo iría a mejor». Estefanía Pérez asegura que «esta situación no puede ser justificable y tomada como excusa para no facilitar los recursos necesarios a los alumnos con discapacidad». En cuanto a esto, defiende que «una institución de la altura de la ULL, debería prestar un mayor apoyo al alumnado de nueva incorporación, quién, con mayor probabilidad, necesite de su acompañamiento».

En el documento que enviará hoy, explica que la Universidad tiene dos formas de contratar a los ILSE: mediante una gestión directa por parte de la ULL y, como es su caso, a través de un convenio con una entidad externa. En el primer caso, los intérpretes acompañan a los alumnos tanto a las clases, como a las tutorías; en cambio, de la otra forma se acogen a las condiciones laborales de la empresa. «Esta situación ocasiona no solo una desigualdad respecto al resto del alumnado en general, sino que incluso genera desigualdad entre el alumnado sordo», afirma.

«A día de hoy sigo sin recibir apoyo con los apuntes, con la excepción de un profesor»

Una vez se solucionó su problema, solo pudo contar con intérpretes en el horario de clases. En caso de necesitar ese servicio para tutorías, estas no podían excederse más de una hora. De lo contrario, debía ponerse en contacto con la ULL. Estefanía Pérez dice que vivió en un estado de incertidumbre al no saber si se le brindaría ese servicio cada vez que requería de él. «Las tutorías son un elemento clave para el aprovechamiento de mis estudios y no deberían tener más limitaciones respecto a su duración que las impuestas por el propio docente como ocurre con el resto del alumnado», asevera.

Un inconveniente con el que también se llegó a encontrar es que los profesionales de la entidad con convenio en la universidad lagunera iban rotando. Esto dificulta su aprendizaje, ya que no existe un acuerdo entre alumna e intérprete sobre los signos empleados para los distintos conceptos explicados en clase. De la misma manera, recalca, «a día de hoy sigo sin recibir apoyo con los apuntes, con la excepción de un profesor».

El director del Secretariado de Responsabilidad Social Universitaria, Francisco Amador, y el vicedecano de la Sección de Psicología, Bernardo Hernández, han entregado, por tercer año consecutivo, un diploma de agradecimiento al grupo de profesionales que colaboran en la docencia de la asignatura de Psicología Jurídica en la ULL. Amador resaltó que al aportar su experiencia contribuyen a mejorar la calidad de la formación de los estudiantes y a promover la responsabilidad social del centro académico.

Todos ellos, desempeñan su labor auxiliando a la Justicia tanto en el ámbito civil y penal como en los juzgados de menores. También, se cuenta con personal encargado de la ejecución de medidas judiciales de menores, de penas de prisión o de medio abierto de adultos, así como de equipos psicosociales que intervienen en el sistema de protección de los más pequeños. Las prácticas en las que participaron incluyen, además de la asignatura de Psicología Jurídica del Grado, varias materias de Derecho y la de Intervención con adolescentes en riesgo, enmarcada en el Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria.

El proyecto se ha llevado a cabo en el marco de sucesivas iniciativas de innovación educativa del Grupo Consolidado Psicología y Derecho (PSICDER), subvencionados por el Vicerrectorado de Docencia. Este grupo está constituido por Ana Martín y Cristina Ruiz, de la Sección de Psicología; Aurelio Santana, de la Facultad de Derecho, y Jorge Martín, de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería.

PSICDER, formación para el alumnado en el ámbito jurídico

PSICDER surgió en el contexto de la formación al estudiantado en contenidos teóricos y prácticos vinculados a escenarios de conducta propios de la administración judicial. La imagen del sistema legal que aparece en los medios de comunicación corresponde a tradiciones jurídicas completamente distintas a la española, explican los expertos, pero el acceso físico a nuestros escenarios jurídicos resulta complicado, no sólo por cuestiones de seguridad sino también prácticas: desplazamientos, tiempo, incompatibilidad de horarios.

A través del Vicerrectorado de Docencia, los materiales y procedimientos didácticos desarrollados por PSICDER pueden utilizarse en cualquier asignatura de cualquier otra titulación relacionada. El trabajo, actualmente en marcha, prevé que los centros de internamiento pueden beneficiarse también de los materiales audiovisuales elaborados, utilizándolos para mostrar a los familiares de los jóvenes privados de libertad el espacio físico donde transcurre su vida cotidiana, de otro modo inaccesible para las personas en libertad.