La inteligencia artificial representa uno de los objetivos tecnológicos más ambiciosos de España y de la Unión Europea. Sin embargo, y al igual que ocurre con toda herramienta informática, las cuestiones éticas son la base para propiciar la correcta interacción entre las personas humanas y las máquinas. Así lo dejó entrever la docente Wegrzak al resaltar que la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar podría deparar consecuencias drásticas para la sociedad. En consonancia, la experta mencionó la monitorización de operaciones de vigilancia en los distintos estados, las cuales podrían desembocar en un control masivo e indiscriminado de la ciudadanía.

Por otra parte, señaló que las técnicas de combinación de algoritmos presentan todas las papeletas para sustituir al capital humano como principal factor productivo. En consecuencia, dijo, se impacta de lleno con el principio regulador de que la inteligencia artificial debe representar una fuerza para incrementar el bienestar.

La profesora Podolska estableció cinco máximas que vertebran las aplicaciones de esta tecnología disruptiva: «Respeto de los derechos fundamentales, la no discriminación, la complementariedad de equidad y seguridad, la transparencia, imparcialidad y justicia, y el precepto de supeditación al poder del usuario».

El objetivo es trasladar a la audiencia el conocimiento comparado de la regulación de otro país en este tipo de materias. Así como informar acerca de las medidas tomadas en su normativa para compaginar el aprovechamiento turístico y la conservación de los valores artísticos. Para ello, Malgorzata Wegrzak, abogada e investigadora de la Universidad de Gdansk impartirá la lección de dos horas de duración que requiere de la participación activa del alumnado.

Los criterios de evaluación se centrarán en el control de asistencia mediante firmas y las intervenciones de los asistentes. En función a ello, se emitirá un certificado que corrobore la presencia de cada persona en las clases.

La cátedra de la ULL en la que se enmarca tiene como directores a Aurelio Santana y José Ramón Navarro y se trata de una entidad dedicada a la divulgación de la cultura y el conocimiento jurídico. Su nombre se debe a Francisco Tomás y Valiente, un jurista e historiador del Derecho nacido en Valencia en 1932 y asesinado por la banda terrorista ETA.