La gerente explicó los principales puntos del anteproyecto de presupuesto, destacando que la aportación de la Comunidad Autónoma Canaria ha crecido, aproximadamente, en tres millones con respecto al año pasado, si bien este incremento no se traduce en mayor capacidad de gestión por parte de la Universidad, debido a que parte de esos fondos compensarán la reducción de precios públicos que se prevé se apruebe el próximo curso. Se cuenta, eso sí, con una nueva partida de algo más de 2,5 millones, que estarán dedicados a incrementos en las retribuciones acordados a nivel estatal desde marzo de 2018.

El montante total del presupuesto presentado es de 152 158 541 euros. La previsión de ingresos, en el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos, prevé una recaudación de 19 850 000 millones, un 0,75 % menos que el curso pasado. En transferencias corrientes, la expectativa es obtener 128 538 826, mientras que en ingresos patrimoniales es de 833 000 euros; en transferencias de capital, 1 236 250; y en activos financieros la previsión es de 1 700 000 euros.

En lo referente a la previsión de gastos, el anteproyecto prevé una aportación para personal de 123 147 137 euros, que es un 5,7 % más que la del presupuesto del año que finaliza. Los gastos corrientes de bienes y servicios serán de 20 949 761, mientras que gastos financieros será de 82 262; en transferencias corrientes, 1 333 053; en activos financieros, 1 200 000 y, finalmente, en pasivos financieros, 567 369.

Reacciones de los grupos claustrales 

Tras la presentación del anteproyecto por parte de la gerente, tocó el turno de manifestar su parecer a los diferentes grupos claustrales que componen el órgano. El grupo Alumnado de Turismo en Acción (ATURA) declinó intervenir, por lo que el primero en hacerlo fue Pas en Acción. Su portavoz, Manuel González Mauricio, manifestó su inquietud porque la mención que hace el anteproyecto presupuestario a la adecuación y cambio de la estructura de la plantilla pudiera referirse, en el caso del PAS, a una reducción de personal y un aumento de sus funciones. Por eso, dado que en la presentación del documento se mencionó que se está saliendo de la crisis financiera, exigió que el personal recupere los derechos y retribuciones que poseía antes de la recesión.

Seguidamente, por Espacio para la Unidad de PAS (EUPAS) habló Cecilia Loaisa, recordando que en 2018 se ha alcanzado un acuerdo estatal para mejorar las condiciones del personal público, que ya son disfrutadas por los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero no por los de la ULL. Criticó que no se haya producido una negociación para ver qué se puede y no se puede aplicar de dicho acuerdo estatal y manifestó su incertidumbre ante la posibilidad de que los fondos para las mejoras de las retribuciones que va a aportar la comunidad autónoma puedan no ingresarse en enero.

Grupo del PAS (Grupo), por su parte, declinó participar en el debate, al igual que Asociación de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (AEULL).

Por Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) habló Zuleyma González, quien mencionó que el anteproyecto es muy parecido al de 2018, por lo que se planteó si se han tenido en cuenta las aportaciones del año pasado. Destacó que se realicen infraestructuras “bonitas” para impactar a los visitantes cuando lo que hace falta, en su opinión, son mejoras en interiores, como más enchufes, mejor iluminación y reparar goteras. Criticó la subida de precios en cafeterías y solicitó la apertura en facultades de espacios para que el alumnado pueda llevar su comida, y alabó la apuesta por el software libre.

Los estudiantes también hablan

Por parte de Estudiantes de Ciencias de la Salud (ECSULL), Moisés Rodríguez alabó la labor realizada en el ámbito de infraestructuras en varios campus, si bien queda mucho por hacer, citando la ausencia de enchufes, goteras y el edificio dedicado a impartir Medicina, que 50 años después sigue siendo “provisional”. Al igual que hiciera la representante de ACE, criticó la falta de tiempo que ha habido para revisar el documento de anteproyecto y la poca transparencia del mismo, por haber muchas partidas dedicadas al concepto “otros”, muchas de ellas cuantiosas, en las que no se explicita a qué se dedicarán.

A continuación, Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), cuya portavoz fue Holy Díaz, recordó que su grupo cumple doce años representado al alumnado. Calificó que el documento presupuestario es un “cortar y pegar” que repite una y otra vez las mismas dinámicas, y criticó que partidas destinadas inicialmente a un objetivo sean reasignados a otros, lo cual calificó como política “de remiendo”.

Juan Diego Betancor, de Red de Participación Universitaria (RED-ULL) lamentó la dinámica del Claustro, ejemplifica en la falta de quórum de la abortada convocatoria anterior, que ha perdido papel en el debate presupuestario. Mencionó que el presidente del Gobierno de Canarias había señalado que el presupuesto para la Comunidad Autónoma era “expansivo” y así se ha reflejado en los documentos contables regionales, pero no en el de la ULL, que no mejora en ingresos salvo lo estrictamente necesario para mantener los gastos de personal.

Programa para una Universidad Canaria (PPUC) no intervino, así que del siguiente grupo de profesorado en hablar fue Renovación Convergente (RC), representado por Rosa Aguilar, quien calificó el debate de presupuesto como uno de los más importantes para el órgano colegiado, y acusó al gobierno universitario de haber provocado que la apatía se haya apoderado del órgano colegiado. Criticó que la documentación remitida a los grupos no permite un análisis profundo, lo cual redunda en falta de transparencia.

Finalmente, Alternativa del Profesorado Universitario (APU), representado por Javier Marrero, cerró el turno de intervenciones de grupos afirmando que no comparte la idea de que se esté en un momento de recuperación económica, lo cual esta contribuyendo al deterioro de los servicios públicos, y alertó de que la financiación de la Comunidad Autónoma a la ULL ha ido en retroceso paulatino, por lo que se planteó si se está prefigurando un panorama como el de Japón o EE.UU., en donde la financiación pública es del 50 %.

Doctor Honoris Causa

Previamente, se había tratado otro punto del orden del día en el que se presentó la propuesta de designación del catedrático emérito de Traumatología y Ortopedia de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio López Alonso como doctor Honoris Causa por la Universidad de La Laguna, una candidatura que ya había sido refrendada por el Consejo de Gobierno y a la que solamente le restaba la aprobación por parte del Claustro, que finalmente se produjo.

Defendió la moción José Luis Pais Brito, del Departamento de Cirugía, quien glosó los principales méritos científicos, humanísticos -pues es también novelista, ensayista y autor teatral- y académicos del profesor. Se destacó especialmente su relación con la Universidad de La Laguna, ya que el docente había sido catedrático del centro tinerfeño hasta 1989, momento en que obtuvo la cátedra en la institución académica madrileña y se trasladó a ella, donde ejercería su magisterio hasta su jubilación.

Durante el debate de este punto, los grupos AMEC, PPUC, RC y APU, así como el propio rector, manifestaron su apoyo al nombramiento pero denunciaron el hecho de que en todas su historia, la ULL solamente cuente con una sola mujer con este nombramiento, María Rosa Alonso, por lo que manifestaron su deseo de que la institución enmiende esta situación en futuros nombramientos honorarios.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de la Laguna autorizó en su última reunión, celebrada la pasada semana, la puesta en marcha de varios contratos plurianuales, que han sido gestionados por la Gerencia del centro universitario. Entre ellos, destaca la instalación de un ascensor en el bloque O de Biología o la reforma, acondicionamiento y electrificación de varias aulas del Módulo B de la Facultad de Educación. El dinero invertido rondará los 700 000 euros y comprenderá los ejercicios 2018 y 2019.

La puesta en marcha de un elevador en la Sección, perteneciente a la Facultad de Ciencias, se llevará a cabo en un plazo de seis meses, con un importe total de 67 316 euros distribuidos en las dos anualidades. Las obras en Magisterio ascenderán a un total de 366 258 euros, IGIC excluido, y se pretende que estén finalizadas en cinco meses. En este caso, se trata de un edificio de 1968, que compone en lateral izquierdo del Edificio Central y que se distribuye en cuatro plantas más un semisótano, impartiéndose clases en todas ellas.

Dada la longevidad del inmueble, explicó la gerente, Lidia Pereira Saavedra, se han ido realizando reformas parciales sobre el sistema eléctrico, pero ninguna de forma integral, lo que hace no haya tomas de corriente suficientes para las sesiones y, además, los parámetros lumínicos para la docencia no son tampoco los adecuados.

Así, el proyecto plantea la mejora e incorporación de falsos techos, la pintura de paredes y pasillos del edificio. Durante la reunión, también se aprobó una mejora del suministro de energía eléctrica de baja tensión para las instalaciones del centro académico, dotado con 218 937 euros y para realizar en un año.

Pagos a justificar

La gerente también llevó a Consejo de Gobierno la modificación del Reglamento de Pagos a Justificar, que fue aprobado en julio de 2016. Señaló que el tiempo transcurrido desde su puesta en vigor ha evidenciado la pertinencia de una leve revisión para adaptarlo a las necesidades de gestión y funcionamiento y, concretamente, la necesidad de ampliar los plazos para los pagos a justificar vinculados a desplazamientos y pagos en el extranjero, en los que no sea posible justificar antes de final de año por tener continuidad la actividad en curso de realización en el ejercicio siguiente.

El órgano de gobierno expresó su conformidad con esta modificación, de tal modo que ahora el citado reglamento indica que en lo que se refiere a los pagos a justificar recibidos en el último trimestre del año, la justificación se deberá realizar antes de la fecha que determine el calendario de cierre y, en todo caso, antes del 31 de diciembre del ejercicio corriente, salvo para aquellos pagos en el extranjero para los que se autorice expresamente, dentro del límite máximo de seis meses.

Igualmente, se señala que dentro del plazo de los tres meses disponibles para justificar un pago y, siempre y cuando se acompañe memoria justificativa, podrá proponerse una ampliación del importe del pago a justificar existente. En dicho caso, se ampliará un mes de plazo de justificación respecto del plazo inicial, que en ningún caso podrá superar los seis meses. La fecha de ampliación no podrá ser posterior a la fecha fijada en el calendario de cierre, ni posterior a 31 de diciembre del ejercicio corriente, salvo lo que expresamente se autorice para los pagos en el extranjero dentro del límite máximo de seis meses. También se explicita, tras esta modificación que los fondos abonados mediante el procedimiento de pagos a justificar podrán destinarse a una finalidad distinta a aquella para la que fueron concedidos.

Retribuciones

Pereira también recibió la conformidad del órgano colegiado para modificar un artículo de las bases de ejecución del presupuesto de 2018 de esta institución. Dado que el personal de las universidades no es personal propio de la Administración de la comunidad autónoma, Lidia Pereira explicó que se han aplicado tradicionalmente los cambios en las retribuciones siguiendo la regulación establecida en cada Ley de Prepuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, añadió que en caso de disponer de crédito suficiente para acometer al abono del 100% del complemento específico en las pagas de junio y diciembre para todo el personal de la universidad, el colectivo del personal laboral de administración y servicios no podría percibir la cuantía equivalente a la totalidad de complemento específico para el personal funcionario, si se mantiene el criterio adoptado por la comunidad autónoma para su personal laboral.

Por tanto, teniendo en cuenta el cumplimiento de las exigencias del objetivo de déficit, deuda y regla del gasto, y en virtud de la autonomía universitaria y en caso de existencia de crédito, la Universidad de La Laguna realizará las actuaciones oportunas para que las retribuciones del personal funcionario, así como interinos y contratados, se ajusten al marco establecido por la normativa básica estatal, Ley de Presupuestos, a regulación específica para las universidades canarias.