En esa providencia el juez establecía que toda solicitud de información por parte de cualquier medio de comunicación debe realizarse a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Además, se pedía a las partes implicadas en el caso no dar datos a personas ajenas a la investigación para evitar todo lo que pueda atentar contra el buen funcionamiento de la información, contra el derecho de la tutela judicial efectiva y demás derechos.

Ante esta situación, el alumnado en su denuncia recalca que se está produciendo una «censura previa», ya que el hecho de que un medio de comunicación informe de la persona y el motivo del porqué está siendo investigada, no implica que se esté incumpliendo ningún derecho fundamental, cuando se trata de un tema de interés social.

Una opinión pública libre

En la queja se solicita que el CGPJ inste al juez instructor del caso para que «deje sin efecto o revoque la providencia», debido a que incumple el derecho recibir y comunicar información veraz, y fomentar actuaciones informativas entre sus jueces ya que «unos medios de comunicación y una opinión pública libre son instancias necesarias».

La profesora presentó la demanda en el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, donde, según declara en su cuenta de Twitter: «Se negaron a ponerme un sello de recibí en la queja y me mandaron a un buzón físico de Sugerencias y reclamaciones». La docente también recogió casi cien firmas entre el profesorado y el alumnado de Periodismo, aunque tiene la intención de recoger más de los departamentos de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social para lograr un mayor apoyo de la comunidad universitaria.