El hecho de que Alves haya quedado en libertad con una fianza de un millón de euros es una afrenta a la víctima y a la sociedad en su conjunto. Esta suma desorbitante es apenas un mero trámite para alguien como Alves, cuya fortuna y fama le brindan un escudo de impunidad que parece impenetrable. Mientras tanto, la joven que sufrió el terrible acto queda en la sombra, enfrentándose a un sistema que parece inclinado a favorecer al poder.

La injusticia aquí es doble. En primer lugar, está la falta de un castigo adecuado para un crimen tan abominable como la violación. La justicia debería ser firme en estos casos, enviando un mensaje contundente de que este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra sociedad. Sin embargo, la leve consecuencia impuesta a Alves sugiere lo contrario: que la riqueza y la fama pueden evadir la responsabilidad de las acciones con relativa facilidad.

«La justicia debe ser igual para cualquier persona, independientemente de la riqueza o la fama»

En segundo lugar, esta situación pone de relieve la disparidad en el trato que reciben diferentes estratos sociales ante la ley. Mientras que quienes tienen recursos económicos y estatus disfrutan de una especie de inmunidad, las personas comunes y corrientes son sometidas a un escrutinio implacable. Esta desigualdad socava la confianza en el sistema judicial y perpetúa un ciclo de injusticia que parece imposible de romper.

Es fundamental que la sociedad levante la voz contra este tipo de privilegios. La justicia debe ser igual para cualquier persona, independientemente de la riqueza, la fama o el poder. Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar que los delitos sean castigados de manera justa y que las víctimas reciban el apoyo y la protección que merecen. El caso de Dani Alves es solo un ejemplo más de la necesidad urgente de reformas en nuestro sistema judicial para asegurar que la ley se aplique de manera equitativa y sin favoritismos.

Según Amnistía Internacional en el Mundo hay cerca de 27 mil personas en el corredor de la muerte esperando su condena. Los países que llevan a cabo estos actos suelen hacerlo mediante métodos como la decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento. Esto, sin duda, traslada nuestras mentes a las penitencias propias de los siglos anteriores. Sin embargo, estas ejecuciones han evolucionado a medida que lo iba haciendo la sociedad, llegando a estar presente hoy en día en las líneas legales de muchos estados.

En 92 países existe una pena de muerte regulada por ley y, aunque en muchos otros la actividad no está regulada, se lleva a cabo de igual forma. ¿En qué cabeza cabe que sea legal que ciertas personas decidan si otras viven o mueren?

«La venganza no es una solución viable para prevenir crímenes»

Se piensa comúnmente que una condena de muerte es fruto de un crimen atroz. Es verdad que en países desarrollados como Estados Unidos, los  que todavía mantienen esta pena si la usan bajo delitos de gran gravedad, como son asesinatos en serie o violaciones en masa. Sin embargo, en países menos desarrollados como Sudan o Irán, se puede condenar a muerte a una mujer por el simple hecho de tener relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio. Por lo que cada país puede decidir a su antojo qué clase de delito merece una defunción. Es un acto espantoso que se ejerce sin control ninguno, se decide sin más qué se condena y a quién.

Es verdad que hay delitos que enfurecen la opinión publica y hacen inevitable cuestionarse una pena de muerte. Alfredo Garavito violó y asesinó a casi 200 menores en Colombia de 1992 a 1999 y hoy en día cumple condena en una cárcel de Valledupar. Es estremecedor pensar la de vidas que arrebató ese ser, y la de sufrimiento que sigue provocando hoy en día a tantas familias. Cualquiera en su sano juicio diría que hay que hacerlo pagar con su propia medicina. A mí también me es imposible no pensarlo mientras escribo estas líneas. Pero, ¿a dónde llega esa sed de venganza? ¿Realmente apaciguara el dolor de las familias que Garavito sea electrocutado?

La venganza no trae de vuelta a las víctimas, ni calma el dolor de sus familiares. No es una solución viable para prevenir una ola de crímenes en una sociedad. Es más, apoyarla por un caso atroz solo trae consigo la oportunidad de que muchos países la lleven a cabo en casos demasiado absurdos. Son severos los países, sobre todo en Asia o África, en los que se lleva a cabo una pena de muerte por hurtos o por choque de ideas políticas.

Hay que ser consciente de que si alguien la apoya por un acto determinado, también la está justificando para cualquier otro, sin importar qué grado de atrocidad trate. Además, nadie es capaz de plantearse que, si matas a una persona porque ya mató, estarías rebajándote a su mismo nivel.

En el Mundo hay 194 países, de los cuales, 88 permiten legalmente dicha práctica, y, muchos de ellos, no son lugares que tengan un dictador a la cabeza. Todo lo contrario, en Estados Unidos, «la cuna de la democracia», se permite. También en Japón, Rusia y China, entre otros. Es más, en esta última es donde más ejecuciones se realizaron en 2017. Según Amnistía Internacional,de las 993 realizadas, el país asiático aglutina el 84 % de todas ellas. Aunque, bien es cierto que, a pesar de estos datos escalofriantes, la tendencia es decreciente.

Un tema, que siempre me ha hecho gracia, es la hipocresía política, y esta salió a relucir, en su máximo esplendor, con los actos del pasado 11 de noviembre en París para conmemorar los cien años del fin de la Gran Guerra. Se reunieron cerca de setenta líderes mundiales. Todos, por supuesto (¡qué locura pensar lo contrario!), rechazaron los atroces crímenes cometidos en aquella reyerta, pero al día siguiente, cogen un avión y de vuelta a su país, donde se ejecuta a gente por haber cometido actos horrendos (cosa que no defiendo) pero a los que privan del derecho a la vida, algo fundamental.

El que más me llama la atención, sin duda alguna, es el país americano. Cuenta con 50 estados federales y en 31 de ellos se permite el castigo capital. Además, de los diez territorios más grandes de Estados Unidos, hay ocho que aplican esta última pena, pero lo peor aún, es que no solo utilizan inyecciones letales; también cuentan con cámara de gas, silla eléctrica, fusilamiento y horca. ¿En qué siglo estamos? Pero el tema no queda ahí. Desde 2017, los partidarios por esta práctica han aumentado, llegando al 54 % de los americanos que apoyan fervientemente este tipo de justicia. Si lo quieren llamar así.

Y no vale el argumento de que «los condenados han cometido crímenes horribles e inhumanos». Cierto, pero el fin no justifica los medios. Defendemos la justicia como la búsqueda de la rehabilitación de los condenados, y con estas condenas no se da pie a reinserción alguna. Seamos coherentes y comencemos a darnos cuenta de que las sociedades evolucionan, y con ellas, han de hacerlo los sistemas antagónicos.