Para financiar este conjunto de nuevos puestos, el vicerrector explicó que las primeras irán con cargo a los créditos disponibles en la propia universidad, mientras que las segundas quedan supeditadas a la solicitud remitida a la Consejería por los dos rectores de las universidades públicas canarias el pasado 10 de julio o, en su caso, mediante el avance de financiación del llamado Plan Integral para la incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas.

Nuevo reglamento para el Trabajo Fin de Grado

En otro orden de cosas, en la sesión de hoy también ha recibido el visto bueno el nuevo reglamento de la asignatura que regula el Trabajo Fin de Grado, así como las modificaciones a los documentos por los que se rigen las enseñanzas propias y la evaluación curricular por compensación, todos ellos presentados por el vicerrector de Docencia, José Manuel Fraga.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, obtuvo el beneplácito para modificar el calendario académico del curso 2024/25 para establecer el carácter no lectivo del día 13 de septiembre de 2024, fecha del acto de apertura del nuevo curso. Igualmente, avaló la modificación del reglamento de régimen disciplinario del estudiantado, así como el de convivencia.

En este Consejo de Gobierno de fin de curso se llevaron a cabo otros asuntos de trámite, como la designación de los miembros de la Comisión de Convivencia de la Institución universitaria. Igualmente se modificó puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo tanto del personal técnico, de gestión y servicios laboral como funcionario.

Así, distingue entre enseñanzas propias de formación permanente, centrada en aquellas que se proponen a la población como formación a lo largo de la vida en distintos campos del saber; las dedicadas a la extensión universitaria, para potenciar la proyección cultural de la Universidad y reforzar la formación extracurricular; y, finalmente, las microcredenciales, cuyo propósito es la actualización de conocimientos y la especialización en temáticas concretas que respondan a las necesidades sociales, incluida la cualificación para el empleo. Éstas incluyen actividades formativas de corta duración que han de ser menores de quince créditos y para las cuales no se exige título universitario.

El mismo documento estipula con detalle cuáles son las enseñanzas propias de formación permanente que contempla la Universidad de La Laguna, subdivididas en máster en formación permanente, diploma de especialización, diploma de experto o experta y curso de especialización de posgrado. El texto refrendado por el Consejo de Gobierno fija la equivalencia en créditos, las modalidades docentes que pueden darse y también se adentra en aspectos organizativos.

Igualmente, hay espacio para ocuparse de la formación dual, ya que se señala que las enseñanzas propias podrán ofertarse como de este tipo cuando se desarrolle un proyecto formativo común complementariamente en esta Universidad y en una entidad colaboradora, que puede ser una empresa, una organización social o sindical o una institución, bajo el liderazgo formativo de la Universidad de La Laguna.

«Un Centro de Formación Permanente diseñará las líneas de actuación»

El texto apunta la creación de un Centro de Formación Permanente encargado de diseñar las líneas de actuación en esta materia y de poner en marcha los mecanismos necesarios para ello. El vicerrector aclaró que en un principio se utilizará la actual estructura administrativa que ya se ocupa de esta materia, eso sí, desligando este tipo de estudios de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado.

En la sesión también se trató la modificación de diversas normativas que atienden al estudiantado. Una de ellas tiene que ver con los cupos de acceso a la Institución académica y la oportunidad de mantener el cupo de alto rendimiento deportivo y el de necesidades educativas especiales incluso en la convocatoria extraordinaria.

También ha recibido el visto bueno del órgano colegiado el cambio introducido en el reglamento que regula las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años que no han realizado la EBAU y para quienes la Universidad diseña un sistema de acceso específico. En este caso, la modificación se centra en los requisitos de entrada para los mayores de 40, estableciendo al menos quince años de experiencia laboral o profesional, se definen dos fases en la estructura de la prueba y se añade que el profesorado de los centros colaboradores puede formar parte de los tribunales de calificación de este tipo de alumnado.

Asimismo, se dio refrendo a la desafectación de una parcela de jardín de 23 metros cuadrados para la construcción de la pasarela peatonal de Padre Anchieta. Y, en otro orden de cosas, se aprobaron los periodos de cierre vacacional de 2024, que comprende del 25 al 31 de marzo en Semana Santa, del 7 al 22 de agosto y del 31 de diciembre al 6 de enero de 2025 para Navidad.

La alumna, natural de El Hierro, se matriculó en La Palma, ya que su nota de acceso no era suficiente para la sede de Tenerife. La controversia surgió cuando ella, por su empleo, no pudo desplazarse a la isla vecina para realizar las prácticas correspondientes al curso actual, las cuales hasta el momento había ejecutado en la isla capitalina. Este pasado sábado, 24 de marzo, el periódico El Día publicó el caso de la estudiante, quien por motivos laborales se podría ver en la tesitura de elegir entre el grado o el trabajo.

Rodríguez Gómez considera que «nosotros tenemos que permitir que dentro de las posibilidades del sistema español las personas puedan entrar a cursar sus estudios según sus méritos y competencias. Lo que no es lógico, ni correcto es que acceda a la sección de La Palma sabiendo que no iba a poder cursar allí su carrera». En este sentido, José Manuel Fraga, vicerrector de Estudiantes de la ULL, declaraba al diario citado que «se le concedió de manera extraordinaria este beneficio para que intentara solucionar su problema, pero ella es alumna de La Palma, y hay más estudiantes que seguramente preferirían estudiar en Tenerife».

«En algo estamos fallando cuando no somos capaces de formar ciudadanos socialmente responsables y coherentes»

El director del Departamento añade que “atendiendo a competencias, lo que no puede pretender la joven es desplazar a una persona, con más méritos y que no tiene trabajo, para venir a Tenerife. Cuando entró a estudiar allá, ya sabía que trabajaba aquí y cuáles serían las dificultades”. Además, remarca que  “los intentos de que el asunto se resuelva en los medios de comunicación es no entender de justicia y equidad”. Al respecto, critica el papel incomprensible que juega la prensa y el de la gente que recurre a ella para ejercer presión.

Por otra parte, Rodríguez se pregunta que “qué pasa con los cientos de personas que no acceden a una plaza. ¿Cómo se resuelve? Esta estudiante quiere venir a Tenerife… pues mientras ella se salva, ¿cuál es el futuro de los demás, que sí ejercen sus derechos adquiridos? Su actitud me parece insultante para un modelo con normas”, a la vez que asevera que “este no es un sistema educativo de equidad social. En algo estamos fallando cuando no somos capaces de formar ciudadanos socialmente responsables y coherentes”.

«Hay discriminación por parte de los cargos de esta universidad hacia mi persona»

Por su parte, Silvia Cejas confirma que «el año pasado ya se había recibido una resolución favorable por parte del vicerrectorado correspondiente para una situación de iguales características». Además, asegura que «deberían tener en cuenta mi situación económica, ya que no es fácil costearme hasta seis billetes en una misma semana a La Palma porque mi formación académica así lo precisa».

«Ha habido discriminación por parte de los cargos de esta universidad hacia mi persona», apunta. Asimismo, pide a los dirigentes de la Universidad que «se pongan en mi lugar y que retomen su posición frente a mi circunstancia actual, que de no solucionarse de manera favorable, hará que tenga que dejar la carrera».

Esta disputa ha llevado a la alumna a trasladar su caso al Juzgado de lo Contencioso y lo Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. En relación a esto, puntualiza que «quizás no es necesario esperar a que la resolución sea dictada por un juez, ya que podrían acceder a mi petición como ocurrió el año pasado».

El órgano colegiado dio también su visto bueno al Máster en Educación Bilingüe: AICLE, destinado a maestros licenciados y diplomados dedicados a esta materia. “Para conseguir que la formación en dos idiomas llegue a la universidad hay que empezar con la formación del profesorado de etapas anteriores”, explicó la vicerrectora en el transcurso de la sesión. Comenzará como un título propio y el objetivo es que al año académico siguiente, 2018/19, se convierta en título oficial. La vicerrectora informó además del cambio de denominación, en el proceso de verificación del título, del Máster Universitario en Edificación y Procesos BIM, que pasará a llamarse Máster Universitario en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción.

Los títulos propios se rigen por dos reglamentos, uno que atiende a títulos propios de grado, y otro relativo a los de posgrado. Se ha trabajado ahora en la elaboración de un único documento, aprobado hoy en Consejo de Gobierno por 35 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, para unificar criterios y actualizar contenidos, con el propósito de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la demanda de estos títulos, que deben atender a requerimientos científicos y profesionales del entorno.

Ordenación docente

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Carmen Rosa Sánchez, aclaró la situación del Plan de Ordenación Docente (POD) del próximo curso académico, criticado por la Conferencia de Decanos por no estar todavía cerrado. El POD es el documento general que regula la organización docente del año académico, y del cual luego parten las guías docentes de cada asignatura y la asignación del profesorado. Sánchez informó que a fecha de hoy se encuentran 33 títulos perfectamente definidos del total de los 45 grados que imparte la universidad, y por tanto cargados en el programa académico correspondiente. Hay cuatro más que están ya están terminados y once que aún están pendientes y se está trabajando en ellos. La vicerrectora reconoció el evidente retraso en esta materia, pero también añadió que nunca antes se había revisado con tanta profundidad la asignación de recursos docentes en cada materia y los consiguientes beneficios en eficiencia del sistema que un análisis tan exhaustivo genera.

“No existe ninguna situación de caos ni de descontrol como desde algunas voces se ha dejado entrever”, señaló la vicerrectora, sino una puesta a punto de toda la organización docente, de la que se desprenderá en qué áreas de conocimiento existen necesidades de más personal docente y en cuáles no, aclaró la responsable académica.

También fue aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno el Reglamento de la evaluación curricular por compensación, un documento que sustituye al anterior en esta materia y con el que se pretende, explicó el vicerrector de Estudiantes, José Manuel Fraga, agilizar el proceso en caso de compensación, al homogeneizar los criterios que hasta ahora cada centro tenía en cuenta y creando unas comisiones de resolución que sustituyen a los extintos tribunales. Se han incluido las prácticas tuteladas y clínicas, añadió Fraga, y también ha quedado claro que no se pueden compensar las asignaturas optativas.

Parcela y cátedra institucional

En otro orden de cosas, la vicerrectora de Infraestructuras y Servicios Universitarios, Norena Martín, explicó al Consejo de Gobierno la decisión de solicitar al Ayuntamiento de La Laguna modificar el uso de todas las parcelas afectadas por Sistema General Docente o Sociocultural del Plan General de Ordenación, del que pudiera entenderse la participación de la universidad. Dado que en estos momentos el centro académico no tiene previsto expandir su campus en Geneto se ha decidido solicitar el cambio de uso de esa reserva de terreno universitario, dada la reciente sentencia por expropiación forzosa que obliga al centro académico a abonar un justiprecio de más de cuatro millones de euros.

El Consejo de Gobierno dio también su beneplácito a la Cátedra Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife, creada por un periodo de cuatro años, con dotación de 20 000 euros, y prorrogable hasta cuatro años más. “Es muy positivo que entidades públicas sean promotoras o colaboradoras de estas cátedras”, explicó el vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García.