Estos días ha salido a la luz el caso de José Antonio Arrabal, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa. Él quería poner fin a su vida y acabar con su sufrimiento. Morir en paz, sin dolor y, por supuesto, con dignidad. En España quizá el caso más relevante, y que más controversia suscitó, fue el del gallego Ramón Sampedro, llevado al cine en la película Mar Adentro, que luchó durante más de media vida para que le dejasen morir tranquilo. Y para que aquellos que le fuesen a ayudar en su suicidio asistido no incurriesen en un delito. Porque sí, ayudar en España a un tetrapléjico a morir dignamente es un delito penado con entre dos y diez años de cárcel.

Existen algunas organizaciones que desempeñan la labor que las instituciones no proporcionan a los pacientes terminales, como la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que funciona gracias a la labor de muchos voluntarios que acompañan a los enfermos en sus últimas horas de vida y se encargan de llevar a cabo sus últimas voluntades. La labor de esta entidad es encomiable, aunque ojalá tenga que desaparecer pronto. Eso significará que el Estado ha proporcionado los mecanismos necesarios para que ningún enfermo terminal tenga que recurrir a vacíos legales y se vea obligado a preparar brebajes hechos con medicamentos que cualquier persona podría comprar en la farmacia.

Debemos ser conscientes de la urgencia de una Ley de Eutanasia. Hay una deuda con la sociedad que debe ser saldada lo antes posible. Pongamos los medios necesarios: unidades del dolor, cuidados paliativos, medicinas para facilitar al paciente una vez haya dado el paso y decida poner fin a su propia vida… Que la muerte no sea un calvario. Que no nos pesen los hábitos y las sotanas de nadie.