El acto, conducido por la periodista Victoria Caro, fue inaugurado por los discursos de Lidia Cabrera Pérez, vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la ULL, y Jin Taira Alonso, vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional de la ULPGC. En ambas presentaciones, se compartió la misma visión sobre cuál debería ser el principal propósito: construir políticas de transformación justas. De esta forma, Cabrera insistió en que «no se debía caer en la deshumanización», ya que «el eje siempre deben ser las personas». Por su parte, Taira aludió a que este tipo de eventos «son necesarios para construir puentes y conciencias».

Una vez introducida la jornada, la conductora presentó a las personas que iban a intervenir en el debate: principalmente, juristas y personalidades relacionadas con la política. A lo largo de las diferentes ponencias, fueron constantes las referencias hacia el gran fenómeno migratorio que se desarrolló en las costas canarias con la llegada de 23 000 inmigrantes en este último año. De esta manera, casos como el Campamento de Arguineguín o el de Las Raíces eran posicionados como los ejemplos reales sobre la ineficiente reacción humanitaria que hay en Europa, cuando ocurren este tipo de sucesos.

«Sentía alegría cuando las embarcaciones con inmigrantes llegaban a las costas, porque eso significa que seres humanos que se habían jugado la vida habían sobrevivido»

José Segura Clavell, director general de Casa África, fue el primero en pronunciarse. Sirviéndose de su propia experiencia como delegado del Gobierno de Canarias, desde el 2004 al 2008, aclaró que «sentía alegría cuando las embarcaciones con inmigrantes llegaban a las costas, porque eso significa que seres humanos que se habían jugado la vida habían sobrevivido». Además, reclamó que la primera demanda de los países africanos era «el trato de igual a igual» por parte de los países miembros de la Unión Europea, «dejando atrás los resquicios de la colonización», y así, fomentar la cooperación.

La jefa de misión del Consulado de Senegal de Las Palmas de Gran Canaria, Katia Van Bockel, continuó con las ideas de reencuentro y colaboración que expuso Segura, aclarando que «tenemos que hablar con África para vivir su realidad». Según ella, solo de esta forma «la sociedad y la política europea podrán comprender por qué buscan ese refugio» y cuan importante es «facilitar la tramitación de asilos y medidas de protección a quienes lo necesitan».

Por otra parte, Itziar Gómez Fernández, colaboradora de la Fundación Raíces y letrada del Tribunal Constitucional, tomó una postura mucho más crítica, ya que tiene sus dudas sobre si estas nuevas políticas del Parlamento Europeo, «sean realmente útiles para mejorar la vida de las personas». Es por ello que propone dos iniciativas: un nuevo sistema de «solidaridad no voluntaria», donde los países estén bajo un plan de actuación obligatoria, con sus respectivas consecuencias ante posibles incumplimientos, y un mecanismo de contingencia a las crisis humanitarias para ser capaces de prever asistencia de forma inmediata.

«Los sistemas de retorno no aseguran el bienestar de las personas»

Además, Gómez también manifestó su disconformidad con la importancia otorgada a los planes de retorno, los cuales «ponen a la gente en la inseguridad, y no en las reunificaciones familiares ni en el bienestar de las personas». Asimismo, comentó «la doble faz» que suponen las colaboraciones con los países africanos, ya que por motivos de inestabilidad en la política interna, pueden llegar a hacer de las medidas de repatriación de inmigrantes verdaderos sistemas de subcontratación en los controles de fronteras.

Siguiendo con el hilo de la gestión ineficiente de la Unión Europea, el periodista José Naranjo, premiado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, comenzó su intervención haciendo una comparativa con el caso de Burkina Faso: un país de 2o millones de habitantes, que aún ostentando uno de los mayores índices de pobreza del mundo, se hizo cargo de 1 200 000 personas desplazadas internas. Es entonces cuando cuestionó el hecho de que se le pueda llamar «crisis migratoria», cuando estas mismas cifras se dan en el Viejo Continente, a pesar de que conforman una proporción de población mucho menor y que los recursos son exponencialmente mucho mayores.

«Lo que ha pasado con la inmigración que ha llegado a nuestra tierra, me parece que es la mayor plasmación del fracaso»

La gestión autonómica y nacional tampoco se libraron de la crítica: «Lo que ha pasado con la inmigración que ha llegado a nuestra tierra, me parece que es la mayor plasmación del fracaso», subrayó Naranjo. «Han convertido un hecho natural, como es el de las migraciones, en un absoluto problema cometiendo error tras error: bloqueos en Canarias, construyendo macrocentros… Cuando en realidad, la acogida y la hospitalidad se trata de otra cosa», ultimó.

Las historias personales también se abrieron hueco en el debate. Loueila Mint Mamy, una abogada experta en migraciones, relató la historia de Huseín Bachir Brahim: un joven activista saharaui, que tras venir a Canarias en una embarcación y pedir asilo político por la persecución que sufría en su país de origen, fue igualmente entregado a las autoridades marroquíes. Actualmente, Huseín se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 12 años de prisión.

«España tiene que velar por que esto no ocurra», reclamó la abogada recordando los pactos establecidos en la Convención de Ginebra.

Como broche de oro, Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial de CEAR Canarias, fue invitado al foro para explicar los detalles del último informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y en Europa. Entre los diferentes datos que proporcionó, recalcó que de las 89 000 peticiones de asilo que recibieron los organismos españoles el año pasado, solo un 5 % son aprobadas.

En Canarias, la mayoría de las 3900 solicitudes que se recibieron en el 2020 procedían de nacionales de Venezuela y Colombia, a pesar de la proximidad del Archipiélago al continente africano. Sin embargo, Lorenzo explicó los posibles motivos detrás de esta incongruencia, ya que piensa que «las situaciones vividas de crisis humanitarias e institucionales, la capacidad reactiva para atender las emergencias y la vulneración de derechos en las coberturas legales han fragilizado el acceso a estas últimas».

«Un cambio de óptica y de enfoque es principal para hacer realizables el resto de propuestas»

Además, respecto a las legislaciones europeas, opinó que este nuevo pacto solo pretende incidir en las políticas de retorno y en el blindaje de fronteras, por tanto, «un cambio de óptica y de enfoque es principal para hacer realizables el resto de propuestas», cuyo propósito es garantizar y priorizar el bienestar de las personas.

La falta de cooperación por parte de las sociedades occidentales fue mencionado, en reiteradas ocasiones, como uno de los principales problemas. Por tanto, no fue una sorpresa que la necesidad de debatir y posicionarse, tanto en las organizaciones parlamentarias como en las instituciones académicas, para conformar unas futuras políticas humanitarias, justas y eficaces, se convirtiese en una de las conclusiones del evento. Implicarse en el estudio de lo que está pasando en las fronteras es clave, para poder corresponder a los valores que recoge la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad.

La ruta canaria es la más mortífera de Europa, habiéndose cobrado en lo que va de año al menos 88 vidas. Una cifra que no tiene en cuenta el gran número de cadáveres que no se recuperan del mar o los cayucos que, tras dejar atrás su origen, perecen en el mar tras naufragios de los que no se llega a saber nada. Cada 32 horas una persona que se dirige a Canarias muere, según cifras recabadas por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ambos organismos de las Naciones Unidas.

«Cada 32 horas una persona que se dirige a Canarias muere»

El primer naufragio documentado de un cayuco que se dirigía a las costas canarias fue en 1999. Nueve personas murieron ahogadas después de que la embarcación se hundiera a trescientos metros de la costa de Morro Jable, en Fuerteventura. Quienes sobrevivieron aseguraron haber pagado el equivalente a más de cuatrocientos euros, un precio que a lo largo de los años ha ido en aumento al igual que el negocio de sus cobradores. Una cantidad con la que equiparar la vida, como si eso fuera posible, que solo refleja la despiadada capacidad de estos traficantes de vidas para aprovecharse de estas situaciones.

Debe ser duro abandonarlo todo sin garantía alguna de que se te tienda la mano allá donde vas, si se alcanza a llegar. Pero aun así lo hacen porque no ven más opciones ante un problema del que su única culpa es querer vivir y no tratar de sobrevivir cada día al infierno de violencia y abusos del que son presos. Piezas de una crisis humanitaria sin precedentes con el Atlántico como cementerio y para la que no se auguran soluciones inmediatas.

No negaré que pelearon. No negaré que fue violento. Tampoco negaré que no deberían haberlo hecho. Faltaría más. Ahora bien, que nadie me niegue tampoco que la población española es igual. Un día después del enfrentamiento en Las Raíces, que culminó con antidisturbios lanzando pelotas de goma, en Vallecas se peleaban debido al mitin de Vox. Pasó esta semana, pero pasa constantemente. En manifestaciones políticas, en bares y en el barrio. Y no solo entre patriotas, orgullo de España con la bandera rojigualda en las venas, sino también entre personas extranjeras. Lo que pasa es que vienen de Europa y, por supuesto, no es lo mismo, ¿verdad?

No son inmigrantes que vienen a robarnos el trabajo. No son inmigrantes que vienen a robarnos las mujeres. Porque las españolas pertenecen a los hombres españoles, claro está. No son inmigrantes que vienen a poner bombas. No, nada de eso. Son ciudadanía europea decente y por ello merece ser tratada entre algodones por la canaria, y que le sirva la caña desde detrás de la barra.

«Como no son vidas europeas, no importa tanto lo que haya pasado como las consecuencias»

Lo que a menudo se está olvidando es que las personas migrantes africanas son eso, personas. No hay que redundar ni buscarle tres patas al gato. Personas. Como tú, como yo, y como el papa de Roma. El otro día subí con una amiga al Campamento. Era la primera vez que ella iba. «Es que son tremendamente normales», me dijo. Parece algo evidente, pero en la práctica no lo es tanto. Hacen las mismas cosas que cualquiera. Han protestado de forma pacífica decenas de veces, pero no ha servido de nada. Y después de meses de tensión, incertidumbre, hambre, frío, condiciones insalubres, falta de atención e información, hacinamiento y abuso, ¿qué persona no se pondría violenta?

Basta ya de criminalización. Y también, basta ya de paternalismo. Han sufrido días a la deriva en medio del mar, a veces más de una semana, viendo cómo familiares y amistades morían. Dejando atrás toda su vida, han seguido rutas largas y muy peligrosas en busca de una vida mejor, o huyendo de situaciones y gobiernos que matan. Lo que necesitan no es un trato de delincuentes. Tampoco causar pena o recibir caridad -que no solidaridad-. Tan solo igualdad y dignidad, lo que quiere todo el mundo.

En ese campamento, que jamás debería haber abierto, se producen peleas. Y es lógico que ocurra. Pero al mismo tiempo nace la fraternidad y el compañerismo, lo cual también es normal. Cuando se vulneran los derechos fundamentales de grupos concretos, pueden pasar dos cosas: la gente se une contra la adversidad o la tensión se acumula y explota, produciendo enfrentamientos fundamentados en pequeñas diferencias; en este caso, el color de piel o el país de origen. En Las Raíces han ocurrido ambas cosas.

Como no se trata de vidas europeas, no importa tanto lo que haya pasado de antemano como las consecuencias finales. Para fomentar el racismo y justificar las políticas migratorias que matan, se le da máxima prioridad al lado malo de la historia. Y así se perpetúa el sistema.

Durante años trabajan en sus países de origen para reunir el dinero suficiente para pagar a mafias que se encargan de trasladarles de unos países a otros, desde el sur hasta el norte de África. Viajan durante meses sirviéndose de las diferentes rutas migratorias, atraviesan el desierto y llegan a Marruecos, habitualmente a través de túneles que pasan por debajo la frontera con Argelia.

Quienes buscan cruzar a nuestro país esperan su oportunidad en los campamentos del Monte Gurugú, un volcán extinto con una altitud de unos 890 metros muy próximo a la frontera con España. Allí se agrupan por nacionalidades y aguardan durante meses en busca del momento perfecto para cruzar la valla. La gran mayoría espera fechas señaladas en las que el control es menor, como navidad o fin de año, o a los saltos masivos, en los que tienen mayor oportunidad de llegar al otro lado. Aunque quizá lo estuvieran imaginando así, para nada se trata de la visión tipo boy scout de campamento que se tiene en el primer mundo. Allí las tiendas están hechas de lonas de plástico que les proporcionan algunas organizaciones de voluntarios. No hay agua, ni duchas, ni contenedores de basura y, por si fuera poco, las fuerzas auxiliares marroquíes se encargan de subir cada semana a quemar los campamentos y quitarles todas las pertenencias.

En el monte la mayoría son hombres. Las mujeres normalmente aguardan en Uchda, una ciudad situada en el noreste de Marruecos. A diferencia de ellos, la mayoría de mujeres no pagan a las mafias para llegar hasta allí, sino que son capturadas en sus países de origen y retenidas en la ciudad hasta que se les asigna un destino. En Nigeria, en concreto, captan a jóvenes en las aldeas que en numerosas ocasiones no llegan a la mayoría de edad y les prometen estudios o una vida mejor. Una vez captadas les quitan la documentación, abusan de ellas y las trasladan en camiones hasta Uchda, por su cercanía con la frontera con Argelia. Allí las mafias las distribuyen a diferentes países europeos como Alemania, Francia o España, donde son obligadas a ejercer la prostitución durante años para pagar la deuda por llevarlas hasta Europa. Si tienen la mala fortuna de quedarse embarazadas, a las que viven en mejores condiciones las obligan a tomar una píldora abortiva, mientras que a las que corren menos suerte se les inyecta lejía.

La visión europea

Mientras ocurre todo esto, Europa lidera el consumo de prostitución y no solo ignora todo lo que viven los subsaharianos para llegar hasta aquí, sino que siembra el odio hacia ellos. «Vienen a robarnos el trabajo», dicen algunos. No, no vienen a robarnos el trabajo. Vienen a intentar vivir en condiciones dignas después de haber visto como sus hermanas pequeñas tenían que prostituirse para que su madre comiera. O después de que se les haya cortado el acceso al estudio gratuito desde que finalizaron primaria. Algunos jóvenes incluso han perdido la vida por fracturas craneales hechas por las fuerzas auxiliares marroquíes, simplemente por intentar emigrar a otro país para poder estudiar.

Conociendo todo esto, no concibo cómo todavía hay gente que no comprende mi frustración al leer titulares sobre aquellos que quieren instalar concertina alrededor de la valla, o en el caso de Vox, levantar un muro. A todos ellos, me encantaría decirles que no importa cuanta concertina se instale, ni cuantas vallas: cuando a una persona lo único que le queda es su vida, no le importa arriesgarla.

Aun así seguimos creando barreras, alzando muros y cerrando fronteras, mientras ahí fuera hay personas muriendo: en la valla, en el mar y en las montañas. En lugar de odiar a quienes son diferentes, tenemos que aprender, por una vez, a ser tierra de acogida. Abrir de una vez nuestros ojos, nuestra mente y nuestros brazos, para que nadie que huya se sienta abandonado.