El ponente Javier Salinas, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, propuso a los presentes que pusiesen la palabra corrupción en el buscador. Al escribir el término, el concepto se define como “situación o circunstancias en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidas”.

Sin embargo, Salinas intentó desmentir las definiciones e ideas anteriores: «En los países nórdicos como Dinamarca, Noruega o Suecia las administraciones públicas tienen un gran poder y una gran importancia; a la vez que tienen los niveles más bajos de este tipo de fraudes». Por tanto, añadió que este tipo de ilegalidades se desarrollan en esferas diferentes, ajenas o no a las administraciones.

Los casos excepcionales de España y Botsuana

«No obstante, la corrupción sí está vinculada al desarrollo económico del país», declaró. Para ejemplificar esta afirmación habló de países de América Latina como Venezuela, o de Asia, como es el caso de Afganistán, donde el nivel económico es inferior y se desarrollan mayores índices de estas prácticas. «Aunque siempre hay casos excepcionales como el de España y Botsuana, ya que el segundo se encuentra en el continente africano y, aún así, tiene niveles más bajos que el primero», aseguró.

Según el catedrático, basándose en diferentes estudios empíricos, la descentralización o el sueldo de los agentes públicos influyen notablemente en la práctica de este tipo de tendencias, tanto en el ámbito político como en el administrativo. «El nivel de descentralización puede frenarla en la medida en que se fraccionan los presupuestos y existe mayor cercanía, en el ámbito local, al administrador. Pero, a su vez, puede incentivarla por el menor control del Estado en las administraciones públicas», explicó.

Para terminar, Salinas habló de los efectos negativos de la corrupción sobre el crecimiento económico de una nación. En primer lugar, determinó que provoca la disminución de la inversión pública, lo que significa una menor acumulación del capital, y que esta a la vez frena la inversión extranjera en el país. Además, subrayó que para luchar contra ella se necesitan recursos económicos «que podrían invertirse en Sanidad o Educación».