En la primera sesión, moderada por Elisabeth Graham, interventora delegada del Parlamento de Canarias, participó en primer lugar Isabel Puente, jefa del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio de la Universidad de Alcalá de Henares, quien señaló que la contratación electrónica es un reto, y «supone un sistema de transparencia muy potente para las universidades”.

La normativa vigente exige que la contratación con la administración pública sea electrónica; “se trata de un cambio obligatorio, pero necesario”, sostuvo la ponente. “Tenemos que garantizar la seguridad en los procedimientos y la transparencia en la concurrencia de los licitadores, que tienen derecho a relacionarse con la administración de manera electrónica. El apego al papel y el escenario de incertidumbre pesa sobre muchos servicios universitarios”, explicó.

Modernización de los equipos

Para Javier García, auditor de la Universidad Castilla La Mancha, la contratación electrónica exige la adquisición de equipos de última generación, “no se puede hacer con equipos de hace cinco años”, al tiempo que es pertinente la alineación de toda la organización en torno a los nuevos procesos y nuevas formas de trabajar.

Por su parte, Guillermo Yáñez, de la Diputación Provincial de Soria, previno de la importancia de la contratación electrónica, que no tiene marcha atrás, dijo. Enfatizó la importancia de que el cambio lo lideren los rectores de las universidades, y de la oportunidad de compartir conocimiento. Yáñez señaló la pertinencia de comunicar los cambios en toda la organización, de que todo el mundo esté informado. El ponente apuntó que resulta vital la formación constante en este ámbito, y por eso abogó por la creación de comunidades virtuales para poner en común lo que se sabe, hablar y discutirlo.

Todos los participantes coincidieron en destacar que la contratación electrónica no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr mayor transparencia en los procesos de las organizaciones, al tiempo que más eficacia.