Una de las causas principales que se achaca a estas cifras es el elevado precio de los productos frescos frente a los ultraprocesados de mala calidad. Juan Revenga, biólogo, nutricionista y uno de los principales divulgadores de nuestro país, comenta, a raíz de un estudio publicado por la prestigiosa revista British Medical Journal en el que se revela que las dietas saludables salen, de media, 1,1 euros más caras por persona, que «esto supondría un coste al año de 400 euros extra por persona. En una familia de cuatro miembros, ascendería a los 1600 euros, una cifra difícil de asumir».

Aun así, el mismo Revenga señala, en una de sus publicaciones, que es posible realizar cuatro comidas diarias de forma correcta sin excederse en el precio. Estas contienen ingredientes de temporada y, como base, proteínas de calidad. Pese a eso, añade que «el factor de la educación es muy importante», ya que, para él, «comer mal es casi gratis y educar mal, muy barato. Las cosas cambian en medida que nosotros hacemos que cambien, y la alimentación es un buen ejemplo».

La alimentación en Canarias, un problema

La dieta que se lleva a cabo en las Islas es una de las causas que hace que el territorio se desmarque en cifras de exceso de peso. Un exceso consumo de papas, cereales refinados y bollería, sumado a un escaso consumo de vegetales, hace que se alcancen valores tan altos.

«Canarias va un paso por detrás en promoción de una alimentación saludable», declaraba Lluís Serra, catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en una comisión parlamentaria de Sanidad en 2015.

Inmaculada Bautista, doctora del Instituto Canario de Medicina y Nutrición, señala que «aplicamos muy poco la dieta mediterránea». Asimismo, añade que «nuestros hábitos incluyen un menor consumo de aceite de oliva y de verduras, frutas y ensaladas».

La actividad física, un factor clave

La ausencia de ejercicio físico también es clave en esta situación. Canarias cuenta con un 34,22 % de población sedentaria según la última encuesta realizada por el Servicio Canario de Salud. Guillermo Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la ULPGC y expreparador físico del C.D. Tenerife, destaca que «la relación es totalmente directa». «A largo plazo, la ausencia de ejercicio implica obesidad», indica. Además, Rodríguez insiste en que «aun así, solo con actividad física no combates estas circunstancias, sino que debe ir de la mano de una buena alimentación».

La realidad es que, acorde al estudio realizado por Francisco López Jiménez y Mery Cortés Bergoderi, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester, el sobrepeso es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular más prevalente y el que menos mejora en las personas que ya padecen esta dolencia. «La obesidad se ha convertido en una gran amenaza para la salud en todo el mundo. Su prevalencia ha aumentado en prácticamente todos los continentes y probablemente en todos los países desarrollados», declaran.

El papel de las instituciones

Diversas organizaciones, acorde con lo dramático de la situación, han implementado varios planes para reducir la epidemia. El Gobierno de Canarias aprobó un Plan de Abordaje de la Obesidad, en el que relata una serie de consideraciones y recomendaciones para hacer frente al problema. Además, algunas organizaciones políticas de las Islas han solicitado la implantación de un impuesto a bollerías y bebidas azucaradas bajo el pretexto de disminuir su consumo. Esta idea, que llegó a ser traslada al debate del Parlamento, quedó desestimada por parte del Gobierno.

A nivel nacional, la última campaña de prevención de la obesidad infantil llevada a cabo por el Gobierno data del año 2007. Desde ese tiempo, se han implantado varios planes y estrategias de abordaje de la enfermedad, pero los datos siguen siendo preocupantes. España es el segundo país de Europa con mayor número de niños con sobrepeso, únicamente superado por Chipre, según la Organización Mundial de la Salud.

Este hecho, destacaron los intervinientes, «supuso un revulsivo político y social que permitió detectar los principales problemas de la zona: pérdida de habitantes, mal estado de conservación, baja calidad del espacio público y falta de planificación por parte de las instituciones».

Rodríguez y Simón apuntaron que para solventarlos, «fue necesario realizar un catálogo de las edificaciones protegidas que incluyó un elemento novedoso: la ficha de ordenanza pormenorizada». En ellas se estudia qué es viable realizar en cada inmueble y, de ese modo, se logra una unidad de criterios en las posibles actuaciones que se realicen sobre ese patrimonio, algo que hasta el momento no existía.

También, subrayaron, se tuvo que crear una normativa de uso, para poder forzar que hubiera usos residenciales en unas zonas y comerciales en otras. Así, se estableció que la franja comprendida entre la calle Herradores y la calle Obispo Rey Redondo estuviera dedicada intensivamente a uso comercial; que a partir de la zona de la Concepción solamente se permitiera el uso comercial en el 50 % de la superficie construida; y que este porcentaje se redujera hasta el 25 % en otras zonas.