Este hecho, destacaron los intervinientes, «supuso un revulsivo político y social que permitió detectar los principales problemas de la zona: pérdida de habitantes, mal estado de conservación, baja calidad del espacio público y falta de planificación por parte de las instituciones».

Rodríguez y Simón apuntaron que para solventarlos, «fue necesario realizar un catálogo de las edificaciones protegidas que incluyó un elemento novedoso: la ficha de ordenanza pormenorizada». En ellas se estudia qué es viable realizar en cada inmueble y, de ese modo, se logra una unidad de criterios en las posibles actuaciones que se realicen sobre ese patrimonio, algo que hasta el momento no existía.

También, subrayaron, se tuvo que crear una normativa de uso, para poder forzar que hubiera usos residenciales en unas zonas y comerciales en otras. Así, se estableció que la franja comprendida entre la calle Herradores y la calle Obispo Rey Redondo estuviera dedicada intensivamente a uso comercial; que a partir de la zona de la Concepción solamente se permitiera el uso comercial en el 50 % de la superficie construida; y que este porcentaje se redujera hasta el 25 % en otras zonas.