Una pequeña oficina en la Avenida Constitución cedida por el Cabildo de Fuerteventura es el lugar donde la Asociación Entre Mares presta sus servicios a quienes han llegado a la Isla de forma regular e irregular, buscando un punto de información que les ayudara con sus derechos y deberes en su nuevo país de acogida. En los últimos años, la población de la Isla majorera ha aumentado y con esto el ascenso de las personas inmigrantes.                               

Entre Mares nació en 2014 como respuesta a la desaparición de proyectos u organizaciones sociales y el inexistente amparo de las instituciones públicas y privadas canarias respecto a la situación laboral de estas personas. Después de nueve años en activo, María Greco, técnica de Inmigración, recuerda los inicios: «Un grupo de personas que habíamos trabajado con proyectos interculturales, nos reunimos en Tetir el 1 de marzo de 2014 y nos constituimos como una asociación sociocultural con unos objetivos muy claros ante la problemática de la migración».  

Entre los proyectos que ofrece la Asociación se encuentra la atención, asesoramiento e información para la población migrante. Este programa atiende a un determinado colectivo que agrupa a inmigrantes, emigrantes y emigrantes de retorno y a sus respectivas familias. 

El presidente de la Organización, Marcos Rodríguez, nombra las herramientas de inclusión que llevan a cabo: «Hacemos investigaciones de las muertes en la costa canaria y el protocolo no más muertes, que consiste en una concentración 24 horas después de un fallecimiento a bordo de una barca en aguas canarias, para que este suceso no pasa desapercibido». Todas estas actividades son realizadas para impulsar la incorporación social y laboral.  

«Trabajan en la economía sumergida porque si no estarían muertos y en la calle»

Entre Mares llevan a cabo una serie de procedimientos para regularizar el estado de las personas migrantes. El primer paso es realizar un cuestionario cuyos datos se recogen en su base de datos para conocer mejor el caso de cada persona. El segundo es asistir en el empadronamiento para así obtener su derecho a sanidad pública. Greco afirma que el tercer paso «es comentarles que lamentablemente no van a poder regular su situación hasta que no pasen tres años residiendo en el país, gracias a la Ley de Extranjería«. 

Como consecuencia a esta ley, la nueva población migrante no puede acceder a un puesto de trabajo digno y regularizado. Esta recoge que para poder solicitar la residencia y normalizar su situación laboral deben empadronarse y residir durante tres años en España. En este período no pueden salir de su región más de ciento veinte días, para así acreditar haber vivido allí. 

Durante este tiempo tienen que vivir en una casa que deberán pagar con sus ahorros, si tienen. Además trabajar para subsistir y mantener a sus familias con empleos mal remunerados, horarios desproporcionados y en un estado precario. A esto se le suma, una interminable burocracia que no coopera en obtener la residencia y poder poseer los derechos correspondientes. 

Aunque para quienes han llegado en pateras, los papeles de residencia se han agilizado gracias a los centros de menores que les han acogido en su llegada. Anwar, un joven de veinticinco años y residente en Fuerteventura desde hace diez, asegura que «a mí no me costó conseguir los papeles porque desde que llegué me los consiguió el centro y gracias a eso pude estudiar y ahora trabajar».

Vienen en cayucos y no tienen suficientes ahorros disponibles. Estas personas, tanto quienes viajan en patera como en avión comparten situación administrativa irregular. «No pueden trabajar legalmente, pero sí en la economía sumergida porque si no estarían muertos y en la calle», concluye Rodríguez.

«El trabajo es muchísimo y la cantidad de dinero es insuficiente»

La Asociación recibe por parte del Cabildo de Fuerteventura una subvención que permite que el servicio esté disponible unos determinados meses dependiendo de los años. Por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario perciben una cuantía menor y no todos los años. El presupuesto del que disponen también está integrado por cuotas y pequeñas colaboraciones de personas anónimas.

El presidente asegura que «el trabajo es muchísimo y la cantidad de dinero que recibimos por parte de las instituciones públicas es insuficiente». 

María Greco y Marcos Rodríguez viven a diario en su diminuta oficina los grandes problemas de las personas que llegan con ganas e ilusión de empezar una nueva vida en el Archipiélago.

Entre todas las historias devastadoras que escuchan en su día a día, Greco destaca un relato de una chica joven argentina de veinte años que trabaja en b y cobra 300 euros al mes por diez horas al día. Tiene que enviarle dinero a su familia y vive gratis en casa de una amiga durante un mes, después tendrá que ir a la calle. Todo esto sin sumar los bienes de primera necesidad. Este caso no es la excepción y eso es lo peor.