Según Socorro, el principal motivo de la negativa del Archipiélago residió en la «profunda militarización» que las Islas vivían y que no querían expandir. Para ello, se crearon diversas organizaciones con el objetivo de concienciar a la población sobre el efecto adverso que tendría la presencia de la región en la alianza. Además, se recogieron firmas para mostrar el apoyo de la iniciativa impulsada por dichas agrupaciones. «Se consiguieron, en menos de un mes, 30 mil firmas frente a las 25 mil que buscaba la plataforma Canarias contra la OTAN», aseguró el ponente.

Pero la verdadera acción se vivió en 1985, cuando se dieron cuenta de la gran campaña que el PSOE de Felipe González iba a realizar para obtener un resultado positivo en el referéndum en el que se preguntaba al pueblo español por la entrada en el organismo. «Por este motivo, se organizaron jornadas por la paz y el desarme, cadenas humanas e incluso huelgas de hambre. Finalmente, Canarias dio luz verde en las urnas a la marcha de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte», explicó.

Debido a la unión que el pueblo  presentó contra dicha organización, Socorro cerró su intervención asegurando que «el movimiento anti-OTAN en el Archipiélago supuso una de los mejores explicaciones de los nuevos movimientos sociales en Canarias».

Desde el Aula Elías Serra Rafols ULL, donde tuvo lugar el encuentro, Álvarez explicó las dos interpretaciones que existen sobre el tema. La más difundida, según cuenta, es la que considera que se produjo una paulatina relajación moral. Sin embargo, su postura es totalmente contraria.

Así, afirmó que esta distensión no llegó a producirse, sino que por el contrario, a efectos prácticos «en los años 70 se intensificó la regulación sexual». Así como también aseguró que se fomentaron las instituciones de vigilancia, entre las que destacó el protagonismo del Patronato de Protección a la Mujer.

El ponente explicó que este organismo tenía, en teoría, la finalidad de “impedir la explotación de la mujer, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la religión católica”, tal y como indicaba el artículo 4 del Decreto del ministerio de Justicia de 6 de noviembre de 1941. Sin embargo, no funcionaba por sí sola, sino que contó con la colaboración de autoridades como la policía, Iglesia y población civil.

Además, Álvarez incidió en la desigual responsabilidad que la sociedad otorgaba a los embarazos producidos fuera del matrimonio. «El hombre podía despreocuparse en muchas ocasiones simplemente acusando a la mujer de promiscuidad, mientras que a ella solo le quedaba denunciarlo para conseguir que se casase y quedar libre de deshonra social», concluyó.

A continuación, presentó  los diferentes modelos  deseados por los partidos principales de los años 80, donde destacó a la Unión de Centro Democrático (UCD) y al Partido Socialista Español (PSOE). A la hora de hablar del prototipo del primer partido, se analizó que este prefirió el sistema mayoritario, la cercanía al elector y la protección del agro. Sin embargo, el segundo antepuso el sistema proporcional, es decir, una lista regional con modificaciones en el tiempo lo que llevaría a una circunscripción única.

A pesar de las proposiciones, el historiador apuntó que “ambos arquetipos se vieron abocados a encontrarse”. Así surgió el pacto para la armonización del proceso autonómico. Asimismo, mostró la distribución en el Parlamento tras las elecciones de 1983, y comentó que después de los resultados aparecieron los primeros intentos de reforma.

Ángel Dámaso finalizó su presentación aclarando que “los sistemas electorales no son 100% imparciales y los partidos se posicionan o modifican, según la dinámica electoral y/o política”.

Así, el historiador explicó el significado de homosexualidad en el contexto represivo de entonces, distinto al actual. Aseguró que el rechazo abarcaba toda una definición del género y que el franquismo perseguía todo lo que se saliese de la masculinidad normativa. «La sociedad aplicaba el término despectivo maricón a hombres que actuasen de una forma femenina, sin ir necesariamente vinculado a su orientación», explicó.

«La sociedad aplicaba el término despectivo maricón a hombres que actuasen de una forma femenina, sin ir necesariamente vinculado a su orientación»

Esta palabra fue, sin embargo, readaptada como identidad por aquellos a los que se pretendía vejar. Díaz compartió el testimonio de uno de los perseguidos: «No nos gustaba que nos dijeran con desprecio: ‘mira al maricón ese’. Pero entre nosotros sí la usábamos y nos llamábamos así”.

También se abordó en la conferencia la cuestión legal y su evolución durante el Régimen. Al principio era la Ley de 15 de julio de 1954, que a su vez modificaba la Ley de vagos y maleantes del 4 de agosto de 1933, la que se usaba para inculpar la homosexualidad. Sin embargo, fue sustituida por la Ley 16/1970, del 4 de agosto del mismo año, sobre peligrosidad y rehabilitación sexual.

El cambio buscaba suavizar la imagen represiva que implicaba a nivel internacional el uso de un código civil que el historiador calificó como “más propio del siglo XIX”. A pesar de ello, denotó que resultó más un cambio estético que de forma, ya que siguieron siendo perseguidas las conductas sexuales y de género que el régimen no consideraba aceptables.