El vicerrector explicó que la elaboración y redacción de este reglamento obedece a que los nuevos estatutos aprobados este mismo año recogían que, en un plazo de tres meses después de su puesta en marcha, el sistema de evaluación y calificación de la Institución debía ser reformado para que se adaptara a la nueva norma de autogobierno del Centro. De paso, también se ha encardinado esta normativa con lo dispuesto por el Real Decreto 822 sobre organización de las enseñanzas universitarias.

Torres explicó que la normativa, de siete capítulos y 32 artículos, considera que la evaluación continua será la evaluación por defecto en la primera de las tres convocatorias disponibles, a menos que el alumnado solicite acogerse a la evaluación finalista dentro de un plazo determinado. Reflexionó, además que la evaluación continua no es extraña en la Universidad de La Laguna.

Explicó que eso es posible porque el profesorado ha contado con oportunidades de formación sobre evaluación continua, las cuales se van a ver reforzada para el próximo curso, especialmente aquella centrada en la gestión de grupos grandes a través de Moodle. La normativa fue aprobada, pero se revisará un artículo que fue muy debatido, referido al derecho del alumnado a asistir a la revisión de exámenes acompañado, que será reescrito para aclarar mejor sus contenido.

Voto electrónico y contratos plurianuales

Otra normativa que fue aprobada, esta vez por asentimiento, fue el reglamento de voto electrónico en los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de la Universidad de La Laguna, que fue presentado por la secretaria general, Elvira Afonso. Esta normativa da respuesta a una propuesta de resolución aprobada por el Claustro y se enmarca dentro de la apuesta institucional por la modernización y eficiencia de todos los procesos internos de la universidad. Una vez establecido el procedimiento de voto a través de este reglamento, ahora se buscará la plataforma tecnológica que lo facilite, la cual debe cumplir con los requisitos de seguridad, anonimato y otras garantías.

En la sesión también se aprobaron dos contratos plurianuales para la mejora de la modernización y sostenibilidad de la institución, presentados por el gerente, Juan Manuel Plasencia. El primero, por valor de unos 554 000 euros, es para seguir avanzando en la robotización de tareas administrativas repetitivas, para optimizar el rendimiento del persona que, una vez liberado muchas de estas tareas, puede dedicarse a otras funciones de mayor valor añadido.

La financiación para este contrato proviene de una subvención directa del Ministerio de Universidades para la mejora administrativa, tendrá una duración de quince meses y podría ser ampliado por otro periodo similar siempre que vuelva a haber financiación.

A instancias de algunos consejeros, el vicegerente de Planificación Estratégica, José Carlos González, explicó que esta automatización de los procesos parte de un estudio previo sobre las necesidades administrativas y, en todo caso, las robotizaciones siempre se aplicarán a instancias de las personas responsables de cada servicio. En este sentido, reveló que ya existe una cuarentena de solicitudes de robotización pendientes de poner en marcha.

El segundo contrato plurianual aprobado asciende a 1,1 millones y servirá para la instalación de placas fotovoltaicas para autoabastecimiento eléctrico en edificios como el del SEGAI, la Facultad de Derecho, el Estabulario y Animalario, la Sección de Arquitectura Técnica y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. El criterio para seleccionar sobre qué edificios se actuaría fue que sus tejados no necesitaran obras de impermeabilización y que su instalación eléctrica admitiera esta actuación, con la cual se espera un ahorro medio del 30 % de consumo por edificio.

El cierre viene apoyado en un informe de la Asesoría Jurídica, toda vez que el Comité de Empresa del PAS Laboral solicitó una consulta a este órgano en la pasada sesión de Consejo de Gobierno del 21 de enero, al entender que esta medida conculcaba algunos derechos recogidos en el convenio colectivo de las universidades públicas canarias, por cuanto afectaba a su capacidad de disfrute del periodo vacacional y la efectiva conciliación familiar.

El informe jurídico se remite a un recurso de reposición que sobre la misma materia se presentó en 2018 y que fue desestimado por el entonces rector, y que fue posteriormente llevado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde también recayó sentencia desestimatoria en 2020. La fijación de los días inhábiles a efectos de cómputo de plazos es un mero acto administrativo que simplemente, explica la instancia judicial, ofrece seguridad jurídica a la ciudadanía que se relacione con la Universidad de La Laguna. Se trata por tanto de un acto firme y plenamente aplicable, añade la Asesoría Jurídica.

Además, no hay contradicción alguna entre este documento de cierre y el convenio colectivo, que dice que las vacaciones se llevarán a cabo en los meses de verano, lo que también ocurre en el calendario de cierre, cuya mayor parte transcurre en los mismos meses, explicó la secretaria general, Elvira Afonso, en el transcurso de la sesión. Por tanto, no se considera que se haya producido una alteración de las condiciones de trabajo. La decisión fue finalmente aprobada por 30 votos a favor, una abstención y cuatro votos en contra.

Un ahorro de 800 000 euros al año

Así, y según este acuerdo, la Universidad de La Laguna cerrará sus puertas en tres periodos anuales, a saber: Semana Santa, del 11 al 17 de abril, ambos incluidos; agosto, del 8 al 23, ambos incluidos, y Navidad, del 30 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, las dos fechas igualmente incluidas.

Según el informe presentado por la Gerencia al órgano colegiado, estos cierres suponen un ahorro de 800 000 euros al año, dado que se recortan y optimizan los grandes contratos de la Universidad en lo referido a su mantenimiento, es decir, los de vigilancia y limpieza, aunque también se producen ahorros en el consumo de agua y de energía eléctrica.

El documento estatutario aprobado parte de un borrador de reforma de 2017, que finalmente no vio la luz. A partir de él, una comisión formada por representantes de todos los grupos claustrales ha trabajado desde febrero para presentar al pleno del Claustro el documento final, sobre el que ha habido un amplio consenso salvo en el artículo dedicado a la convocatoria de exámenes del mes de septiembre, por lo que se llevaron a la sesión plenaria tres posibles propuestas.

La opción escogida por el órgano colegiado fue la de los grupos de profesorado Renovación Convergente (RC) y Red de Participación Universitaria (REDULL), junto a Grupo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (GEULL) y Libertad Estudiantil (LE). Su propuesta, que recibió 129 votos afirmativos, consiguió la mayoría absoluta del órgano en primera votación, desestimando así las presentadas por Programa Alternativo de Profesorado (PAP), que obtuvo 63 votos, y la de Asamblea Canaria de Estudiantes (ACE), que logró 20 votos.

«La propuesta ganadora opta por un sistema de evaluación continua e indica que el estudiantado tendrá derecho a tres evaluaciones»

La propuesta ganadora opta por un sistema de evaluación continua e indica que el estudiantado tendrá derecho a tres evaluaciones en el marco de dos convocatorias oficiales antes de finalizar el mes de julio. Con ello, la actual convocatoria de septiembre se trasladaría al mes de julio, de tal forma que el alumnado no pierde opciones de evaluación y se ordena el calendario académico, que hasta el momento solapaba un curso con otro.

Por contra, la opción de PAP proponía dos convocatorias: una primera, con evaluación continua a lo largo del curso y en caso de no superarse un examen final; y una segunda convocatoria, con el examen final (o recuperación) en julio, eliminando así septiembre. La tercera posibilidad, a manos de ACE, pretendía tres convocatorias tanto para las asignaturas anuales como para las cuatrimestrales. El estudiantado tendría derecho a superar las asignaturas mediante evaluación continua, que supondrá el cien por cien de la nota final, sin que suspender esta modalidad de evaluación supusiera en ningún caso que se agotase convocatoria.

La secretaria general, Elvira Afonso, señaló al comienzo de la sesión que el nuevo texto contiene además una actualización de la redacción y cambios en su estructura formal, como una mejor sistematización en la descripción de los órganos de gobierno o una regulación interna más coherente. Igualmente, también han experimentado cambios los capítulos dedicados al profesorado y al personal de administración y servicios, al delimitarse su tipología, régimen jurídico o derechos y deberes. Se delimitan conceptos relacionados con los servicios universitarios y a su vez todo el texto se ha adaptado al lenguaje inclusivo.

El texto estatutario aligera el peso reglamentario, se reduce y simplifica el trámite presupuestario, incorpora la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado y la Unidad de Igualdad de Género, y clarifica aún más el papel de control de la Intervención. Estas fueron algunas de las novedades que contiene la norma esbozada por Afonso, antes de pasar al turno de intervenciones de los claustrales.

La ceremonia estuvo presidida por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien estuvo acompañado en el escenario por las consejeras de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, y por la titular de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, entre otras autoridades. En el acto, Rosa Aguilar explicó que el ataque a la enseñanza pública se está dando en multitud de latitudes. Así, dijo que Estados Unidos ha reducido la financiación de sus agencias de investigación, como la de la propia NASA, o que en Brasil se ha recortado los recursos monetarios para áreas como la Sociología o la Filosofía.

Ante este panorama, la rectora subrayó que  «las universidades públicas debemos permanecer alerta ante posibles injerencias sobre la libertad de cátedra y las tentaciones de reducir el presupuesto destinado a investigación, especialmente en ciencia básica, y en determinadas materias que, un concepto excesivamente utilitarista del conocimiento podría considerar como poco productivas».

Aguilar hizo referencia a varios retos globales como el cambio climático, las migraciones, la igualdad de oportunidades o el machismo, en los que señaló que las universidades públicas están dando respuestas fehacientes y contrastadas. Definidas como productoras de conocimiento nuevo, la máxima mandataria de la institución docente recordó que más del 93 % de la producción científica que se genera proviene, precisamente, de los centros públicos de educación superior.

Renovación de la plantilla docente

Aguilar fue especialmente incisiva en la necesidad de renovación de la plantilla docente, dado que en un plazo de cuatro años se jubilará alrededor del 50 % de este colectivo y, por tanto, toca ordenar esa salida para que, en su opinión, se simultanee con la entrada de profesorado joven y, así, compartan docencia y dé tiempo a que los noveles se incorporen a los grupos de investigación ya consolidados y no se pierda, por tanto, capital intelectual.

También puso atención al futuro de los jóvenes investigadores, un colectivo competitivo y bien formado que, por falta de oportunidades, «se va de nuestro país para nunca más volver». Por eso pidió a las autoridades programas específicos de retención de talento, tanto predoctoral como posdoctoral, al tiempo que sugirió la necesidad de estabilización del personal técnico y de laboratorio tanto de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación como del Servicio General de Apoyo a la Investigación, unidades que se ocupan de forma complementaria de la transferencia del conocimiento al tejido productivo.

La rectora destacó que la financiación es «vital para que nuestras universidades públicas puedan crecer y seguir ofreciendo resultados científicos de excelencia», al tiempo que denunció que «la inversión en I+D en Canarias es la segunda más baja de España, solo por delante de Baleares».

«Las facultades de Educación y de Ciencias de la Salud no pueden esperar más»

En el capítulo de las infraestructuras, la rectora se mostró tajante: «Las facultades de Educación y de Ciencias de la Salud no pueden esperar más. Tenemos que buscar una solución a estos inmuebles obsoletos y aquejados de múltiples deficiencias. Es hora de acometer de forma integral la nueva edificación de estas dos facultades».

También indicó que han presentado a la Consejería de Educación el detalle de la financiación necesaria,»centro a centro, edificio a edificio, para lograr que los campus estén a la altura de lo que demandan sus usuarios y respondan a las expectativas que nosotros mismos generamos como universidad competitiva que somos. Somos una institución docente con muchos años a nuestras espaldas: tenemos problemas de accesibilidad, de impermeabilización, de reparación de laboratorios, de renovación de fuentes energéticas… Un largo listado de necesidades que lastran nuestra eficiencia como institución».

Lección inaugural

Antes de la intervención de la rectora, el acto comenzó con la lectura por parte de la de la secretaria general, Elvira Afonso, del resumen de la memoria académica del pasado curso 2018/19, documento que ya está íntegramente publicado en la web institucional. Seguidamente, la catedrática de Historia del Derecho y las Instituciones María Carmen Sevilla González dictó la lección inaugural del curso 2019-20, titulada La igualdad jurídica: un proyecto inacabado. (perspectiva desde la historia del derecho comparado), en la cual repasó la evolución de un concepto que, aunque puede parecer arraigado en la historia de la legislación, es relativamente reciente: la igualdad.

Tras la lección inaugural, el acto prosiguió con la investidura y admisión al Claustro de la Universidad de La Laguna de una decena de las veinticuatro personas que obtuvieron el título de doctor o doctora el año pasado. Seguidamente, la flautista Aleida María Lorenzo Hernández y el guitarrista Román González García ofrecieron al público asistente un interludio musical.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, Elvira Afonso, fue la encargada de inaugurar el encuentro que buscó impulsar al voto en las elecciones europeas. Además, estuvo acompañada por Ruth Martinón, directora del Centro de Documentación Europea de la institución académica, quien señaló que se había invitado a representantes de más partidos políticos pero que, por cuestiones de agenda, no pudieron estar presentes.

Responsabilidad política

El euroescepticismo y la inmigración fueron los dos grandes bloques que centraron la primera parte de la mesa redonda. Pese a las posibles diferencias entre partidos, los tres invitados abogaron por ser más europeístas que nunca, aunque Juan Fernando López Aguilar señaló que “la Unión está sumida en la peor crisis” que ha vivido. Sin embargo, los candidatos al Parlamento Europeo consideraron que es necesario tener responsabilidad política. En este sentido, Izaskun Bilbao se mostró clara y señaló que “cuando hay un problema cada institución tiene que asumir su parte de culpa y no echar balones fuera».

Erasmus+, Interrail, Garantía Juvenil, son algunas de medidas que se han impulsado desde el Parlamento Europeo pensando en los jóvenes. Aun así, Gabriel Matos apuntó que hay que seguir trabajando para que estén informados porque “el futuro de Europa es el futuro de los jóvenes”.

López Aguilar apuntó que esta parte de la sociedad, tan castigada por el desempleo tras la crisis, defiende ahora causas trascendentales, como el feminismo o el cambio climático, algo que era impensable hace años. Por este motivo, y para que no se pierdan los valores y todo lo que se ha conseguido con la Unión Europea, tanto Matos como Bilbao o Aguilar, pidieron a los más jóvenes que vayan a votar el próximo 26 de mayo.

Antes de la mesa redonda, el acto fue inaugurado por Antonio Martinón, rector de la ULL; María Elvira Afonso, decana de la Facultad de Derecho; y Antonio Domínguez Vila, profesor de Derecho Constitucional.

Martinón alabó la celebración de este acto y recordó el papel de los políticos que se convirtieron en “punta de lanza de lo que pedía la sociedad española” hace 40 años. Además, incidió en la importancia de los centros académicos, que ya desde aquella época aportaban mucho a la sociedad, algo que se hacía patente al ver que una parte de las personas que estuvieron al frente de la firma de la Constitución, eran profesores de universidad.

Obra humana

La firma de la Carta Magna supuso un antes y un después para la sociedad española, una situación que se logró gracias al consenso y el pacto de todas las partes que estuvieron presentes. Afonso recordó que la Constitución es una obra humana y como tal presenta imperfecciones, pero aun así no se debe minusvalorar la importancia que ha tenido a la hora de alcanzar una convivencia pacífica y democrática a lo largo de estos 40 años.

Por su parte, Vila no perdió la oportunidad de resaltar la figura de los canarios que estuvieron presentes en la firma de la Constitución. El profesor de la ULL señaló que este evento quería honrar a esas personas que tanto valor tuvieron a finales de la década de los 70, cambiaron la historia del país y hoy merecen un homenaje por parte de los jóvenes que han nacido y vivido en un lugar en el que reina la democracia.

Recordando una fecha histórica

Si hay alguien que puede contar lo que sucedió en la política española del 77 y 78, esos son Luis Fajardo Spínola y Esther Tellado Afonso, diputados en el Congreso en aquel momento, y María Dolores Pelayo, una de las seis senadoras que tenía la Cámara Alta a finales de los 70.

Los tres representaron a Santa Cruz de Tenerife y a Canarias durante la firma de la Constitución y fueron parte esencial en el proceso democrático, un momento en el que tenían una gran responsabilidad porque debían crear nuevas leyes democráticas para un país nuevo, tal y como reconoce Tellado. Fajardo recordó sus sensaciones al entrar en el Parlamento y poder constatar que fuerzas políticas con ideales muy distintos se habían puesto de acuerdo para constituir la Carta Magna.

Pelayo comenzó su intervención indicando que “el que recuerda la historia tiene la ventaja de no repetir los errores del pasado” y señaló que, en ese momento, la “legalidad” que venía de la dictadura ya no valía y tenía que cambiar. Sin embargo, indicó que no todo fue fácil puesto que se convirtió en una época con cierto peligro, pero que afortunadamente concluyó con la democracia que existe hoy en España. En este sentido, Fajardo también apuntó que se produjeron debates intensos, pero que a diferencia de lo que está ocurriendo en la actualidad en el Parlamento, no se alzaba la voz y mucho menos se insultaba.

La figura de la mujer

El papel de la mujer también fue un punto importante en la mesa redonda. Tellado señaló que en el Congreso no representaban ni el 10 % cuando se firmó la Constitución. Las mujeres en aquel momento buscaban el respeto de la sociedad y la igualdad, algo que, bajo el punto de vista de Pelayo, 40 años más tarde aún no se ha conseguido. Es más, la senadora señaló que mientras la sociedad no cambie, no será posible que se consiga esta lucha.

La reforma de la Constitución entró en el debate y los tres representantes canarios coincidieron en la necesidad de llevarla a cabo. Fajardo quitó hierro al asunto destacando que hay que “normalizar” la reforma de la Carta Magna, más allá de alarmarse por este tema.

Pelayo, por su parte, dejó claro que durante estos 40 años se ha vivido pacíficamente, pero que ahora se debe afrontar una reforma porque los tiempos han cambiado y concluyó diciendo que más que generando debates insulsos, lo que hay que hacer es plasmar las modificaciones de la Constitución en texto, como se hizo a finales de los 70.

Junto a ella, el vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García, el secretario del consejo canario del movimiento europeo, Lucas Pérez, la decana de la Facultad de Derecho de la ULL, Elvira Afonso, y la directora Académica del Centro de Documentación Europea, Ruth Martinón, inauguraron la sesión que se celebró en el Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de la ULL.

El evento giró en torno a la reflexión del movimiento europeo para la necesidad de reforzar el eje social y, para ello, contó con la presencia de dos expertas en el tema. Por un lado, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Margarita Ramos, que comenzó su intervención a las 10.30 horas, y continuó con Valérie Parra, responsable del Área Europa y secretaría de Internacional CEC-UGT.

Los tres ejes en los que se articula el Pilar Europeo

Ramos se remontó a los orígenes de la crisis económica para explicar la importancia del Pilar Europeo de Derechos Sociales, presentado por primera vez en 2016 en el Parlamento Europeo y que surgió como una solución al paro, la pobreza y la exclusión social. «La igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, las condiciones del trabajo equitativo y la protección social adecuada y sostenible, son los tres ejes en los que se articula el Pilar Europeo», según comentó la catedrática.

“En 2017 el Parlamento Europeo se da cuenta de que hay que revertir la situación social para que la ciudadanía recupere la credibilidad en la UE, por lo que saca a la luz el texto definitivo”, afirmó Ramos. En él se anuncian una serie de cambios sociales y laborales, entre ellos, el de la conciliación de la vida familiar y laboral, la obligación de los empleadores de informar a los trabajadores, modificaciones en los sistemas de protección social y en el tiempo de trabajo.

Cada año, el centro de Documentación Europea celebra esta cita en reconocimiento de la importancia histórica de la declaración que hizo el ministro francés de Asuntos Exteriores, Schuman, y así conmemorar la paz y la unidad del continente. Pero ayer viernes, por primera vez, el acto tuvo como partícipe al Consejo Canario del Movimiento Europeo.

A las 09.00 horas, el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, y la decana de la Facultad de Derecho, María Elvira Afonso, inaugurarán este evento que contará con diversas ponencias a lo largo del día. En ellas, especialistas en diferentes áreas de conocimiento jurídicas expondrán el resultado del trabajo de investigación realizado a algún problema del ordenamiento jurídico europeo.

Enrique Pérez Luño, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla , abrirá el acto con su conferencia titulada Los valores jurídicos de Europa. A continuación, el docente asociado del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL, Pablo Segado Rodríguez, hablará sobre La Agenda Europea para la economía colaborativa.

Por otro lado, la profesora titular de Derecho Penal Fátima Flores Mendoza, tratará la respuesta penal frente a los ataques trasnacionales contra los derechos de los consumidores, y Ruth Martinón Quintero, profesora ayudante y doctora del área del Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, presentará los posibles escenarios posteriores al abandono de la UE por parte del Reino Unido. En el ámbito del Derecho Mercantil, la docente Irene Navarro Frías, abordará el MiFID II: cambio de paradigma en la protección del inversor. Mientras que la investigadora de Derecho Administrativo, Alicia Espejo Campos comentará la influencia del Derecho de la Unión Europea en la ordenación urbana.

Finalmente, el asunto sobre el Consentimiento válido en el nuevo reglamento europeo de protección de datos, lo impartirá Carlos Trujillo Cabrera, profesor ayudante doctor del área de Derecho Civil, y por su parte, la ponencia La deducción por Inversiones en Canarias. Su actual configuración como Ayuda de Estado, de la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, Adriana Marín Cáceres, cerrará las jornadas, promovidas por el Centro de Documentación Europea y la Facultad de Derecho.

Centro de Documentación Europea

En 1981 se creó el Centro de Documentación Europea, mediante un Convenio entre la Universidad de La Laguna y la Comisión Europea, con el objetivo de responder a las necesidades de los estudiantes, investigadores y ciudadanos haciendo accesible la información sobre la Unión Europea y sus políticas. Así, la institución tinerfeña conserva, cataloga e indiza dicha documentación para facilitarla al conjunto de la comunidad universitaria y al público en general.