La Acampada por la dignidad comenzó el pasado julio de 2021, donde más de una veintena de personas desahuciadas se instalaron frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Después de 400 días de lucha siguen reivindicando el derecho real a un techo digno. La falta de respuesta por parte del Ejecutivo canario provocó que varias personas damnificadas abandonaran la causa. «No solo defendemos los derechos de los individuos que están durmiendo aquí, sino el de miles de familias canarias que pueden estar en peligro», comenta el portavoz de la acampada Lolo Dorta.

La acampada surgió como protesta a las entidades gubernamentales que no amparan a las familias desahuciadas por impagos de alquiler. Por tanto, carecen de protección jurídica. Sin embargo, el Estado protege a sujetos que provengan de desahucios de grandes tenedores y fondos buitres. «Muchas familias canarias se han visto abocadas a la desgracia y a caer en problemas psiquiátricos, de drogadicción y alcoholismo», apunta Dorta.

El colectivo afectado que está instalado en las calles de la capital tinerfeña se encuentra en unas condiciones precarias. Llevan meses viviendo entre cucarachas, ratas y moscas. Además, han tenido que sobrevivir a diferentes tormentas de agua y enfermedades.  El portavoz señala la importancia de establecer, en Canarias, la Ley del Tanteo y Retracto y la Ley de Expropiación Temporal a bancos y fondos buitres. A su vez, comenta la dejadez que tienen las administraciones públicas ante la situación.

«Las verdaderas personas guerreras son quienes están durmiendo en la calle»

Después de un año, el Gobierno no ha establecido ninguna solución digna. «Gracias a la presión que el colectivo ha realizado se han mantenido todos los desahucios de las personas afectadas que venían con citaciones judiciales, hay otros que no se pudieron frenar como en el caso de los alquileres», afirma Lolo Dorta.

Debido a la constante lucha de la Acampada por la dignidad, han conseguido que algunas familias damnificadas consigan un alquiler social. En algunas ocasiones, han logrado poner el agua y la luz en muchos hogares. Eso sí, afirma con resignación que «hemos conseguido que nos escuchen, pero no hemos obtenido grandes soluciones».

El traslado comenzó a las 17.00 horas y estuvo acompañado de una manifestación en la que también participaron algunas agrupaciones de activistas que apoyan la causa. Entre todas las personas presentes ayudaron a descargar las pertenencias de cada una de las familias perjudicadas. Lolo Dorta, portavoz de la acampada, comenta que es necesario que la Administración Pública compre un paquete de viviendas para poder rescatar a toda la gente damnificada.

La idea de esta acampada comenzó hace dos meses debido a que ninguna entidad gubernamental protege a las familias desahuciadas por impagos de alquiler. Actualmente, el Estado Español sustenta una moratoria que ampara aquellas unidades familiares que provengan de desahucios de grandes tenedores y fondos buitres. En cambio, las que son desahuciadas por falta de recursos carecen de protección jurídica. «Queremos conseguir una alternativa habitacional para todas estas familias afectadas, ya que por parte de las administraciones llevan más de veinte años sin construir viviendas públicas», afirma Lolo Dorta.

«Llevamos treinta y cuatro días, pero también meses y años luchando por una vivienda digna»

El pasado 13 de julio, el Gobierno de Canarias, tras reunirse con algunas personas perjudicadas, determinó que iba a establecer un decreto-ley para abordar la protección de estas familias si el Ejecutivo Central no sigue con la moratoria de desahuciar a personas sin recursos. Ariadna, una de las damnificadas, subraya: «No me siento escuchada ni por el Gobierno canario ni por el Ayuntamiento».

La finalidad de la manifestación es conseguir que el Gobierno de Canarias promulgue la ley del tanteo y retracto, que se está empleando en otras comunidades autónomas. Su objetivo es ofrecer paquetes de viviendas vacías a la Administración Pública antes de que los bancos y grandes tenedores oferten domicilios a empresas extranjeras que tributan fuera de España.