A través de su trabajo en diversas iniciativas y organizaciones internacionales, Ndongala ha luchado incansablemente por los derechos de las personas en todo el mundo, con un enfoque particular en la protección de las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad.

«Las mujeres buscan un futuro esperanzador y vienen a dar lo mejor de sí mismas»

¿A qué se tienen que enfrentar las mujeres africanas en el camino? «Las mujeres vienen buscando un futuro esperanzador y vienen a dar lo mejor de sí mismas, desgraciadamente, la mayoría tienen que enfrontar barreras económicas, sociales y culturales que les impiden acceder a oportunidades educativas, económicas y políticas. Además, muchas son víctimas de violencia de género, explotación, mercantilización y abuso, lo que las deja completamente apartadas y sin voz».

¿Cómo es el proceso que siguen las mujeres para integrarse en el país? «El proceso de integración no es nada fácil porque detrás de cruzar mares y muros por Europa siguen quedando muchas obstáculos por sobrepasar, como por ejemplo la falta de información, no existe un itinerario bien definido para las personas migrantes, especialmente para las mujeres. Son las asociaciones e identidades las que intentan diseñar un itinerario individual para poder trabajar con ellas, ya que cada una tiene una historia y circunstancias totalmente diferentes».

¿Cuáles pueden ser algunas de las barreras o dificultades que se encuentran? «La migración forzada requiere múltiples adaptaciones en muy poco tiempo pero en España todavía no hay herramientas suficientes para poder trabajar con el colectivo de las mujeres migrantes porque ellas llegan con una mochila de muy malas experiencias, embarazadas y aquí se encuentran en un limbo de rechazo social y con una gran falta de redes de apoyo».

¿Qué consejo daría a una mujer africana que acaba de llegar a España? «El primer consejo que le daría es que sea ella misma, que sea su propia referente y que tengas sus ideas claras, sus objetivos y buscar cómo poder cumplirlos. Muchas veces estas mujeres viven en una incertidumbre constante cuando llegan al país, sin embargo, la mujer africana es una mujer de esperanza que siempre consigue salir hacia delante y completar todas sus metas, porque su dignidad es más fuerte que el miedo».

«El lema de Karibu es: nadie es ilegal en esta vida»

¿Cómo fue su llegada a Karibu y de qué manera decidió implicarse en el proyecto? «Mi llegada a la Asociación fue puramente de casualidad porque a los dos días de llegar, me sentía totalmente perdida sin conocer a nadie y sin hablar español, estaba desesperada y no sabía a dónde ir. Entonces, una señora me dijo que conocía un sitio en el que ayudaban a personas como yo y me llevó a Karibu, desde allí me ayudaron muchísimo a integrarme en la sociedad. Años después, recordando lo que yo había sufrido cuando llegue al país decidí que yo también quería salir al encuentro de las mujeres que llegan cada día y depositar mi granito de arena para visibilizar lo invisible».

¿De qué forma ayudan a las mujeres que llegan a la Asociación? «Yo creo que la ayuda que yo proporciono a las usuarias que llegan a Karibu es la escucha activa porque allí hemos creado un espacio seguro, nuestro lema es que nadie es ilegal en esta vida. Puedo afirmar que no hay ningún centro en España que reúna a tantas mujeres africanas, en el que todos los días de lunes a viernes encuentran a personas que les tienden una mano».

¿Hay alguna historia de alguna usuaria que recuerde o que le haya marcado especialmente? «A lo largo de veinte años he escuchado infinidad de historias que nunca dejarán de sorprenderme. Todas las historias te impactan porque es un camino muy difícil pero hay una que jamás olvidaré y fue la de una mujer de 21 años que tardó como seis o siete años en llegar a España. Me sorprendió cuánto tardó en llegar pero aún más cuando me contó que se vio forzada a bloquear su menstruación durante esos años porque no había agua en el desierto ni tampoco compresas».

«Los medios de comunicación tienen que hacer un examen de conciencia»

¿Cree que los medios de comunicación realizan buenas narrativas sobre las personas que migran? «Creo que los medios de comunicación tienen que hacer un examen de conciencia, cargan con una gran responsabilidad en cómo presentan las historias de las personas que migran. Desafortunadamente, en muchos casos, el lenguaje utilizado en las noticias está cargado de prejuicios y estereotipos que pueden perpetuar falsas narrativas y crear una imagen negativa de las personas migrantes. Las mujeres migrantes, en particular, piden justicia y un trato equitativo en la cobertura mediática. No solo somos datos y estadísticas, somos personas».

¿Qué mensaje le gustaría mandar a las mujeres migrantes? «Más que a las mujeres, me gustaría mandarlo a la sociedad civil, quiero destacar que el cambio real y duradero solo puede lograrse a través de un compromiso colectivo en el que asumamos nuestra responsabilidad y trabajemos para crear un mundo más pacífico, justo e inclusivo. Todas las personas podemos ser agentes de cambio y solo a través de nuestra participación y compromiso podremos alcanzar una transformación real hacia la tolerancia y el respeto a la diversidad».

Entre las bases del concurso se encuentran aspectos como la duración, que no podrá exceder los tres minutos y medio con los créditos incluidos. En lo que respecta a los trabajos premiados, habrán tres galardones. El primero corresponde a 2000 euros, el segundo a 1500 euros y, finalmente, el tercer trabajo recibirá 1000 euros. El plazo para presentar los cortometrajes se abrirá el próximo jueves, 8 de diciembre, a las 8.00 horas y finalizará a las 23.55 horas de ese mismo día.

Desde la Fundación subrayan que se tendrán en cuenta aspectos como la originalidad, singularidad, creatividad y la capacidad de generar nuevos contenidos por parte de las personas participantes. «Lo importante es que la juventud disfrute grabando planos y editando», afirma la entidad organizadora del evento a través de sus redes sociales.

Según Amnistía Internacional en el Mundo hay cerca de 27 mil personas en el corredor de la muerte esperando su condena. Los países que llevan a cabo estos actos suelen hacerlo mediante métodos como la decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento. Esto, sin duda, traslada nuestras mentes a las penitencias propias de los siglos anteriores. Sin embargo, estas ejecuciones han evolucionado a medida que lo iba haciendo la sociedad, llegando a estar presente hoy en día en las líneas legales de muchos estados.

En 92 países existe una pena de muerte regulada por ley y, aunque en muchos otros la actividad no está regulada, se lleva a cabo de igual forma. ¿En qué cabeza cabe que sea legal que ciertas personas decidan si otras viven o mueren?

«La venganza no es una solución viable para prevenir crímenes»

Se piensa comúnmente que una condena de muerte es fruto de un crimen atroz. Es verdad que en países desarrollados como Estados Unidos, los  que todavía mantienen esta pena si la usan bajo delitos de gran gravedad, como son asesinatos en serie o violaciones en masa. Sin embargo, en países menos desarrollados como Sudan o Irán, se puede condenar a muerte a una mujer por el simple hecho de tener relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio. Por lo que cada país puede decidir a su antojo qué clase de delito merece una defunción. Es un acto espantoso que se ejerce sin control ninguno, se decide sin más qué se condena y a quién.

Es verdad que hay delitos que enfurecen la opinión publica y hacen inevitable cuestionarse una pena de muerte. Alfredo Garavito violó y asesinó a casi 200 menores en Colombia de 1992 a 1999 y hoy en día cumple condena en una cárcel de Valledupar. Es estremecedor pensar la de vidas que arrebató ese ser, y la de sufrimiento que sigue provocando hoy en día a tantas familias. Cualquiera en su sano juicio diría que hay que hacerlo pagar con su propia medicina. A mí también me es imposible no pensarlo mientras escribo estas líneas. Pero, ¿a dónde llega esa sed de venganza? ¿Realmente apaciguara el dolor de las familias que Garavito sea electrocutado?

La venganza no trae de vuelta a las víctimas, ni calma el dolor de sus familiares. No es una solución viable para prevenir una ola de crímenes en una sociedad. Es más, apoyarla por un caso atroz solo trae consigo la oportunidad de que muchos países la lleven a cabo en casos demasiado absurdos. Son severos los países, sobre todo en Asia o África, en los que se lleva a cabo una pena de muerte por hurtos o por choque de ideas políticas.

Hay que ser consciente de que si alguien la apoya por un acto determinado, también la está justificando para cualquier otro, sin importar qué grado de atrocidad trate. Además, nadie es capaz de plantearse que, si matas a una persona porque ya mató, estarías rebajándote a su mismo nivel.

Así, no solo se encarga de tratar un tema de actualidad como es la Covid- 19 y sus consecuencias económicas, sociales y jurídicas, sino que también analiza, de forma minuciosa, las distintas acciones que puede emprender la ciudadanía que se haya visto afectada indirectamente por esta afección. Además, también tiene una visión crítica, ya que llega a cuestionar la responsabilidad de la Administración ante esta crisis sanitaria y cuáles son los ámbitos empresariales en los que ha tenido una mayor incidencia.

Por otra parte, el libro dispone de un anexo que está dedicado a resolver cuestiones procesales que se puedan plantear las personas que lo lean, así como al análisis de los diferentes seguros que existen. En especial, hace especial incidencia el de responsabilidad civil, más habituales en las las empresas, que pueden hacerse cargo de resolver los efectos colaterales provocados por la pandemia, y así evitar que la deuda no quede a cargo del bolsillo de particulares.

En lo que respecta al Estado de Alarma y a otras medidas sociales y sanitarias impuestas en los últimos meses por los poderes públicos, las últimas páginas de la obra tratan su repercusión, y cómo no, cuestionan su buen ejercicio. Así, se consolida como una amplia referencia legislativa que busca proteger a pacientes y negocios y vela por los derechos fundamentales de la personas, que en este último año, en muchos casos, se pudieron ver restringidos.

El pueblo saharaui se ha hartado de esperar pacíficamente treinta años por el referéndum prometido por la ONU. La guerra se ha convertido en la única opción para ellos, Sokaina Ndiaye, presidenta de la Asociación Canaria De Amistad Con El Pueblo Saharaui, afirma que «nos da una esperanza pues, aunque tengamos muchas pérdidas humanas y las consecuencias no sean para nada buenas, es la única vía de la que disponemos para luchar tras haber esperado por muchas promesas que no se han cumplido».

La población saharaui ha tenido que sufrir represiones, hostigamientos y la violación de sus derechos humanos por los errores que cometió España al abandonar el territorio en 1975 sin descolonizarlo. Desde situaciones climatológicas insoportables, como ha sido el reciente caso de la tormenta de arena del pasado junio en los campamentos de refugiados de Argelia, hasta la escasez de necesidades primarias como son los alimentos, la sanidad o la educación.

«Aunque tengan muchas carencias, los saharauis viven con respeto y con la misma esperanza que hace 45 años por conseguir su libertad»

Sokaina Ndiaye asegura que los saharauis prefieren vivir en los campamentos de refugiados, pues «aunque tengan muchas carencias los saharauis viven con respeto y con la misma esperanza que hace 45 años por conseguir su libertad». Mientras, en los territorios ocupados se viven fuertes represiones por parte del monarca alauí hacia cualquier saharaui que intente expresar su voluntad por su país.  Un claro ejemplo es el caso de las activistas, Mina Bouali, Oumosaad o Sultana Khaya y su familia, que se encuentran asediadas en sus domicilios, donde reciben diariamente desde agresiones y violaciones con tubos, hasta allanamientos, amenazas e intimidaciones por parte de la policía marroquí.

La situación de activistas y periodistas saharauis se ha visto agravada con la reanudación de la guerra. Marruecos ha querido silenciar todo lo relacionado al retorno de las armas por lo que ha reforzado las contenciones, sobre todo, en El Aaiún. El Frente Polisario ha mantenido a su población informada mediante partes de guerra en los que notificaba, entre otras cosas, que había bombardeado bases militares marroquíes en las regiones de Al Farsiya, Al Bakary, Dirt, Hauza, Azeim Agloud. El gobierno marroquí, por su parte, no ha reconocido ni la actualidad de los hechos ni las bajas en sus filas combatientes.

La Asociación Canaria De Amistad Con El Pueblo Saharaui ha logrado visibilizar más la causa saharaui e integrar a toda la población que llega a Canarias. Centenares de asociaciones y colectivos se unieron en mayo y junio para llevar a cabo una nueva iniciativa que consistió en una marcha desde distintas partes de España con el objetivo de reunirse todos en Madrid. Ndiaye señala que «fue una gran oportunidad para el pueblo saharaui y español, pues reforzará la unión y el apoyo que ha habido desde siempre».

El recorrido en Tenerife se dividió en dos partes, uno en el norte y otro en el sur de la Isla. El proyecto comenzó el día 20 de mayo y finalizó el 19 de junio. El evento contó con la participación de distintos grupos musicales.

Por otra parte, el ingreso hospitalario en Logroño del presidente del Sáhara, Brahim Gali, tras contraer la Covid-19, desencadenó tensiones entre España y Marruecos. Este último, en su día, comparó la situación del Sáhara con el procés de Cataluña, alegando que no optaron por la neutralidad y apoyaron en todo momento la integridad española.

Asimismo, el presidente español, Pedro Sánchez, aprovechó la rueda de prensa de la XIII Cumbre Hispano-Polaca para rechazar totalmente las acciones del País vecino. El jefe de Estado insistió en que no es admisible que haya un gobierno que use a personas y fronteras por diferencias y desacuerdos en política exterior.

Alemania, Finlandia y Países Bajos son algunas de las naciones europeas que han tenido encontronazos con la actitud beligerante que tiene el reino alauí con su diplomacia exterior. Marruecos ha cortado la cooperación policial en materias de seguridad, como la de inteligencia y antiterrorista, con la región germana por su posición a favor de la soberanía del Sáhara Occidental.

La principal causa de esta conducta es el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en diciembre de 2020. Uno de los motivos por los que Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí fue para normalizar las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. El petróleo, fosfato o hidrocarburos que estén o puedan encontrarse en la zona del Sáhara Occidental pasarían a mano marroquí, por lo que serían susceptibles de intercambios con empresas norteamericanas.

El profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, Francisco Déniz, y diputado de Unidas Podemos en Canarias, explica que «se pueden forzar durante un par de años determinados chantajes por parte de Marruecos, pero no para siempre y menos en esta situación delicada de crisis pandémica mundial».

Además, dice que «está actuando guiado por un envalentonamiento después de la decisión de Trump que no corresponde a ninguna realidad».

«Se pueden forzar durante un par de años determinados chantajes por parte de Marruecos, pero no para siempre»

El Frente Polisario ha asegurado que la hostilidad de Marruecos hacia España no se debe a la acogida de Brahim Ghali, sino que viene del fracaso político al ver que la Unión Europea no ha seguido los pasos de la primera potencia mundial.

La República Árabe Saharaui Democrática destaca el empeño del ejecutivo marroquí por falsear informaciones para manchar la imagen del líder del Frente Polisario. Alude a las denuncias interpuestas por Fadel Breica, que lo acusa de torturas y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019,  y otra de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), que lo relaciona con  delitos de genocidio y lesa humanidad contra disidentes saharauis y prisioneros de guerra en las últimas décadas.

Las acusaciones se demostraron falsas en la  comparecencia que tuvo lugar el 5 de junio. El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, rechazó todas las medidas cautelares solicitadas contra el militar, incluida la entrada en prisión provisional y la retirada del pasaporte.

Periodismo saharaui en la diáspora

En medio del conflicto existen medios de comunicación independientes creados por activistas en el extranjero con el objetivo de mantener una información verídica y contrastada sobre la actualidad del Sáhara Occidental en general. 13N es uno de los medios de comunicación aficionados que han surgido en los últimos tiempos.

Salamu Brahim Salem, miembro del grupo, comenta que «nuestro objetivo es el informar sobre lo qué está pasando y abarcar la cuestión histórica del conflicto para rellenar ese vacío bibliográfico que existe actualmente».

Redes de cooperación interuniversitario Canarias-África consta de una serie de acciones comunes como son los diagnósticos iniciales.  «Hemos elaborado códigos éticos de funcionamiento en base a la normativa internacional en el tema de igualdad, establecimos retos comunes de manera participativa, hemos hecho publicaciones y un trabajo de promoción de las políticas entre todo el personal universitario», explica la responsable del proyecto.

Las universidades participantes son las dos públicas de Canarias, es decir, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y algunas de África Occidental, con las que ya la ULL había colaborado para otros asuntos. Entre ellas, las de Marruecos, Mali, Mauritania y Cabo Verde.

Entre los logros, Inmaculada González destaca la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de Cabo Verde, del Plan de Igualdad para la Universidad, así como un máster de estudios en materia de género en Mauritania y, en la ULL, acciones como la MacaroNight. Esta última hace referencia a un conjunto de actividades que promueven las investigaciones desarrolladas por las universidades y centros de I+D europeos con relación a la perspectiva de género y los derechos humanos.

El fin es despertar el interés científico por estas cuestiones entre la juventud de Canarias y de otras regiones de la Macaronesia. «Hemos intentado promover la transferencia a la sociedad. Para ello, participamos en la MacaroNight, haciendo actividades con el público sobre la situación de las mujeres tanto en nuestras universidades como en las africanas», comenta la docente.

Además, a partir de mañana martes, 1 de junio, y hasta el próximo jueves, 3 de junio, se celebrarán las jornadas internacionales de evaluación del proyecto, desde su inicio hasta ahora. En ellas participará el equipo investigador y las personas que han colaborado en él.

La responsable de la iniciativa advierte que habrá una sesión entre la ULL y la ULPGC dedicada a representantes del estudiantado, de la administración, los sindicatos y unidades de igualdad.  «En la ULL tenemos unas normativas avanzadas y buenos instrumentos teóricos, pero hemos de esforzarnos para aplicarlos en el día a día», subraya González.

Asimismo, la responsable del proyecto apunta que para ello es necesario avanzar en materia legislativa, en protocolos…, así como fomentar acciones cotidianas tanto en las aulas como en los departamentos, con el fin de promover políticas de igualdad.

«La pandemia supuso un freno importante hasta que encontramos la manera de funcionar diferente»

González recalca que «la pandemia supuso un freno importante en el proyecto hasta que encontramos la manera de funcionar diferente», explica aunque al principio tuvieron problemas de conexión con algunas universidades africanas como las de Mali y Mauritania, se ha producido un gran avance.

Asimismo, precisa: «El profesorado a la hora de coordinarse y hacer actividades no tenía problemas». La mayor dificultad se dio con el alumnado de África por la carencia de recursos digitales en casa. Como consecuencia se produjo un recorte en las transferencias a la población y estudiantes de la universidad.

En definitiva, el trabajo de investigación pretende poner en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de calidad educativa e igualdad de género. Los resultados apuntan que las materias, guías docentes y los contenidos que se imparten en ellas son insuficientes en temas de políticas de igualdad y aunque la ULL es un referente por tener el Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad, según Inma, todavía queda mucho por hacer en el trabajo cotidiano.

Es más fácil decir que el problema es del Gobierno y no del propio pueblo. Luchamos por lograr una sociedad democrática en su totalidad con los derechos que nos corresponden. Tenemos libertad de expresión, de prensa, de acceso a la educación, pensamiento, conciencia y religión, entre muchos otros. Siempre exigimos más, pero qué poco críticos somos.

Fernando Simón explicó el domingo 23 de febrero que «en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad». A los previsores se les tachaba de alarmistas. Desde la primera semana de marzo Madrid siguió su vida sin frenar ninguna de las grandes concentraciones, entre ellas las manifestaciones del 8M. ¿Pero cómo vamos a pensar que estas fueron uno de los motivos de la propagación de la pandemia? Simplemente estábamos reivindicando la igualdad efectiva. El mitin de VOX de Vistalegre con unos nueve mil asistentes tampoco fue el culpable. Y mucho menos los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Solo disfrutábamos de las fiestas.

«Seamos el cambio que queremos ver en la sociedad y dejemos de culpar a los demás de nuestros propios errores»

Todos teníamos nuestras razones para asistir a esos eventos, pero se nos olvidó el primero de los derechos humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Éramos conscientes de la situación en la que se encontraban otros países como China, pero el problema no era nuestro.

Cuando el virus llegó a España sí nos preocupamos y pensamos que se iba a arreglar aplaudiendo a las 19.00 horas en los balcones o quedándonos más de dos meses confinados. Quizás, en medio de una pandemia mundial seamos más solidarios, críticos y colaborativos. Pero, con el tiempo, como dice Ismael Quintanilla, filósofo y psicólogo social, volveremos a ser egoístas. Dejemos de ser optimistas y seamos realistas, seamos el cambio que queremos ver en la sociedad y dejemos de culpar a los demás de nuestros propios errores.

En el Mundo hay 194 países, de los cuales, 88 permiten legalmente dicha práctica, y, muchos de ellos, no son lugares que tengan un dictador a la cabeza. Todo lo contrario, en Estados Unidos, «la cuna de la democracia», se permite. También en Japón, Rusia y China, entre otros. Es más, en esta última es donde más ejecuciones se realizaron en 2017. Según Amnistía Internacional,de las 993 realizadas, el país asiático aglutina el 84 % de todas ellas. Aunque, bien es cierto que, a pesar de estos datos escalofriantes, la tendencia es decreciente.

Un tema, que siempre me ha hecho gracia, es la hipocresía política, y esta salió a relucir, en su máximo esplendor, con los actos del pasado 11 de noviembre en París para conmemorar los cien años del fin de la Gran Guerra. Se reunieron cerca de setenta líderes mundiales. Todos, por supuesto (¡qué locura pensar lo contrario!), rechazaron los atroces crímenes cometidos en aquella reyerta, pero al día siguiente, cogen un avión y de vuelta a su país, donde se ejecuta a gente por haber cometido actos horrendos (cosa que no defiendo) pero a los que privan del derecho a la vida, algo fundamental.

El que más me llama la atención, sin duda alguna, es el país americano. Cuenta con 50 estados federales y en 31 de ellos se permite el castigo capital. Además, de los diez territorios más grandes de Estados Unidos, hay ocho que aplican esta última pena, pero lo peor aún, es que no solo utilizan inyecciones letales; también cuentan con cámara de gas, silla eléctrica, fusilamiento y horca. ¿En qué siglo estamos? Pero el tema no queda ahí. Desde 2017, los partidarios por esta práctica han aumentado, llegando al 54 % de los americanos que apoyan fervientemente este tipo de justicia. Si lo quieren llamar así.

Y no vale el argumento de que «los condenados han cometido crímenes horribles e inhumanos». Cierto, pero el fin no justifica los medios. Defendemos la justicia como la búsqueda de la rehabilitación de los condenados, y con estas condenas no se da pie a reinserción alguna. Seamos coherentes y comencemos a darnos cuenta de que las sociedades evolucionan, y con ellas, han de hacerlo los sistemas antagónicos.

Históricamente, la pena de muerte surgió como mecanismo de expiación para aquellos que habían cometido delitos que el propio estado calificaba como capitales, los que en sus inicios iban desde asesinato a espionaje. Teniendo esto en cuenta, la primera duda que me surge sobre la postura de aquellos que defienden esta práctica es si no están cometiendo también un delito capital al ir enteramente en contra de los Derechos Humanos. Esos Derechos que son aplicables tanto para las personas buenas como para las malas.

Al hilo de esto, bien es cierto que la mayoría de los humanos (entre los que me incluyo) ante la situación de conocer al culpable de la pérdida de un ser querido actuarían por la “vía fácil”. Sin embargo, pensando más fríamente, habría que comenzar a diferenciar entre venganza y justicia. Porque la pena de muerte no alivia el sufrimiento de aquellos que han perdido a un allegado, sino simplemente extiende ese dolor a la familia de la persona condenada, la que recuerdo que también es inocente.

Otro hecho objetivo que me hace estar fervientemente en contra de la pena capital es el que demuestra que no tiene efecto disuasorio efectivo, es decir, no crea una sociedad más segura. Lo único que se consigue con ella es convertir a los estados en dueños y señores de cuestiones tan presuntamente insignificantes para algunos como la vida y la muerte. Esto nos lleva a remitirnos de nuevo a ese concepto ambiguo de “delitos capitales”, ya que es imposible delimitar qué infracciones se engloban en cada región donde la ejecución está legalizada.

Los hechos hablan por sí solos

Por ejemplo, en datos de la Amnistía Internacional, en Sudán en 2012 se sentenció a muerte por lapidación a dos mujeres por cargos de “adulterio estando casadas”, en el mismo año en Arabia Saudí un hombre fue procesado por fundar un sitio web de debate político y social y en Irán en 2013, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de dos hombres por “beber alcohol en exceso”. Teniendo en cuenta estos casos, ¿realmente queremos seguir dando esta potestad a los estados? ¿Realmente queremos que en nuestro país, ese en el que parte de la población ha querido encarcelar a un rapero por sus letras y a un humorista por su sketch, se decida sobre el derecho a la vida?

Por último, es preciso recordar a aquellos que se alzan en armas para defender este procedimiento que también existen ejecuciones de personas que se acaban reconociendo como inocentes. En algunas ocasiones, incluso después de su muerte.

“Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no puede imitar tal naturaleza. Está hecha para corregirla”. Esto fue lo que afirmó Albert Camus en su ensayo Reflexiones sobre la guillotina. Y yo, aunque no puedo saber a ciencia cierta si terminaremos todos ciegos como vaticinó Gandhi, afirmo con total convicción que por esta senda del pago con la misma moneda en la que queremos castigar la violencia con más violencia, acabaremos no solo creando leyes inmorales sino tirando por la borda todo atisbo de humanidad.

Si es que aún nos queda alguno…

Nuestro día a día está marcado por el dinero. La ropa que vestimos, el camino hacia el trabajo, el café de la mañana, el colchón sobre el que dormimos. Todo tiene un precio. Esta situación se convierte en alarmante cuando, donde unos vemos personas, otros siguen viendo dinero, dejando entrever que ni siquiera la vida es inmune al poder de la moneda, la religión universal donde todo se compra y se vende.

Captan personas, les arrancan la libertad y las trasladan para después comerciar con ellas. En esto consiste la trata de seres humanos, uno de los tres delitos más lucrativos a nivel mundial junto al tráfico de drogas y de armas, donde las mafias reducen la vida a un objeto con valor de cambio. Algunos de los propósitos de estas transacciones son la explotación sexual, los trabajos forzados, la mendicidad, los matrimonios obligados o el servicio doméstico.

El número de víctimas según la UNODC es de 2,5 millones

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el número de víctimas reconocidas de este tipo de intercambios asciende a los 2,5 millones. Sin embargo, se estima que por cada víctima identificada se esconden 20 sin rostro. Por lo tanto, 50 millones de vidas podrían ‘estar en venta’, siendo las protagonistas de la esclavitud del siglo XXI.

El 79 % de esta cifra son mujeres, captadas para después ser prostituidas o casadas a la fuerza. Un ejemplo más de la cosificación diaria que experimentamos y en la que nuestra dignidad y nuestro cuerpo quedan simplificados a una máquina de reproducción y de placer masculino.

Mientras la batalla de intereses entre los dirigentes políticos acapara la agenda mediática, en España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, 23 000 mujeres y niñas están en riesgo de sufrir esclavitud sexual. Pese a los distintos marcos de prevención que se han suscrito a nivel mundial, como el Protocolo de Palermo, ningún país queda al margen de este conflicto. Tampoco las cifras experimentan reducciones significativas, un indicador que muestra que la normativa es insuficiente e ineficaz.

En el informe publicado por la UNODC sobre el estado de la cuestión en 2016 se destacó la relación entre el aumento de los movimientos migratorios de los últimos años y el incremento del número de víctimas de la trata. En consecuencia, muchas de estas vulneraciones se producen a las puertas de Europa. Es el caso de la ruta entre Libia e Italia, que se ha convertido en un auténtico infierno en la tierra, donde las violaciones, las torturas e incluso las subastas de personas están a la orden del día.

“Nadie huye de su casa si no tiene un tiburón dentro”

Sin embargo, a causa del cierre de la ruta de los Balcanes acordado entre la Unión Europea y Turquía en 2016, los migrantes que proceden de Oriente Medio o del África subsahariana ven la alternativa libia desde el prisma de la esperanza. Un punto de paso entre la guerra y la paz, Occidente. Ante el bloqueo de los países receptores, esta esperanza se ahoga en el Mediterráneo, junto a la idea de Europa como cuna de los Derechos Humanos.

A pesar del flagelo que viven los migrantes, las políticas vinculadas a los movimientos de extrema derecha, en auge en los últimos años con triunfos como el de Trump, emiten un discurso de odio hacia quien llega de fuera. Divulgan etiquetas y mitos: “vienen a robarnos el trabajo”, “levantar fronteras implica la entrada de terroristas”, etc. Palabras que se convierten en cadenas, esta vez, simbólicas.

Tal y como afirma la activista y embajadora de ACNUR Barbara Hendricks, “nadie huye de su casa si no tiene un tiburón dentro”. La inmigración no es una causa, es la consecuencia de la desesperación que provocan tiburones como el hambre, la sed o la guerra, en muchas ocasiones, alimentados por Occidente, exportador de armas y principal responsable del cambio climático que, a su vez, desemboca en sequías y malas cosechas.

La gestión de los movimientos de población se convierte en el ejemplo claro de la crisis de prioridades en la que se sume el sistema actual, donde el Sur mira hacia el Norte, pero el Norte no tiene ojos para nadie, solo para sí mismo.

Las personas que deciden abandonar su lugar de origen y establecerse en otro, tienen una serie de necesidades que deben ser satisfechas, sobre todo cuando se trata de grupos especialmente vulnerables. Estas pueden abarcar la protección de la familia, el procedimiento de asilo, la situación legal de menores no acompañados, o mujeres que han sufrido algún tipo de agresión.

En esta línea, Marisol Batalla Galera, abogada y coordinadora de la Comisión de Extranjería y Protección Internacional del Consell de L’Advocacía Catalana (CICAC), expondrá las pautas a seguir de la jurisprudencia ante un solicitante de asilo.

Canarias, un hogar para muchas personas extranjeras

Canarias no solo es un destino turístico, también se ha convertido en el hogar de muchas personas extranjeras. El pasado y el presente de las Islas ha estado marcado por la emigración de su población, la cual conoce las “penurias” que pueden surgir al vivir en otro lugar distinto al de origen. Por otro lado, el hecho de que sea la puerta de entrada a la Unión Europea para miles de subsaharianos hace que los Derechos Humanos sean los protagonistas de esta jornada. Por eso, se abordará la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde los recién llegados se encuentran en unas condiciones que rozan el encarcelamiento.

Es, también, un tema de gran preocupación el auge de la prostitución en zonas turísticas o en las principales ciudades del archipiélago. La violencia de género o la trata con fines de explotación sexual afecta a muchas mujeres extranjeras que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La abogacía canaria, junto con las administraciones públicas, ha de propulsar ciertos protocolos para la protección de estos colectivos que sufren la peor parte de la migración.

A partir de esto, Carmen Cabrera Martínez, vicepresidenta de Derechos Humanos de la Subcomisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, expondrá La detección de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Junto a ella se encontrará su compañera, María Ángeles Blanco Rojas, miembro de esta Subcomisión y encargada de plantear Las niñas como colectivo especialmente vulnerable.

Adela Asúa Batarrita, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, explicará el Derecho a la Vida Familiar dentro de la Doctrina Constitucional tomando como ejemplo el caso Albarracín (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017). El abogado y profesor en la Universidad de Málaga, José Luis Rodríguez Candela, abordará ¿Cómo recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo?, una pregunta clave para la defensa de estos derechos.

Un marco para la creación de futuras iniciativas

Tanto el día de mañana como el de pasado estarán repletos de ponencias que se desarrollarán a lo largo de la mañana y la tarde de ambos días. El evento se convertirá en un marco para la creación de futuras iniciativas. En ellas se abordarán diferentes temas, desde La abogacía ante un expediente de expulsión, impartida por Marcelo Belgrano Ledesma, abogado y coordinador de los Servicios de Orientación Jurídica de Extranjeros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; hasta los Derechos Humanos en los tribunales nacionales e internacionales.

El programa con el horario y ponencias de las I Jornadas de la Abogacía en materia de Extranjería, Asilo y Derechos Humanos se encuentra en la página oficial de la Universidad de La Laguna.

Acompañada por un piano y una guitarra, la cantante interpretará canciones como Down in Mississippi, Dark was the Night, Glory Halleluja, Strange Fruit, Amazing Grace, y I Wish I knew how it would feel to be free. Asimismo, su personalidad se verá representada en una combinación de piezas de blues, gospel y espirituales que describen la lucha de los esclavos por la libertad, el Movimiento por los Derechos Civiles, liderado por Martin Luther King y motivado por Rosa Parks, y el fin de la segregación racial.

Compromiso con los Derechos Humanos

Y es que, Hendricks, además de ser cantante de ópera e intérprete de jazz, destaca por su lucha activa por los Derechos Humanos. En especial, está implicada con la causa de los refugiados y, en particular, con las mujeres que viven en esta situación, por lo que fue la primera Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR.

En el año 2002, fue elevada al rango de Embajadora Honoraria y ha recorrido múltiples itinerarios para reunirse con distintos grupos de personas que buscan asilo. Entre las zonas que ha visitado se encuentran Zambia, Mozambique, Malasia, Tailandia y Camboya.

Además, dirigió una campaña con el objetivo de concienciar a los jóvenes de la importancia de abogar por una sociedad mundial abierta y tolerante. Con este mismo fin, creó la Fundación para la Paz y Reconciliación que lleva su nombre, con el objetivo último de prevenir conflictos territoriales, facilitar la reconciliación y construir una distensión duradera.

La artista también es licenciada en Matemáticas y Química, y estudió música en Nueva York. En 1974 debutó en los escenarios y, a partir de entonces, ha actuado por todo el mundo, desde París hasta Londres, pasando por Milán, entre otros.

En el marco de este grupo de trabajo tuvo lugar ayer viernes 7 de abril un diálogo cuyo tema principal giró en torno a los procesos migratorios y su relación con los Derechos Humanos. Para ello, contó con la presencia de Samï Nair, politólogo francés, pensador y exeurodiputado del Parlamento Europeo, y Javier de Lucas, catedrático de la Universidad de Valencia especializado en Filosofía del Derecho y Filosofía Política.

La charla empezó con una reflexión de Carolina Darias, presidenta del Parlamento, en la que hizo alusión a la crisis de identidad que vive Europa: «¿Es esta la Europa que hemos soñado?, se preguntó la máxima dirigente de la Cámara. Continuó con una dura crítica al acuerdo firmado por la UE con Turquía, que según Darias se corresponde con «una Europa que no se conoce a sí misma, desorientada y sin rumbo». Lamentó, además, que nuestras costas se hayan convertido «en un cementerio de vida y esperanza», haciendo alusión a los más de 10 000 emigrantes que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a suelo europeo.

«Procesos interconectados de una realidad compleja»

Naïr y de Lucas comenzaron sus intervenciones agradeciendo al Parlamento de Canarias la posibilidad de poder hablar para «un auditorio que cuenta con varios legisladores», haciendo referencia a los diputados regionales presentes, entre los que se encontraban Cristina Tavío (PP) o José Miguel Ruano (CC). El profesor francés hizo hincapié en que tanto la crisis económica, como la crisis de identidad y la crisis migratoria son «procesos interconectados de una realidad compleja», al mismo tiempo que criticó abiertamente la política europea de gestión de los flujos migratorios: «La UE sólo ha tenido en cuenta sus intereses porque tiene una concepción mercantil de la inmigración: cuando interesa, abrimos puertas; cuando no: o no les dejamos entrar o los aislamos en un ghetto».

De Lucas, por su parte, prefirió basar gran parte de su participación en explicar con una parábola bíblica que todos, en algún momento u otro, «hemos sido emigrantes que huimos para buscar una vida mejor», haciendo referencia a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, recogida en los libros sagrados del cristianismo. El catedrático también hizo un repaso pormenorizado de todos los conflictos que actualmente están generando desplazados: desde Siria y Yemen pasando por Iraq o Birmania. «El mayor peso no lo está soportando Europa, ni mucho menos. Asia y Oriente Medio dan cabida a más del 80 % de los demandantes de asilo».

Al finalizar el acto, el Parlamento de Canarias obsequió a los dos participantes invitados con una pequeña réplica de la escultura de Martín Chirino que corona el tejado del edificio de la Cámara autonómica. «Una escultura que representa que los sueños de los pueblos se pueden alcanzar y realizar», subrayó la presidenta.

Admitió también que en la sociedad en la que vivimos, caracterizada por su complejidad, «se acepta una cierta desviación”, llegando a convertirse incluso en «parte de la cultura empresarial». Por ejemplo, los contratos en negro o trabajar horas de más sin declararlas para poder llegar a fin de mes son leves “envilecimientos” a los que recurren los pequeños grupos sociales.

Aseguró que cosas muy diferentes son las que cometen los grandes estamentos políticos y económicos para lucrarse impuramente. Así, habló del »cinismo político que ampara a los dirigentes de los partidos de mentir con descaro y aun así salir victoriosos en unas elecciones», pero también de la corrupción privada en la que sociólogos falsifican encuestas, científicos hacen informes fraudulentos para favorecer a una marca, o médicos que recetan a golpe de favores.

Según el sociólogo, el hecho de que los medios se centren sobre todo en el ámbito político, y no en el empresarial o judicial, hace que los votantes perciban que “da igual a quién votemos, todos somos iguales”. Esto influye directamente y de manera negativa en la participación ciudadana. Rodríguez Guerra recordó que “una sociedad que apoya la corrupción deja pasar la putrefacción”.

Ruth Martinón: «Las leyes deben formularse en función del interés general»

Por su parte, la profesora Ruth Martinón Quintero, doctora de Derecho Internacional Público, diferenció entre dos tipos de ilegalidades: las clásicas, que se refieren a la violación de la norma de manera individual, con el fin de corromper a alguien más vulnerable y obtener beneficios, y otras que se producen al crear la ley. «Las leyes deben formularse en función del interés general. Sin embargo, cada vez es más común que se produzca una captura al estado”, aseveró. Esto significa que grandes multinacionales financian a los países, creando así un contrato vinculante por el que la empresa tiene casi el mismo o más poder que el gobierno. Ocurre sobre todo en países pobres o en situación de conflicto.

Como forma de “compensación”, estas sociedades suelen desarrollar obras y programas de labor social como actividades culturales o educativas con la única intención de disimular sus verdaderos propósitos. Además, de esta forma atraen a más gente y se acaban convirtiendo en un activo que les otorga beneficios.

Martinón explicó que las firmas obtienen seguridad jurídica en ámbitos como el social o el medioambiental. Se crean estatutos que las favorecen, aunque vayan en contra del bien común. Se anula así la función que posee la administración de velar por los ciudadanos. Por ello, las Naciones Unidas intentan regular la relación entre empresa y derechos humanos, habiendo creado incluso un “principio de corrupción”.