El nombre del programa significa que ustedes buscan que la gente abra los ojos a la realidad, ¿pretenden que con la información dada la gente reaccione? «Para nada, no buscamos que piensen como nosotros o que cambien, queremos que reflexionen, que piensen y que antes de tomar decisiones tengan en cuenta toda la información que hay. Lo que debe promover Despiertos o cualquier programa de estas características es que la gente consuma los medios de comunicación no por entretenimiento, sino porque es fundamental que la gente esté bien informada. El desapego del público con los medios solo perjudica a la sociedad».

¿Por qué parece que no interesa hacer periodismo de investigación? «La televisión lo que busca es la audiencia y captarla se hace más sencillo con el entretenimiento. Si trabajas ocho horas y le sumas todas las responsabilidades sociales, cuando llegas a casa no te da tiempo de pensar; buscas entretenerte y de eso se valen las grandes empresas. Los medios también tienen la responsabilidad de informar y educar. Se puede buscar contenido que cumpla con esas funciones y adaptar el formato. Sí es rentable hacer buen periodismo, pero da más costos».

“La política está en todo»

¿Se pasarían a la televisión nacional? «Trabajar con medios nacionales no se nos presenta como un problema, podemos adaptar el formato pero no los principios. Se puede condensar la duración del programa pero no renunciaremos a la independencia o la filosofía que tenemos».

La mayoría de los programas que han sacado presentan temas que terminan relacionados con la política. ¿Los problemas de Canarias van de la mano con la corrupción política? «Sí, pero ya no solo por la corrupción, al final ves y la política está en todo. Vas a hablar del plátano y terminas hablando de política, vas a hablar de sanidad e igual, porque son los políticos los que gestionan la sanidad y al final dentro de esas gestiones suceden los problemas. Se hace muy difícil hablar de un asunto sin mencionar la política que hay detrás por más que sea una cuestión de índole social y, por desgracia, en muchos casos está ligada la corrupción. No es el objetivo principal, pero es fundamental que la gente lo sepa».

«Se nos hace muy fácil llamar delincuente a alguien que roba pan, pero nos cuesta llamar delincuente a alguien que va vestido de traje»

¿Muestran que la corrupción en la política canaria está muy arraigada? «Son los datos, al final la información es completamente empírica y objetiva. Canarias fue en 2017 la segunda comunidad con más políticos procesados por crímenes de corrupción. Si hablas de los hoyos de ambición y la sentencia que les condena, incide en que estas personas son básicamente delincuentes. Es una palabra que suena muy dura  pero se nos hace muy fácil llamar delincuente a alguien que roba pan pero nos cuesta llamar así a alguien que va vestido de traje y corbata solo porque roba de una forma más sutil, pero que hace mucho más daño a todos».

La ley de transparencia obliga a que toda información sobre las gestiones públicas sea dada al que lo solicite. ¿Has tenido algún problema al recaudar esa información con algun organismo o institución? «En este programa que estamos haciendo sobre educación hemos tenido un enfrentamiento con la Consejería, ya que desde mayo hemos pedido unos datos e información que no nos han dado, así que hemos acudido al Comisionado de Transparencia. Anteriormente, no hemos tenido problemas hasta ese punto. Al final es lo que la otra parte quiere, que hagas todo sin esos datos, pero preferimos retrasarlo hasta que tengamos esa información clave».

«Todos nuestros programas tienen un punto en común: el interés general»

¿Es más fácil sacar información de la empresa privada? «Sí hemos tenido muchos problemas cuando son la parte contraria de lo que contamos. Yo agradezco mucho que en Oro parece apareciera Leopoldo Cólogan y viniera a una entrevista, pero eso no es lo habitual. Cuando no nos quieren atender, lo contrastamos poniendo información que sí han dado a otros medios. Aunque no sea justo la que queríamos preguntar, nos sirve para que se refleje su lado y se equilibre un poco».

¿Todos los programas tienen una dirección o un motivo específico? «Todos tienen un punto en común: el interés general. Además, muestran una mala gestión del dinero público o un problema social, pero también influyen otras razones. Por ejemplo, en Hoyos de Ambición funcionó que justo había salido la sentencia del caso, lo que hacía que fuera un tema de actualidad. Con Oro parece era un tema que queríamos hacer desde el principio, pero no podíamos sin las imágenes de la pica. Eran necesarias. En definitiva, a veces hay razones generales, pero hay cosas decisivas a la hora de elegir».

Despiertos se financia mediante campañas de crowfunding con el dinero de sus participantes. No obstante, esto es lo que permite al proyecto poder seguir haciendo periodismo de investigación ya que, según palabras del propio Cuesta, muchas de las instituciones investigadas nutren de dinero a los principales medios de comunicación del Archipiélago.

El ponente desveló que tanto él como Mirame TV, cadena en la que se emite el formato, han recibido presiones e incluso amenazas con la retirada de financiación para que algún documento audiovisual no llegue a emitirse. «Afortunadamente nunca hemos cedido a este tipo de chantajes. Siempre he tenido el apoyo de mi jefe», añadió.

«La gente se ha volcado. En el primer estreno llegamos a la sala de cine Aguere y la encontramos abarrotada»

El elevado coste de cada episodio, que asciende hasta 9600 euros, la falta de tiempo y la dificultad que conlleva tanto grabar en exteriores como conseguir declaraciones de personalidades relevantes, son otros contratiempos que han tenido que sobrepasar. «La gente se ha volcado. En el primer estreno llegamos a la sala de cine Aguere y la encontramos abarrotada. Nosotros no sabíamos nada. La sensación que produce este recibimiento es una motivación más que suficiente para superar todos los obstáculos», sentenció el comunicador.

Cuesta también destacó la importancia del trabajo en equipo: «Es imprescindible que haya buen rollo entre todos los que hacemos esto. Hay que dejar los egos a un lado y darse cuenta que somos es un servicio social».

Asimismo, destapó algunos entresijos políticos que atañen a todas las Islas. Entre ellos, la extracción ilegal de áridos en el valle de Güímar, la cual ha causado destrozos de un precioso paisaje agrario. También, narró el hecho de cómo se tiran a la basura miles de kilos de plátanos en buen estado al año, sin que las esferas políticas hagan nada debido a la estrecha relación que mantienen con los principales terratenientes bananeros.

Los tres coincidieron en que esta vertiente se ha visto fuertemente deteriorada desde la llegada de la crisis económica, aunque cada uno abarcó el tema desde diferentes puntos de vista. Rodríguez argumentó que a los medios no les resultan rentables este tipo de tareas que buscan analizar la actualidad en profundidad desde una perspectiva más amplia. Aseguró que requieren muchas horas de trabajo y, por tanto, una gran inversión de capital: “Cuesta investigar porque investigar lleva tiempo y el tiempo cuesta dinero”, comentó la periodista de TVC.

Por su parte, Millet reconoció que, aunque los periódicos locales no pueden permitirse disponer de un equipo dedicado exclusivamente a la investigación, intentan desarrollarlo más a menudo. Éstas no suelen generar en la opinión pública la reacción esperada por los profesionales, lo que provoca insatisfacción tras el esfuerzo realizado. “Después de destaparse el caso de las Teresitas, el ex alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, ganó las elecciones con mayoría absoluta; eso a mi me genera una gran desazón”, afirmó.

En cambio, David Cuesta contó su experiencia personal con el proyecto de Despiertos en el que está inmerso y resaltó algunos de los obstáculos que presenta esta especialidad del periodismo para poder desarrollarse de forma plena: la dependencia de los medios, la precariedad de los recursos y lo molesto que éste resulta para los poderes político, económico y judicial. “Vivimos en una sociedad en la que la corrupción lo impregna todo. A quiénes tienen el poder no les interesa que venga el periodista de turno a poner la lupa sobre ellos”, recalcó el director de informativos de Mírame TV.

La cita concluyó alrededor de las  19:30 horas tras una ronda de preguntas dirigida a los ponentes, las diversas intervenciones del público y el intercambio de ideas entre las personas que asistieron al evento.

Para ello, contará con la participación de los periodistas David Cuesta (Mirame TV), Daniel Millet (La Opinión de Tenerife) y Beatriz Rodríguez (TV Canaria). El debate, que comenzará a las 17.30 horas, tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con entrada gratuita para todos aquellos que deseen asistir.

Este proyecto está dirigido por Samuel Toledano, profesor y periodista del Grado de Periodismo de la ULL. El objetivo es abarcar en profundidad diferentes temas. Entre ellos se encuentran la pobreza y la precariedad laboral en el archipiélago, el tratamiento que los medios de comunicación occidentales dan a la información relativa al continente africano, el deporte femenino, la industria del cine en la Comunidad Autónoma, entre otros. El primer número de esta cabecera saldrá a la luz a comienzos de verano.

Otro de los eventos que están previstos es la proyección de la película Citizen Four, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de mayo a partir de las 20:30 en la Sala 3 del Espacio Cultural Aguere de La Laguna. La entrada tiene un precio de 3 €.

Cuesta es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Además, trabaja en Mírame Televisión y, forma parte del equipo de Despiertos, un proyecto de periodismo independiente con el que intentan hacer programas que no requieran la financiación de los poderes económicos y políticos, «algo que suele suceder en los medios de comunicación», según dijo el propio periodista. Recientemente emitieron un documental donde abordaron uno de los problemas que tiene la sanidad en el Archipiélago, titulado Privados de Salud: la dependencia respecto a la concertación de clínicas privadas. El exalumno sentencia que «cuando la salud es un negocio, la enfermedad es rentable”.

La sanidad, paralizada de norte a sur

Cuesta tampoco quiso olvidar la paralización del Hospital del Sur, el cual no está operativo pero cuyo coste asciende a 27 millones de euros. Para él, es una contradicción ya que «choca con el hecho de que llevan veinte años luchando por obtenerlo» para este sector de la Isla. A esto se le añade la misma situación, pero al norte de Tenerife. Por ello, el  moderador hizo una autocrítica, abordando lo importante que es que los profesionales de la comunicación no oculten informaciones tan importantes para la salud, uno de los valores más preciados por nuestra moral.

Maceira, ex jefe del servicio de nefrología del HUC (Hospital Universitario de Canarias) aportó, a través de datos, una visión de cómo se encuentra la población. Canarias tiene un porcentaje más alto de grasas en sangre que la media nacional. Detalló que, entre otros motivos, «provoca que tengamos la tasa de mortalidad más alta». Por otro lado, tanto Dácil Afonso como el ex jefe de Traumotología del HUC, Guillermo de la Barrera, expusieron situaciones que los trabajadores experimentan debido a «la mala gestión en todos los niveles de implicación».

Todos ellos participan activamente en Marea Blanca junto con su portavoz, Pilar López, quien animó a los asistentes a que sean ellos «los que se impliquen para cambiar el escenario actual». La jornada finalizó con las preguntas del público hacia los expertos y promoviendo la participación en la marcha que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo en la capital de la Isla.

El debate resultó ser el reflejo del posicionamiento de aquellos que muestran sus reservas al documento, y los que tratan de explicar que la nueva norma pone “orden” y unifica la maraña normativa existente ahora. En lo que sí coincidieron unos y otros fue en reconocer la necesidad de que las leyes (en especial ésta) se ajusten a la realidad y a las necesidades de la población, que paradójicamente es uno de los objetivos del nuevo texto.

Organizado por el Área de Responsabilidad Social de la ULL, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, la cita, que estuvo moderada por el periodista David Cuesta, comenzó con la intervención de Francisco Villar, quien centró sus esfuerzos en argumentar las garantías al desarrollo sostenible de la región que supone el nuevo documento.

En su intervención, Villar ofreció las líneas estratégicas de la Ley, que estructuró en cuatro apartados: problemas, marco normativo de la comunidad autónoma, límites y lo que se debe y no se debe de hacer. Según el ponente, el principal problema radica en que se está “en un modelo alejado de la realidad” por cuanto “las reglas actuales que se aplican para proteger y ordenar el suelo, no dan respuesta a las necesidades que se plantean cuando surge un conflicto”.

Argumentó que de los 88 municipios de Canarias, 26 están adaptados al marco legal vigente con planes generales de ordenación aprobados y nueve han visto como el Tribunal Supremo ha anulado sus planeamientos. Esta situación se produce por diversos factores, que están presididos por la lentitud de los municipios en redactar y aprobar estos planes, proceso que se dilata entre nueve y doce años, a lo que se añade que estos municipios tramitan sus PGO porque así lo marca la ley y no para resolver las necesidades de la población. En este punto, señaló la paradoja de que cuando ha surgido algún problema grave, la solución ha sido saltarse la ley, como es el caso de las viviendas de la zona de Las Chumberas en La Laguna “porque la solución legal habría sido revisar el PGO lagunero”.

Es por esto que subrayó que en materia de planificación, el anteproyecto se centra en agilizar la tramitación de los planes generales y adaptarlos a la realidad de la sociedad, proponiendo que cada administración elabore y apruebe su propia normativa (plan insular o municipal o directrices del gobierno regional).

Este aspecto es uno de los que más reparos ha recibido el documento, postura que Villar defendió en que hay antecedentes de este sistema competencial en otras regiones españolas, y además encaja con el modelo legislativo en cuanto a que cualquier otra decisión municipal de máxima importancia (presupuestos, contratación de obras millonarias) no son controladas previamente por otra institución supramunicipal.

Calificó el marco normativo canario de “maraña”, por lo que afirmó que la nueva Ley del Suelo aboga por “simplificar las reglas” y dotar a la comunidad autónoma de leyes “que aclaren lo que se puede y no se puede hacer, teniendo como criterio de referencia un desarrollo sostenible, basado en el uso racional de recursos naturales, las necesidades de empleo, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la protección del medio ambiente, o lo que es lo mismo “desarrollo sostenible entendido como un equilibrio entre desarrollo y conservación”.

En esta, línea afirmó que en materia de suelo rústico la nueva ley “revisa los usos ordinarios y amplía los usos capaces de generar rentas complementarias a quienes viven del sector primario, pues se le trata como un sector industrial”, al tiempo que se reconoce el principio de compensar por conservar.

Francisco Villar defendió la vocación medioambiental del nuevo documento refiriéndose a los dos límites sobre los que descansa: el mantenimiento de la actual protección del suelo (el 50% de la superficie de Canarias está protegida) y contener el consumo de los espacios rústicos. A este respecto insistió en que “aun así se puede hacer mucho”, como “facilitar las actuaciones en el suelo que es apto para construir sin tocar el protegido”. En esta línea, criticó la realidad existente en Canarias donde existen 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable sobre el que no se ha actuado, por lo que la nueva normativa “dificulta la clasificación de nuevo suelo como urbanizable, si antes no se desarrolla el existente” y es más, recoge la posibilidad de que transcurridos cinco años sin edificar, ese suelo pasará de nuevo a rústico”.

Por último, y en respuesta a las preguntas del público asistente, Villar reconoció que aquellas “pequeñas propiedades” que no son legales por estar asentadas en terrenos rurales, se legalizarán.

Los especialistas en diversas disciplinas participantes en el debate, mostraron su escepticismo en la mayor parte de los contenidos de la futura norma y coincidieron en realizar duras críticas a la misma desde la óptica de su lejanía a la realidad social. El arquitecto y asesor de la FECAM, Javier Domínguez Anadón, tras criticar que los movimientos sociales que han surgido contra la norma “no profundizan en sus oposición a la misma”, calificó de “escalofriante” la situación del urbanismo en Canarias.

Por su parte, José María Garrido, abogado y activista medioambiental que afirmó “no representar a ningún colectivo”, defendió un cambio de denominación del documento por “Ley del Territorio” ya que “no analiza el suelo como elemento esencial de protección”.

En este sentido, arremetió contra la normativa porque facilita que los asentamientos rurales se conviertan en una “mancha de aceite por el territorio, ya que permite su dispersión por el mismo”. Fue especialmente duro contra la decisión de que sean los ayuntamientos quienes tramiten y aprueben sus planeamientos de ordenación pues “si bien la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), no ha sido un dechado de virtudes, tiene una visión regional, mientras que los alcaldes pueden ceder a las presiones de la población ya que son más cercanos a sus vecinos” además de “ser analfabetos en esta materia”, por lo que abogó por que “este tipo de decisiones debe estar residenciado en el Gobierno de Canarias”. Por último, criticó la escasa participación en la redacción del documento de las voces especializadas.

El arquitecto Joaquín Mañoso, afirmó que el texto “produce extrañas contradicciones, ya que arregla unas cuestiones y produce desasosiego en otras”. A su juicio en Canarias “después de 30 años de democracia, ves que la realidad no se adapta a la ley” por lo que se produce una “una situación anómala” y propuso que se hable de “Ley de Usos del Suelo”. Consideró que esta norma “no solucionará nada en particular”, pues la considera vacía de contenido y falta de ambición: “la ley es un fin en sí” sentenció.

Jaime Díaz Pacheco, doctor en Geografía, apostó también por un cambio en su denominación y se lamentó de que sus responsables no abrieran un proceso previo “en el que los expertos definieran la clasificación de los usos del suelo”. Igualmente criticó las dificultades que cualquier colectivo profesional encuentra a la hora de acceder a datos como los cartográficos. Pidió un reglamento más específico en cuanto al uso del suelo rústico y con medidas más innovadoras, aunque se mostró a favor de corregir el tiempo de tramitación de los planeamientos y abogó por la existencia de un órgano ambiental que supervise los planes que aprueben los ayuntamientos.

Por su parte, el arquitecto Xavier Adsuara pese a mostrarse muy crítico con la labor desarrollada hasta ahora por la COTMAC, centró su intervención en que no considera que los ayuntamientos sean tan débiles y maleables, “dado que antes de aprobar cualquier documento, éste debe estar debidamente informado”. Considera que la nueva norma no profundiza, por lo que estimó que “lo mejor de esta ley ha sido el debate ciudadano que ha suscitado”.

ULL Debates: “Nueva Ley del Suelo de Canarias. Claves para el futuro”, trata de poner luz a las incertidumbres que esta norma genera en la sociedad del Archipiélago, por lo que contará con la información de primera mano que proporcionará el coordinador del equipo redactor del anteproyecto de la nueva ley, Francisco Villar Rojas. El también catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna inaugurará el acto con una conferencia en la que disertará sobre las líneas estratégicas de ese futuro marco legal.

Posteriormente, comenzará un debate protagonizado por técnicos y profesionales, que aclararán las incertidumbres sobre este documento desde perspectivas como la jurídica, medioambiental o urbanista.

Participarán en el coloquio Javier Domínguez Anadón, arquitecto, asesor de la FECAM y coordinador de la redacción de los PGOU de varios municipios de las islas; Joaquín Mañosos Valderrama, arquitecto, urbanista y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias; Javier Adsuara Varela, arquitecto del Cabildo de Tenerife, redactor del Plan Insular de Ordenación de Tenerife; José María Garrido López, abogado, máster en Gestión Ambiental y director del PGOU de El Tanque; Jaime Díaz Pacheco, doctor en Geografía y presidente de la Delegación de Canarias del Colegio de Geógrafos. El periodista David Cuesta Fidalgo moderará el acto.

Con esta nueva iniciativa, la ULL aporta un espacio para la reflexión y posibles aportaciones ciudadanas a la nueva Ley del Suelo, objetivo con el que se convoca este ULL Debates que tendrá su momento de máximo interés en el turno de participación del público asistente, que podrá ofrecer sus opiniones, valoraciones o resolver dudas.

La nueva Ley del Suelo de Canarias se encuentra en periodo de tramitación tras la aprobación de su borrador, el pasado mes de febrero, por parte del Consejo de Gobierno autonómico.

Según recoge el preámbulo del anteproyecto, “la regulación del suelo es necesaria e imprescindible”. La Comunidad Autónoma de Canarias ha realizado un esfuerzo legislativo y de planificación de su territorio con diversas normativas desde el año 1985, lo que ha supuesto que en la actualidad estén vigentes tres leyes reguladoras y multitud de planes, además de la atribución de competencias entre administraciones que complica cualquier trámite a los ciudadanos.

Uno de los objetivos del nuevo documento es simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica a la gestión del territorio, sin embargo, el anteproyecto ya ha recibido multitud propuestas de modificación. En este nuevo ULL Debates abordamos el contenido de este anteproyecto de Ley con la intención las aclarar dudas y suspicacias que está generando el documento en la sociedad canaria.

El Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad emitirá un certificado de asistencia a aquellas personas que así lo deseen, previo registro en un documento que tendrán a su disposición en la Sala de Arte “Pablo González Vera”, que da acceso al Paraninfo.

La idea del programa nace como respuesta a la demanda de la sociedad tras el Movimiento 15-M: un periodismo independiente a las instituciones, subrayó el periodista David Cuesta. Por su parte, Juan Lupi, director de Despiertos, confesó que “el desarrollo del proyecto ha llevado muchísimo trabajo y horas de sueño”.

Los totales de cada emisión serán publicados para que el público juzgue si se ha producido una manipulación de las declaraciones. Además, habrá una silla especial en el Cine Aguere para que, tras el programa, se siente quien quiera dar su versión. “Si el protagonista no viene, será un reflejo de la sociedad que tenemos”, destacó Esaú Hernández.

David Cuesta aseguró que “sentirse libres trabajando ha sido fundamental porque si no, no estarían haciendo periodismo”. El profesional de Mírame TV, añadió que se comprometió con este proyecto como escape al acomodamiento de la televisión, donde se vive de tertulias y falsos directos.

El estreno del primer programa, Hoyos de Ambición, tendrá lugar mañana a las ocho de la tarde en el Cine Aguere. El equipo regaló entradas a los alumnos y les invitó a los rodajes de los próximos programas.