En lo que respecta a las precipitaciones, todo parece indicar que la cifra de lluvias anuales sufriría un descenso, provocando que las zonas altas de las islas sean las más perjudicadas. Al igual que en la temperatura, en el peor de los casos la disminución podría asentarse en torno al 30 % a finales de siglo en gran parte de las islas, provocando así un aumento del riesgo por sequía.

Todos estos cambios de temperatura y precipitaciones derivarían en otros aspectos climatológicos como la humedad del suelo y del aire, la aridez del terreno y una mayor probabilidad de incendios forestales.

El Consejero autonómico de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, fue el encargado de presentar este proyecto conjunto con la Universidad de La Laguna en un convenio de investigación que duró 3 años: «Es fundamental que las administraciones públicas conozcamos los escenarios climáticos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años para planificar adecuadamente las acciones de adaptación y mitigación en los distintos puntos del archipiélago».

Estos seminarios virtuales se prolongarán durante el primer trimestre del año, concretamente los martes por la tarde, finalizando el 27 de abril. En la primera sesión se presentó el borrador del futuro texto normativo, que ha coordinado la Unidad de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. El principal objetivo de este nuevo texto se centra en proteger y conservar el patrimonio ecológico de Canarias. Por ello, el Gobierno llama a la población a participar en estos seminarios para aportar su conocimiento en la construcción de la ley.

En las sesiones se abordarán temas como la regulación y los instrumentos de ordenación de los recursos naturales. Para que se logre una adecuada conservación de especies, hábitats, espacios naturales o paisajes, entre otros. Además, se analizará el problema existente debido a las actividades humanas no controladas, perjudiciales para el medio ambiente. O, también, la introducción de especies exóticas en las islas para controlar los efectos negativos que puedan ocasionar.

Uno de los puntos más importante de estas sesiones virtuales será encontrar, con las aportaciones que pueda ofrecer la ciudadanía, el modo de mejorar y enriquecer el conocimiento y la divulgación de nuestro rico patrimonio cultural.

Estas bases buscan impulsar el avance de la energía solar en Canarias aprovechando las cubiertas de los edificios para no afectar al entorno natural. La primera convocatoria, que estará dotada de 1.250.000 euros, se publicará de manera anticipada para el año 2021, antes de finalizar el año actual.

Estas instalaciones de energías renovables en viviendas residenciales precisan de una menor inversión y ayudan a reducir el gasto económico de la energía. Es por ello que estarán orientadas a paliar, en la medida de lo posible, el alto coste de la energía en Canarias para los domicilios habituales.

A su vez, están adaptadas a las principales novedades del autoconsumo, autoconsumo colectivo y cesión de cubiertas a terceros, evitando segundas residencias o viviendas con grandes instalaciones de consumo.

Las bases reguladoras, que fueron publicadas en el BOC este martes, 10 de noviembre, están regidas sobre tres líneas de actuación: solar térmica, fotovoltaica conectada a red y fotovoltaica aislada.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas físicas titulares de las viviendas, las comunidades de propietarios y la agrupación de propietarios de viviendas para el autoconsumo colectivo.

El Plan Moves II de Canarias engloba varias líneas de subvenciones destinadas, además de a la adquisición de automóviles impulsados mediante energías alternativas, a la implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y de medidas de movilidad sostenible al trabajo. Quienes puedan gozar de esta ayuda, tanto de obtención de vehículos como de infraestructuras de carga, serían: personas mayores de edad que desarrollen actividades económicas, comunidades de propietarios y personas jurídicas o entidades locales.

En el caso de las ayudas para la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas o las medidas de movilidad sostenible al trabajo, los beneficiarios serían las personas físicas que desarrollen actividades económicas, las personas jurídicas y las entidades locales. Con todas estas medidas se busca aumentar la movilidad de los trabajadores, clientes o cualquier otro tipo de usuario potenciando las modalidades de transporte más eficientes. La fecha de la convocatoria se sabrá próximamente.