Según los sindicatos, «el elevado número de convocatorias supone un coste adicional a la tan mermada administración universitaria y un exceso de trabajo administrativo y docente, que no repercute en la mejora del rendimiento académico ni en la calidad de la enseñanza».

Además, subrayan que «complica y recarga el calendario académico, impide mejorar la formación, la investigación y la transferencia (fundamentales para la mejora de nuestra posición en el ranking nacional e internacional de universidades) y dificulta el desarrollo de la triple función del PDI: docencia, investigación y transferencia del conocimiento».

Agravios comparativos respecto al alumnado de la ULPGC

En el escrito se apunta que «los distintos cambios normativos en las instituciones de educación superior a lo largo de estos años, junto con los recortes, han sometido al Personal Docente e Investigador a exigencias y presiones laborales y burocráticas cada vez mayores» y que en la ULL se «agrava con la anomalía de cuatro convocatorias (incluyendo marzo), más los respectivos llamamientos, que no sólo rompe la unidad del distrito universitario canario estableciendo agravios comparativos respecto al alumnado de la ULPGC, sino que nos distingue negativamente a nivel nacional».

Finalmente, destacan que estas convocatorias extras «favorecen a una minoría con peores resultados académicos, convirtiendo un privilegio en un derecho».