Lejos de ser una cuestión universal, la Ley de Responsabilidad al Menor atiende a los diferentes aspectos que presenta un caso judicial. Cuando alguien menor está involucrado en un delito lo hace en dos posiciones diferentes: lo comete o lo sufre. En los juzgados se conoce como estar en posición de sujeto activo o pasivo.

Teniendo en cuenta que las principales causas que afectan a la capacidad procesal son la edad y la enfermedad, Francisco Martín, abogado experto en Derecho Penal, subraya que «desde que empieza un juicio, la representación legal de la persona menor se encuentra sustituida por la labor de la abogacía». Además, esto implica que «sus representantes pueden estar presentes cuando se toma declaración, salvo que sea contraproducente». 

Durante la celebración del juicio oral, el Ministerio Fiscal es el representante legal de la persona menor. Sin embargo, en lo que respecta a los tutores legales, padre o madre, «tienen en sala una función espectadora del proceso», aclara Martín. En su defecto, «se asignará un representante de la entidad pública de protección de menores», agrega el abogado Francisco Zurita. 

Los juicios con menores se celebran a puerta cerrada «con el fin de salvaguardar su intimidad y honor». Esto supone una excepción. El sistema jurídico español garantiza el principio de publicidad en los procedimientos penales, por ello «es necesario que alguna de las partes interesadas solicite que el juicio se celebre a puerta cerrada», declara Francisco Martín.

El juicio

«La disimilitud reside, sobre todo, en las penas que se imponen sobre los hechos objetos del juicio», asegura Zurita. Por su parte, el abogado Martín expone que «la diferencia fundamental se encuentra en la legislación penal aplicable». Cuando quien está en posición de sujeto activo es menor de edad «las medidas que serán aplicadas son totalmente distintas a las previstas en el Código Penal, puesto que atienden a intereses superiores como la educación social».

Pese a las diferencias judiciales entre ambos procesos, el abogado clarifica que «para determinar la conducta ilícita se acude al Código Penal, a pesar de que el acto sea realizado por menores». Cuando la persona mayor de edad atenta contra una menor, la manera en la que se juzga el delito y los agravantes que se aplicarán se recogen en el Código Penal. Así, aumenta la responsabilidad criminal del hecho y, en consecuencia, de la pena. 

Otra de las diferencias se encuentra en el fin último del proceso. Tal es el caso que, desde el ámbito de la abogacía señalan que el objetivo del Código Penal es «la rehabilitación social de los reos». Mientras que, la Ley de Responsabilidad de Menores «presenta un carácter primordial de intervención sancionadora y educativa para evitar la posible reincidencia en el futuro», confiesa Martín.

El delito y los centros de menores

La Ley de Responsabilidad al Menor prevé que cuando se acusa a alguien menor de un delito se le aplicarán diferentes medidas como la libertad vigilada, amonestaciones, acogimiento por personas, familias o grupos educativos, el tratamiento en régimen terapéutico o el ingreso en centros con diversas características.

En muchos de los casos, las personas menores de edad que han cometido un delito ingresan en lo que se conoce como centros de menores. Se dividen en tres tipos: abiertos, semiabiertos y de régimen cerrado. En un centro de régimen abierto existe la opción de salir para desarrollar actividades como ir al Instituto. En el régimen cerrado, donde residen menores que han cometido un delito grave o de consideración alta, no existe la opción de salir. En esta situación, las actividades como la formación profesional básica se realizan de forma interna.

«El objetivo es la reinserción social y que, además, aprendan que hay unas normas que deben respetar y con las que deben convivir», asevera la educadora social Cristina Ramos y añade que «deben cumplir las condenas que se les exige. No se les debe eximir de un delito». 

A través de herramientas metodológicas y procesos educativos «como educadora social lo que intento es que cambien su manera de actuar y su perspectiva de ver las cosas», declara Ramos. En cuanto a los delitos, la profesional considera que no siempre hay que hacer distinciones porque antes «hay que conocer el desarrollo de la acción. A partir de ahí, que la justicia valore».

Victimización

En el lado contrapuesto al menor que comete un acto delictivo se encuentra la víctima que lo sufre. Pese a que ya hay medidas para minimizar los daños provocados durante el juicio, se siguen buscando estrategias como método de apoyo para la víctima. Dentro de los juzgados existen los gabinetes psicosociales, compuestos por profesionales de la Psicología y, en ocasiones, por especialistas del Trabajo Social. Tienen una función evaluativa. Se encargan de valorar el estado psicológico de la persona menor, estudiar el contexto, la credibilidad del testimonio y todo lo que rodea el desarrollo del caso.

«El informe realizado por el gabinete aporta luz a la hora de dictar sentencia», afirma la psicóloga Beatriz Castro y agrega que «la intervención psicológica, que es privada y paralela al proceso judicial, es ideal para sobrellevar el peso que conlleva formar parte de una acción judicial».

A lo largo del desarrollo de un juicio suelen desplegarse un conjunto de situaciones victimizantes. En primer lugar, se sufre una victimización primaria, entendiendo esta como el daño directo, tanto físico como psíquico, que una persona experimenta cuando sufre un acto delictivo. Después, aparecen dos tipos de victimización: la secundaria y la terciaria. «Las personas implicadas en el proceso deben colaborar para que el paso de las víctimas en los juicios no sea tan traumático», sentencia Castro. 

La victimización secundaria es la provocada tras formar parte de una investigación judicial. «Estos casos pueden generar secuelas en el estado de ánimo, trastornos ansiosos o insomnio. Se produce por una reexperimentación del delito vivido», comenta la psicóloga. Para evitarla, la experta aboga por tomar declaraciones a través de grabaciones o entrevistas individuales. «Es inevitable que exista la victimización secundaria, pero hay que intentar que las víctimas no repitan su experiencia traumática». 

En lo que se refiere a la victimización terciaria, es aquella que aparece una vez finaliza el juicio. «Suelen ser consecuencias sociales, estigmas o rechazo por parte de la comunidad», expone la psicóloga. Desde el ámbito psicológico se han estudiado las causas que fomentan el desarrollo traumático de alguien menor víctima de un acto delictivo. «Hay factores intrínsecos que favorecen la aparición de un trauma». 

Tras todos los supuestos presentados, Beatriz Castro concluye explicando que «cuando el daño supera la capacidad de respuesta, es intencional, las consecuencias son globales, hay traumas previos o el círculo cercano de la víctima está involucrado, las probabilidades de desarrollar un trauma aumentan» y, sobre todo, «cuando hay un final con muerte».

Beatriz Castro, coordinadora del proyecto, comenta que Camarada surgió «como respuesta a una necesidad social ante la falta de recursos de atención psicológica, las largas listas de espera de la Sanidad Pública y la dificultad de costear una atención privada». Además, incide en que se dirigen a la población que se encuentra entre dos estratos sociales: quienes pueden acceder a medios de atención especializada para población en riesgo de exclusión y quienes pueden permitirse la terapia privada.

Romper estigmas para normalizar la atención psicológica

El principal objetivo es acercar la salud mental a la juventud y romper estigmas para normalizar la atención psicológica. La coordinadora de la iniciativa desglosa que el fin es «ofrecer las herramientas apropiadas y validar a las personas para que, una vez finalizada la terapia, sean capaces de enfrentarse a dificultades o recaídas futuras». Por ello, recalca el compromiso que gestó Camarada: «Queríamos construir un espacio seguro donde poder expresarse y compartir emociones de manera cómoda y libre de miedos a que nos juzguen o nos cuestionen».

Tras el éxito cosechado en la primera edición a modo de proyecto piloto, este año se plantea una nueva propuesta ampliando el número de sesiones para cada persona usuaria con el objetivo de «ahondar en cada caso planteado y poder ayudar de manera real a las dificultades que sufren las personas que acuden a este servicio». Asimismo, la tinerfeña agrega que la pandemia ha acrecentado los problemas de salud mental en una población joven que «en esta etapa evolutiva se encuentra en construcción y con mucha confusión, inseguridad o baja tolerancia a la frustración».

Esta situación ha puesto de manifiesto «datos alarmantes con los que no debemos ser excesivamente catastrofistas» para intentar dar la vuelta a esta estadística y poner el quid de la cuestión en la falta de recursos y con una determinación clara. «Hay que romper el estigma de que acudir a terapia es algo de lo que avergonzarse o el clásico de que allí solo van las personas que están locas», zanja la coordinadora.

«Las iniciativas públicas basadas en las necesidades reales funcionan»

Los resultados obtenidos en la primera edición son positivos y así lo destaca Castro, quien resalta la motivación depositada para volver a impulsar este proyecto a partir de «la necesidad real que sigue existiendo en la población y de la maravillosa respuesta obtenida por parte de la ciudadanía en la primera edición». 

En este sentido, agrega que gracias a esto han podido corroborar algunos asuntos que ya suponían al proponer la creación de la iniciativa, y por lo que lo sigue siendo tan necesaria: «Nuestra juventud no le tiene miedo a los tabús como pasaba con generaciones anteriores, entiende la importancia y necesidad de una salud mental accesible y de calidad, y lo está pidiendo a gritos». 

Castro resalta la insuficiencia de los recursos actuales invertidos en salud mental, sin embargo, reconoce que desde Camarada no quieren enfocarse en la causa, sino aportar una solución y dar visibilidad a un problema que va más allá. «Los proyectos públicos basados en las necesidades reales de la población funcionan, solo hace falta poner atención a las demandas de la gente y cariño a nuestro trabajo», asegura.

«La mayoría de las personas jóvenes perciben falta de apoyo de sus familias»

La iniciativa está dirigida por dos psicólogas expertas en atención juvenil. Una de ellas es Natalia Pérez, quien explica que las consultas se centran principalmente en la mejora de la autoestima, la gestión emocional y las estrategias de afrontamiento. Dada la alta demanda que presentó el proyecto el año pasado, la principal conclusión que han podido extraer es que la juventud prioriza y tiene un alto interés en mejorar su salud mental.

Con 76 participantes en total, Pérez destaca que la iniciativa de acudir por cuenta propia hace que influya positivamente en el nivel de conciencia sobre los aspectos a mejorar y la puesta en marcha de cambios.  Sin embargo, existe una señal que alarma. Como manifiesta Pérez, «la mayoría de las personas jóvenes manifiestan que perciben falta de apoyo de su familia de origen, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha programas y recursos dirigidos a la mejora del bienestar psicológico y  la educación emocional, principalmente, desde la familia y la escuela». 

La psicóloga incide en la problemática que produce vivir en una sociedad individualista que prioriza la productividad y la inmediatez junto al escaso apoyo social. «Se tiende a minimizar el malestar emocional y las estrategias de afrontamiento. Esto en una población vulnerable, como es la infancia y la adolescencia, puede tener efectos negativos como así lo demuestran las cifras», afirma Pérez. 

A pesar de que los estigmas parecen que van desapareciendo, para Natalia Pérez la población juvenil actual representa a las próximas generaciones, por tanto, señala que es de vital importancia abordar las necesidades psicológicas que presenten actualmente y apoyar iniciativas hacia un mejor bienestar psicológico como lo hace Camarada.

«Muchas veces vamos a terapia porque otras personas no van a terapia»

Águeda Cuervo, exusuaria del proyecto y paciente de Natalia Pérez en la pasada edición, afirma que desde su llegada de Badajoz por estudios decidió unirse a Camarada para cambiar de aires, salir de su zona de confort y romper con su estilo de vida anterior «porque estaba demasiado estancada y la gente de mi alrededor no me estaba aportando lo que yo necesitaba».

Como comenta, para ella el proyecto supuso un punto de inflexión en su vida porque le permitió reconocer distintos patrones y actitudes que no le estaban haciendo bien, además de aprender algunas herramientas o estrategias para encontrarse mejor y alejarse de personas que le hacían daño. «Decidí entrar al proyecto en ese momento, aunque yo sabía que desde hace tiempo lo necesitaba. Ahora me encuentro bien, buscándome, analizando distintas formas de actuar, aceptando como soy y cambiando algunas estrategias para estar mejor conmigo misma y con la gente de mi entorno», confiesa Cuervo.

La exusuaria hace especial hincapié en el aspecto gratuito de la iniciativa al presentarse como una oportunidad real para las personas que no tienen los recursos económicos suficientes para costearse una atención psicológica especializada. «Toda la sociedad debería tener ese recurso y poder estar en contacto con una persona que te ayude en tus altos y bajos, así como con tus emociones para saber cómo gestionarlas, porque muchas veces vamos a terapia porque otras personas no van a terapia», subraya.

Tras su paso por Camarada, la pacense recomienda a todas las personas jóvenes acudir a terapia cuando se sientan preparadas porque «es un problema muy grave del que desconocemos sus dimensiones. Si nos encontramos mal estamos mal con nuestro entorno, por lo que es complicado darse cuenta de que necesitas ayuda psicológica. De hecho, existe aún una estigmatización tremenda. El suicidio en España es una de las causas de muerte no naturales más extendidas y eso es muy fuerte. Necesitamos ayuda».

«No se puede recurrir solamente a los fármacos»

En este sentido, Cuervo resalta la importancia de valorar la salud mental en la juventud, puesto que «las emociones son esenciales y si no estamos bien con nosotros y nosotras mismas no vamos a estar bien de ninguna de las formas». Una gestión emocional que, a su juicio, debe enseñarse en las aulas y desde la niñez: «Las personas necesitan hablar y que se les enseñe nociones de inteligencia emocional y de educación afectivo-sexual. No nos instruyen y carecemos de mecanismos para tratar los problemas de nuestro día a día».

«A las instituciones les diría que dedicasen los recursos al sistema sanitario para que la ciudadanía que necesitemos ayuda podamos obtener una atención de calidad. Muchas personas que van al médico de cabecera acaban siendo derivadas a psiquiatría para mandarte una pastilla y solucionar el problema, pero no se puede recurrir solamente a los fármacos», sentencia.

Este reportaje ha sido realizado de forma conjunta con Pablo Herrera.