El proyecto desarrolla como novedad el uso de tres indicadores de estiaje que comprenden el conjunto atmósfera-planta-suelo en vez de la meteorología. Estos se obtienen mediante “datos de observación remota, es decir, mediante teledetección”, tal y como explicó Nilda Sánchez. Los profesionales mostrarán el resultado a agencia meteorológicas y el sector agricultor para mejorar la labor de ambos. El índice puede formar parte de otras muestras climáticas, lo que complementa las estimaciones de sequía.

Características del invento

Gracias a las misiones SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), de la Agencia Europea del Espacio, y MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), de la NASA, se han obtenido los datos necesarios para el cálculo. SMOS ha proporcionado cifras de humedad de suelo superficial y MODIS lo ha hecho del estado de la vegetación planteando un índice normalizado. Todos los valores conseguidos se proporcionan a escala diaria y se trabajan a una resolución espacial de 0,05 grados, de unos 3 kilómetros aproximadamente.

Se utiliza como fuente para la obtención de los datos imágenes de satélite, por lo que gracias al estudio SMADI se puede aplicar a cualquier escala global. Gracias a ello, es posible adaptar todo en diferentes situaciones bioclimáticas y geográficas y de forma semanal o quincenal.

El informe se realizó durante 2010 y 2015 y tuvo validez en países como España, Australia, Estados Unidos, gracias a la comparación de los índices de estiaje aplicados en otros lugares. En este tiempo, también se comprobó la fiabilidad del estudio con eventos reales de aridez a escala mundial que fueron recogidos por el Centre for Research on the Epidemology of Disasters, de la Universidad Católica de Lovania. SMADI identificó más del 80 % de los episodios de escasez de agua declarados en otros registros. Además, las conclusiones mostraron que el método desarrollado por el centro superior salamanqués, tiene la ventaja de que es más fácil de calcular que los que se utilizan hoy en día en el mundo.  El proyecto está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la Junta de Castilla y León.