El producto ecológico está ganando importancia. Las autoridades comienzan a darse cuenta de la necesidad de una regulación en esta materia. Un sistema de agricultura ecológica no integra solamente procesos naturales que preserven el medioambiente. Se persigue también la biodiversidad, el bienestar animal y la salud humana. Las personas pueden sacar provecho de los beneficios de una producción sostenible de sus tierras.

Pura Márquez y su familia poseen, desde hace varios años, un terreno para sembrar. Durante mucho tiempo había permanecido en barbecho (sin cultivar), hasta que la pérdida de sus trabajos les obligó a pensar en maneras de seguir adelante. Comenzaron a plantar pequeños huertos para probar. Así surgió Huertas Ecológicas Bajamar. Por cuarenta o sesenta euros al mes, dependiendo del tamaño, permite alquilar una huerta en la que se incluye también un sistema de riego por goteo con temporizador y herramientas grandes. Al utilizar componentes amigables con el medioambiente, pueden distinguirse de otros emprendimientos.

Actualmente en España, la producción ecológica debe adaptarse a la normativa europea. La ley vigente es el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) es el organismo encargado del control y certificación de los productos alimenticios de origen canario, es decir, garantiza la entrega de alimentos de calidad. También desde esta institución se gestiona la agricultura ecológica. Aguasantas Navarrete García, jefa del Servicio de Coordinación de Área Técnica, explica que desde su área se coordinan otras, como el Servicio de Control y Certificación, el de Inspección Laboratorio e Informes y el de Promoción. «También hay medidas de fomento de la producción ecológica a través de subvenciones, que las realiza el Servicio de Promoción», afirma. 

Es importante saber que un producto puede tener una calidad estándar y una calidad diferenciada. Navarrete explica que «la calidad estándar se refiere a aquellos requisitos que debe tener cualquier producto alimentario para poder salir al mercado». La diferenciada, por su parte, incluye requisitos opcionales, siempre deben cumplirse los mínimos proporcionados por la calidad estándar.

Para que una finca pueda convertirse en ecológica, debe pasar por un proceso de conversión. El ICCA se encarga de gestionar dicho proceso. Desde el Servicio de Control y Certificación se constata que «cuando alguien que produce de forma convencional somete un terreno a control por primera vez, ese primer año queda sin derecho a uso». Esto quiere decir que debe operar respetando la normativa ecológica pero los productos no se pueden comercializar como tal, sino como productos convencionales. Deben pasar tres años para que los productos puedan considerarse ecológicos.

«Las actividades del sector primario en las Islas dieron paso a los servicios»

Canarias cuenta con una inmensa variedad de productos propios de gran valor, tanto cultural como ecológico y culinario, entre los que destacan de manera especial las frutas y hortalizas. 

Desde tiempos muy antiguos la agricultura ha formado y forma parte de las raíces de estas tierras, al igual que de la economía. La papa, el plátano y el tomate eran los productos agrícolas estrella y representaban la fuente de sustento de la población. Aunque todavía continúa su cultivo, las actividades del sector primario dejaron de ser las principales para dar paso al sector servicios. Las causas que se dan para este fenómeno son, entre otras, la alta competencia y los costes de producción. 

Actualmente en las Islas conviven dos tipos de agricultura: la destinada a la explotación por un lado y, por otro, la tradicional, relegada al autoconsumo y el comercio interior. 

«La llegada de los plaguicidas, un cambio en los métodos de producción»

Si bien quedan algunos vestigios de la agricultura tradicional, las metodologías han cambiado. La llegada de los plaguicidas contribuyó a la mejora de la producción, ya que demostraron efectividad para combatir insectos y plagas. 

Los pesticidas comenzaron a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de crear una protección contra los mosquitos transmisores de múltiples enfermedades. Sin embargo, han demostrado ser perjudiciales tanto para el medioambiente como para la salud humana. Muchas de estas sustancias contaminan los suelos al permanecer allí grandes periodos de tiempo tras ser aplicados y se encuentran en los cultivos. Por tanto, las personas pueden llegar a consumir estos componentes al estar presentes en los alimentos y esto puede derivar en problemas de salud.

En 2022, Canarias era la zona de la Macaronesia que utilizaba la mayor cantidad de plaguicidas, según un informe realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que se analizaron 310 compuestos contaminantes en suelos agrícolas. 

Bárbara Socas, investigadora y profesora en la Universidad de La Laguna en el Departamento de Química Analítica, forma parte del grupo de investigación Aqaimpa. Este equipo lleva tiempo desarrollando metodologías analíticas para determinar contaminantes orgánicos. La investigadora afirma que el problema de la agricultura en Canarias es que se requiere una gran eficiencia en el nivel de producción debido a la pequeña extensión del terreno. Esto explica el alto uso de plaguicidas en el Archipiélago.

No obstante, Socas explica que tanto los plaguicidas como los migrantes de plástico (otro componente muy común en las Islas) «han provocado problemas cardiovasculares e inmunológicos, en la reproducción sexual y también existe una relación con las enfermedades neurológicas, como el Alzheimer».

Los contaminantes a nuestro alrededor no nos afectan de forma aislada. «La sinergia de todos esos componentes tienen su efecto de manera simultánea», constata la química. Además, lo que se puede hacer ahora con la contaminación es detectarla y frenarla. El problema, según Socas, es que, aunque se tome acción, algunas veces estos compuestos permanecen a lo largo de los años.

Al saber esto, considerar la instauración de un sistema de agricultura más amigable con el medioambiente no suena muy descabellado. En un lugar como la isla de Tenerife (o cualquier isla del Archipiélago), donde existen unas condiciones climáticas mayormente favorables, cabría plantearse si es una posible solución.

Otra cuestión a tener en cuenta es cuánto, de todo el terreno que se cultiva, se dedica a agricultura ecológica. En España, la Superficie Agraria Útil (SAU) fue de un total de 2 635 442 hectáreas en 2021 y aproximadamente el 10,79 % fue empleado en agricultura ecológica. Esto es 284 364,19 hectáreas, de las cuales Canarias aportó 8 100,67. 

Para identificar que los productos que se van a consumir son ecológicos, se cuenta con un etiquetado concreto que permite diferenciarlos, tanto los elaborados en Canarias como en la Unión Europea.

El ejemplo de Huertas Ecológicas Bajamar

El terreno de la familia de Pura Márquez se localiza en Bajamar, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. Allí iniciaron sus propias huertas, en las que utilizan únicamente productos ecológicos. El lugar tuvo buen recibimiento y una gran demanda. En la actualidad incluso cuentan con una lista de espera. 

Con este emprendimiento logran acercar a las familias al cultivo de la tierra de una manera que no sea dañina con el medioambiente. «Es una manera de ver disfrutar a la gente y aprender», afirma Pura Márquez. También considera que se crea un sentimiento de comunidad entre las personas que alquilan las huertas.

En las parcelas se pueden hallar muchos tipos de plantaciones, desde hortalizas como cebollas, zanahorias y calabacines hasta flores, pimientos, fresas, entre otros. A las personas que alquilan se les realiza un contrato donde se especifican las condiciones. No se les permite plantar árboles frutales, a excepción de papaya, ya que «las plantas frutales suelen ser muy grandes y pueden llegar a invadir las huertas de los vecinos».  

Según Márquez, que se encarga de atender las dudas y dar la información, la mayoría de las personas que rentan un huerto suelen ser jóvenes. Además, constata que las mujeres son las que muestran mayor interés al comienzo y que «cuando ya han alquilado, los hombres se ven más interesados».

Las diferencias, no solo de calidad y salud, sino también de sabor y bienestar entre un producto ecológico y uno secular, son palpables. En palabras de Pura Márquez, «la agricultura con veneno debería acabarse. No tiene sentido echarle veneno a lo que te vas a comer». Este es un ejemplo de que es posible. Se puede abogar por una alimentación saludable y una agricultura amigable con el medioambiente y la salud humana.

La ponente explicó que la química verde busca diseñar productos y desarrollar procedimientos que reduzcan el uso de componentes lascivos para el medioambiente, además de disminuir los residuos y el consumo excesivo de materiales. Actualmente, el grupo Aqaimpa del departamento de Química de la Universidad de La Laguna investiga contaminantes de riesgo para la población en muestras ambientales y agroalimentarias. 

Según Socas, el ámbito de la química analítica se ha centrado bastante en los procesos sostenibles. «Lo que se intenta es reducir el tamaño de las muestras y la generación de sustancias peligrosas», especifica. Su grupo de investigación trabaja en el desarrollo de procedimientos analíticos menos perjudiciales para el Planeta, centrando sus líneas de investigación en procesos de extracción miniaturizados, el uso de nanomateriales y el diseño de disolventes sostenibles. Además, aplican estos conocimientos en sus estudios de contaminación ambiental fruto de pesticidas, antibióticos o plásticos migratorios. 

«El diseño específico para cada caso es un caballo de batalla muy importante»

La investigadora presentó diferentes métodos específicos como la microextracción de gota colgante o separación de compuestos con nanopartículas magnéticas. Se trata de diversas técnicas más sostenibles diseñadas para casos concretos, lo que presenta un problema de versatilidad limitada. Socas comentó que su equipo intenta conseguir una técnica  lo más amplia posible y que los disolventes diseñados sean lo más diversos, pero que en algunos casos  interesa que sea selectivo para sacar un compuesto específico para su análisis en exclusiva. «Es inviable desarrollar técnicas generalistas, si queremos analizar algo de forma específica, tenemos que recurrir a nanomateriales específicos», aclaró.

Aunque se lleva apostando por la química verde desde la creación de sus doce principios de acción en 2013, Bárbara Socas plantea la dificultad de que los métodos sostenibles afecten a la calidad de los análisis, es decir, de que carezcan de fiabilidad. Por ello, desde Aqaimpa se trabaja el concepto de Química Analítica Blanca, proporcionando un nuevo enfoque que además de los aspectos ecológicos, tiene en cuenta otros criterios clave que afectan a la calidad del método según explica el estudio Química Analítica Blanca: Un enfoque para conciliar los principios de la Química Analítica Verde y la funcionalidad de 2021 realizado por un grupo de investigación de la Universidad Jagellónica de Cracovia y la Universidad de Waterloo.

A primera hora de la mañana, se presentaron los proyectos emanados de la convocatoria de la Fundación para el curso 2022/23. En la segunda parte de la jornada tuvo lugar la puesta en escena de los recién concedidos para este curso. Se trata, en su mayoría, de pequeños proyectos que dan lugar a trabajos de fin de grado y fin de máster, permitiendo al alumnado ser líderes de equipo y afianzar sus inicios en la investigación.

Johana Frontela, responsable del Departamento de Investigación de Cepsa, destacó que las expresiones de interés permiten detectar proyectos y se seleccionan los que están más alineados con los propósitos de la cátedra universitaria. Además de esta selección, el centro, ubicado en Madrid, apuntó que desde el equipo reciben nuevas propuestas para atender a las demandas.

La sesión comenzó con la intervención del investigador Javier González, participante en el programa Viera y Clavijo. González presentó su proyecto Determinación de contaminantes emergentes de aguas residuales de Tenerife mediante el empleo de técnicas de extracción automatizadas. A través del trabajo, el investigador propuso la necesidad de llevar a cabo análisis de contaminantes emergentes.

Presentación de proyectos

Después, la estudiante Cristina del Mar García presentó el proyecto Impulso a la economía circular en Canarias a través de la captura selectiva y valorización de CO2, mediante nuevos materiales porosos derivados de biopolímeros procedentes de desechos industriales. Las otras dos expresiones de interés presentadas tuvieron que ver con la revalorización de los fármacos caducados, a cargo de Nayra Concepción, y de Evaluación de la seguridad de los subproductos del sector platanero para su revalorización utilizando protocolos analíticos verdes, por Bárbara Socas y Antonio Vicente Herrera.

Tras la sesión de descanso, se conocieron los proyectos seleccionados en la nueva convocatoria, un total de seis, que comenzarán a desarrollarse y que versan sobre inteligencia artificial para la detección de vertidos contaminantes; el potencial y beneficios de la integración de la energía geotérmica de media y alta entalpía en sistemas aislados y su aplicación al caso de Canarias o la funcionalización de materiales conductores a nivel molecular para la captura reversible de CO2.

Los proyectos Un problema, una oportunidad: valorización de los residuos de cáscara de naranja para la obtención de biopesticidas, Recuperación de aguas contaminadas con compuestos fenólicos empleando carburos bidimensionales modificados con colorantes alimenticios y Almacén de carbono en las islas orientales se presentaron, también, durante el acto.

La jornada cerró con un seminario por la transición ecológica y la innovación denominado I+D como palanca para la transición energética, a cargo de Begoña Lahamonte, responsable de análisis avanzados del centro de investigación de Cepsa.