A nivel internacional, España y especialmente Canarias son reconocidos como puntos de migración significativos. Entonces, ¿por qué los problemas que persisten en estos centros aún no han sido resueltos?

«Las llegadas ya no son motivo de alarma social»

Desde el principio, la calidad de la asistencia jurídica dejó mucho que desear, y esta situación no ha mejorado a medida que el tiempo ha pasado. Aunque se tiende a creer que las llegadas de migrantes al Archipiélago se han detenido, esto no es cierto. El problema radica en que ya no genera una alarma social y política.

La falta de una red estable de acogida y la ausencia de un plan de actuación migratoria en casos de urgencia son los principales culpables de esta situación. En su momento, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, resaltó la importancia de abordar este tema a nivel internacional: «Es crucial estar preparados y tener la capacidad de respuesta frente a algo que cada vez será menos coyuntural y cada vez más estructural».

Por parte de Amnistía Internacional se reclaman a las autoridades españolas que aborden las deficiencias de un sistema de protección internacional. Se pide que España posea un procedimiento para el descubrimiento de perfiles vulnerables. Y, por último, que se instaure un dispositivo de solidaridad interterritorial para garantizar una adecuada acogida a personas menores de edad, independientemente de la ciudad o comunidad autónoma a la que lleguen. En conclusión, que se tenga en cuenta que están jugando con vidas ajenas.

Según Amnistía Internacional en el Mundo hay cerca de 27 mil personas en el corredor de la muerte esperando su condena. Los países que llevan a cabo estos actos suelen hacerlo mediante métodos como la decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento. Esto, sin duda, traslada nuestras mentes a las penitencias propias de los siglos anteriores. Sin embargo, estas ejecuciones han evolucionado a medida que lo iba haciendo la sociedad, llegando a estar presente hoy en día en las líneas legales de muchos estados.

En 92 países existe una pena de muerte regulada por ley y, aunque en muchos otros la actividad no está regulada, se lleva a cabo de igual forma. ¿En qué cabeza cabe que sea legal que ciertas personas decidan si otras viven o mueren?

«La venganza no es una solución viable para prevenir crímenes»

Se piensa comúnmente que una condena de muerte es fruto de un crimen atroz. Es verdad que en países desarrollados como Estados Unidos, los  que todavía mantienen esta pena si la usan bajo delitos de gran gravedad, como son asesinatos en serie o violaciones en masa. Sin embargo, en países menos desarrollados como Sudan o Irán, se puede condenar a muerte a una mujer por el simple hecho de tener relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio. Por lo que cada país puede decidir a su antojo qué clase de delito merece una defunción. Es un acto espantoso que se ejerce sin control ninguno, se decide sin más qué se condena y a quién.

Es verdad que hay delitos que enfurecen la opinión publica y hacen inevitable cuestionarse una pena de muerte. Alfredo Garavito violó y asesinó a casi 200 menores en Colombia de 1992 a 1999 y hoy en día cumple condena en una cárcel de Valledupar. Es estremecedor pensar la de vidas que arrebató ese ser, y la de sufrimiento que sigue provocando hoy en día a tantas familias. Cualquiera en su sano juicio diría que hay que hacerlo pagar con su propia medicina. A mí también me es imposible no pensarlo mientras escribo estas líneas. Pero, ¿a dónde llega esa sed de venganza? ¿Realmente apaciguara el dolor de las familias que Garavito sea electrocutado?

La venganza no trae de vuelta a las víctimas, ni calma el dolor de sus familiares. No es una solución viable para prevenir una ola de crímenes en una sociedad. Es más, apoyarla por un caso atroz solo trae consigo la oportunidad de que muchos países la lleven a cabo en casos demasiado absurdos. Son severos los países, sobre todo en Asia o África, en los que se lleva a cabo una pena de muerte por hurtos o por choque de ideas políticas.

Hay que ser consciente de que si alguien la apoya por un acto determinado, también la está justificando para cualquier otro, sin importar qué grado de atrocidad trate. Además, nadie es capaz de plantearse que, si matas a una persona porque ya mató, estarías rebajándote a su mismo nivel.

En el Mundo hay 194 países, de los cuales, 88 permiten legalmente dicha práctica, y, muchos de ellos, no son lugares que tengan un dictador a la cabeza. Todo lo contrario, en Estados Unidos, «la cuna de la democracia», se permite. También en Japón, Rusia y China, entre otros. Es más, en esta última es donde más ejecuciones se realizaron en 2017. Según Amnistía Internacional,de las 993 realizadas, el país asiático aglutina el 84 % de todas ellas. Aunque, bien es cierto que, a pesar de estos datos escalofriantes, la tendencia es decreciente.

Un tema, que siempre me ha hecho gracia, es la hipocresía política, y esta salió a relucir, en su máximo esplendor, con los actos del pasado 11 de noviembre en París para conmemorar los cien años del fin de la Gran Guerra. Se reunieron cerca de setenta líderes mundiales. Todos, por supuesto (¡qué locura pensar lo contrario!), rechazaron los atroces crímenes cometidos en aquella reyerta, pero al día siguiente, cogen un avión y de vuelta a su país, donde se ejecuta a gente por haber cometido actos horrendos (cosa que no defiendo) pero a los que privan del derecho a la vida, algo fundamental.

El que más me llama la atención, sin duda alguna, es el país americano. Cuenta con 50 estados federales y en 31 de ellos se permite el castigo capital. Además, de los diez territorios más grandes de Estados Unidos, hay ocho que aplican esta última pena, pero lo peor aún, es que no solo utilizan inyecciones letales; también cuentan con cámara de gas, silla eléctrica, fusilamiento y horca. ¿En qué siglo estamos? Pero el tema no queda ahí. Desde 2017, los partidarios por esta práctica han aumentado, llegando al 54 % de los americanos que apoyan fervientemente este tipo de justicia. Si lo quieren llamar así.

Y no vale el argumento de que «los condenados han cometido crímenes horribles e inhumanos». Cierto, pero el fin no justifica los medios. Defendemos la justicia como la búsqueda de la rehabilitación de los condenados, y con estas condenas no se da pie a reinserción alguna. Seamos coherentes y comencemos a darnos cuenta de que las sociedades evolucionan, y con ellas, han de hacerlo los sistemas antagónicos.

Históricamente, la pena de muerte surgió como mecanismo de expiación para aquellos que habían cometido delitos que el propio estado calificaba como capitales, los que en sus inicios iban desde asesinato a espionaje. Teniendo esto en cuenta, la primera duda que me surge sobre la postura de aquellos que defienden esta práctica es si no están cometiendo también un delito capital al ir enteramente en contra de los Derechos Humanos. Esos Derechos que son aplicables tanto para las personas buenas como para las malas.

Al hilo de esto, bien es cierto que la mayoría de los humanos (entre los que me incluyo) ante la situación de conocer al culpable de la pérdida de un ser querido actuarían por la “vía fácil”. Sin embargo, pensando más fríamente, habría que comenzar a diferenciar entre venganza y justicia. Porque la pena de muerte no alivia el sufrimiento de aquellos que han perdido a un allegado, sino simplemente extiende ese dolor a la familia de la persona condenada, la que recuerdo que también es inocente.

Otro hecho objetivo que me hace estar fervientemente en contra de la pena capital es el que demuestra que no tiene efecto disuasorio efectivo, es decir, no crea una sociedad más segura. Lo único que se consigue con ella es convertir a los estados en dueños y señores de cuestiones tan presuntamente insignificantes para algunos como la vida y la muerte. Esto nos lleva a remitirnos de nuevo a ese concepto ambiguo de “delitos capitales”, ya que es imposible delimitar qué infracciones se engloban en cada región donde la ejecución está legalizada.

Los hechos hablan por sí solos

Por ejemplo, en datos de la Amnistía Internacional, en Sudán en 2012 se sentenció a muerte por lapidación a dos mujeres por cargos de “adulterio estando casadas”, en el mismo año en Arabia Saudí un hombre fue procesado por fundar un sitio web de debate político y social y en Irán en 2013, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de dos hombres por “beber alcohol en exceso”. Teniendo en cuenta estos casos, ¿realmente queremos seguir dando esta potestad a los estados? ¿Realmente queremos que en nuestro país, ese en el que parte de la población ha querido encarcelar a un rapero por sus letras y a un humorista por su sketch, se decida sobre el derecho a la vida?

Por último, es preciso recordar a aquellos que se alzan en armas para defender este procedimiento que también existen ejecuciones de personas que se acaban reconociendo como inocentes. En algunas ocasiones, incluso después de su muerte.

“Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no puede imitar tal naturaleza. Está hecha para corregirla”. Esto fue lo que afirmó Albert Camus en su ensayo Reflexiones sobre la guillotina. Y yo, aunque no puedo saber a ciencia cierta si terminaremos todos ciegos como vaticinó Gandhi, afirmo con total convicción que por esta senda del pago con la misma moneda en la que queremos castigar la violencia con más violencia, acabaremos no solo creando leyes inmorales sino tirando por la borda todo atisbo de humanidad.

Si es que aún nos queda alguno…

En 2017, en Siria, murieron más de dos niños al día. Pasan los años y no se ven síntomas de mejora. En 2016 hubo muchas muertes, se creía que era la peor cifra, pero 2017 arrasó con números más altos y más pérdidas, según Unicef. El conflicto es la primera causa de muerte en los jóvenes. Pero algunos escapan de este horror, aunque no con mucha suerte. Mutilaciones, impactos psicológicos… son otros desenlaces para los más pequeños. Se alejan con ello de una vida normal y se acercan a la sombra de la educación y la sanidad que no les puede atender, porque es inexistente. Entre estas cifras, me surge la duda de porqué mi vida vale más que la de un niño sirio.

El horror que no vemos

Pero, ¿cuántas personas mueren en Siria en total? Un recuento hecho por Amnistía Internacional cuenta más de 400 000 muertos en este país en los siete años que lleva la Guerra. Es una batalla entre los grupos rebeldes y el régimen de Basar Al Asad (aunque también se suman otros), pero quienes pasan factura son los civiles, las personas que no tienen culpa de nada. Un conflicto lleno de responsables, quienes están manchados con la sangre de inocentes.

Alarmante también es que se recluten a niños para las filas del conflicto por parte de los grupos rebeldes como el ISIS. Les roban la infancia, los adoctrinan, los manipulan, y muchas veces los obligan a convertirse en suicidas, detonando una batalla de explosivos para matar a quien pase por delante. Además, se secuestran niñas, mujeres, para utilizarlas como esclavas sexuales con el fin de “satisfacer las necesidades” de los terroristas. Se las pasan de unos a otras, pagando lo que creen que merecen, claro. Por las vírgenes se destina mucho más dinero.

Hoy en día siguen pasando actos como estos, sí. Pero nosotros no hacemos nada, giramos la cabeza como si esto no fuera con nosotros. La vida es una, como dice el refrán, muchos ya la han perdido y quién sabe si en lugar de estar echados en el sillón viendo la televisión podríamos estar debatiéndonos entre la vida y la muerte en una zona de conflicto. Por desgracia no todos tienen la suerte que tenemos nosotros, los privilegiados.

Foto: Goran Tomasevic

El pueblo rohingya, una minoría birmana de religión musulmana, busca su identificación y reconocimiento como etnia en su país. Recuerdan que ya fueron reconocidos una vez en la historia de Myanmar, pues entre el año 1958 y el año 1961 se pidió un alto al fuego a distintas comunidades y se empleó por primera vez el término rohingya. Esta denominación no se utiliza comúnmente pues implicaría afirmar que no son extranjeros o apátridas.

«Muchos propietarios de barcos encontraron un negocio lucrativo en el transporte de refugiados de Myanmar a Bangladesh”

El ejército birmano considera que dentro de su idea nacional de unificación esta población es un problema. El movimiento budista nacionalista 969 emplea un discurso político camuflado por la religión, para convencer a la población de que esta minoría musulmana quiere ocupar sus tierras y acabar con su economía. “Con la limpieza étnica se está intentando eliminar la historia de un pueblo” explicó Carballo.

Su condición de apátrida y las persecuciones en Birmania llevaron a esta comunidad a huir a Bangladesh, a pesar de que este país no tiene los medios para acogerles. «Muchos propietarios de barcos encontraron un negocio lucrativo en el transporte de refugiados de Myanmar a Bangladesh”, comentó la representante de Amnistía Internacional.

“Están colocando minas anti personas en las zonas fronterizas”

Muchos de los refugiados llegan a las fronteras con heridas de bala o con signos de violencia y agresión sexual. “La peor parte se la lleva la mujer”, destacó Sonia Pérez, pues durante los asaltos militares son violadas y humilladas. Además, no se asegura que puedan volver en condiciones seguras y dignas: “Están colocando minas anti personas en las zonas fronterizas”.

La ONU no ha calificado las persecuciones de genocidio. A pesar de ello, sí consideran que según las características del conflicto, los crímenes de lesa humanidad cometidos y testimonios de rohingyas huidos se acerca lo bastante como para poder catalogarlo como tal. “Ahí está el peligro de ser musulmán y apátrida”, dijo Carballo cuando explicó que el Estados Islámico, en un comunicado dejó claro que las minorías musulmanas como los rohingya serán aceptadas “con los brazos abiertos” en el Daesh.

Dona tu móvil ha formado parte de diferentes fundaciones como Cruz Roja (su creadora en el año 2004) y Entreculturas. No obstante, a partir de 2015 se adhirió a AI. Por su parte, la academia  colabora en la misión desde 2008 por medio del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE), una firma que contribuye a erradicar las desigualdades sociales de la pobreza y la injusticia en todo el mundo. Así, se han habilitado numerosos puntos de recogida por todo el centro educativo (algunos como el Paraninfo, el Rectorado y los establecimientos de numerosos estudios).

La directora de ACOIDE, Adelina Calvo, ha afirmado que se trata de un advenimiento fundamental para paliar el impacto medioambiental en los hábitos de adquisición, así como un apoyo para la política en defensa de los Derechos Humanos. Además, también reclama que «numerosos países del norte del planeta están generando un volumen de residuos que ya no pueden gestionar a través del reciclado y por ello, como ciudadana y docente, debo dar un paso más para hablar de la necesidad de rebajar el nivel de consumo de nuestra sociedad».

Numerosos materiales que incluyen los dispositivos pueden ser extraídos para su reutilización. Ejemplos de ello son el oro, el cobre, la plata y el coltán, con el que también se intenta evitar la contaminación del aire, el agua y la compra que provenga de países en conflicto como ocurre en la República Democrática del Congo. Según la plataforma Dona tu móvil, por cada aparato reciclado se ahorra suficiente energía como para mantener un ordenador portátil encendido durante 44 horas.