Sostenibilidad ambiental, social y económica de la justicia. Retos de la Agenda 2030 es un proyecto aprobado por la Agencia Estatal de Investigación en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, que lidera la propia profesora y en el que colaboran profesionales de la investigación de distintos ámbitos del saber y de diferentes universidades españolas y alemanas. Con una financiación de 63 000 euros, se extenderá su desarrollo desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025.

“A este interrogante intentamos dar respuesta desde un enfoque novedoso, mediante el que no solo abordaremos esta cuestión, sino que además analizaremos tanto si es sostenible nuestra administración de justicia como los cambios que deberán tener lugar para que la justicia española pueda cumplir con los retos de la Agenda 2030”, explica González Navarro. Este estudio se llevará a cabo de manera transversal, ya que no solo abordará la sostenibilidad ambiental, sino que el proyecto pivota sobre tres ejes distintos, como son la sostenibilidad económica, social y ambiental de la justicia.

Por ello, dentro de este proyecto de generación de conocimiento, el equipo de investigadores e investigadoras plantea tres objetivos generales, en los cuales, a su vez, se contienen los objetivos específicos. Así, en cuanto a la sostenibilidad económica de la justicia, se abordarán temas como la gestión eficiente y automatizada de los recursos judiciales y la inteligencia artificial, el recurso a los medios alternativos de resolución de controversias, el estudio de los denominados procedimientos testigo o la justicia para la transformación económica.

En lo relativo a la sostenibilidad ambiental, el proyecto de investigación indagará en aspectos como los edificios judiciales ambientalmente sostenibles, la digitalización, los programas de cumplimiento ambiental, la justicia restaurativa ambiental, las asociaciones de protección del medioambiente como grupos vulnerables y los procesos eficientes en materia medioambiental.

Y sobre el tercer eje, la sostenibilidad social de la justicia, engloba materias como la igualdad en las más altas instancias judiciales, la formación continuada con perspectiva de género, seguridad y salud laboral, sostenibilidad de la administración de justicia y participación de su personal en el logro de dicho objetivo, el acceso y obtención de justicia con perspectiva de género, la justicia sostenible para las personas con discapacidad, para personas inmigrantes y, en particular, los menores extranjeros no acompañados y la dificultad en el acceso a la asistencia jurídica y letrada.

“Centramos la investigación en obtener resultados que tendrán, por un lado, un impacto científico-técnico, en la medida que pueden conducir a la elaboración de propuestas de cambio legislativo, y, por otro lado, la de un marcado impacto social y económico materializado en la mejora del bienestar de las personas”, asegura la experta de la Universidad de La Laguna.

El equipo de trabajo es multidisciplinar, en la medida que se trata de personal investigador proveniente no solo del campo del Derecho, sino también de Economía y de Informática. Todos ellos pertenecen a un numeroso grupo de universidades españolas, como son, además de la Universidad de La Laguna, la Complutense de Madrid, Alicante, Burgos, Castilla La Mancha, Valencia, Pontificia de Comillas, Salamanca, Málaga, Rovira i Virgili y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como también dos universidades alemanas (Leipzig y Hamburgo). A todas estas universidades se unen también profesionales del mundo de la práctica.

Las jornadas serán inauguradas a las 9.00 horas por el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, y seguidamente el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Óscar Alzaga Villaamil dictará la primera ponencia, titulada La pertinencia de pensar en consensuar la reforma de nuestra Constitución. A las 10.00 horas el siguiente orador, el catedrático honorario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL, Manuel Álvarez de la Rosa, ahondará en el asunto con una intervención denominada Cuarenta años de Constitución: ¿hay que reformarla?

Tras una pausa, la sesión será retomada a las 11.15 horas con la intervención del catedrático de Derecho Administrativo de la ULL Francisco Villar Rojas titulada El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: novedades fundamentales y, seguidamente, a las 12.00 horas le tocará el turno a Francisco Díaz Brito, profesor titular de Derecho Civil de la ULL, para hablar de El papel de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Las fundaciones como ejemplo.

Finalmente, a las 12.45 horas la profesora titular de Derecho Procesal de la ULL Alicia González Navarro disertará acerca de la Actuación de los servicios de inteligencia y garantías constitucionales informadoras del proceso penal. La decana de la Facultad de Derecho, Elvira Afonso, clausurará la jornada en cuya organización ha colaborado el Centro de Documentación Europea.

Sobre la estancia de la experta alemana, la profesora González Navarro señala que la presencia de la profesora alemana ha sido el desencadenante que permitió reunir a una docena de profesores de cinco áreas de conocimiento en torno a una mesa para discutir un asunto desde varias perspectivas: “Desde que entré a esta casa, no lo había vivido: un seminario de trabajo entre profesores de la Facultad de Derecho. Me ha encantado y creo que es una ilusión compartida. Habría que tratar de fomentarlo”.

El Grupo de Investigación Empresa y Derecho, que dirige la profesora González Navarro (área de Derecho Procesal) junto con las profesoras Navarro Frías y Melero Bosch (área de Derecho Mercantil), lleva unos dos años en activo, si bien sus integrantes ya venían colaborando con anterioridad. Por el momento, ya ha convocado dos jornadas internacionales, ha desarrollado varias publicaciones y en breve solicitarán un proyecto de investigación a la Universidad de La Laguna, con vistas a hacerlo más tarde en el ámbito estatal.

Gimeno Sendra desarrolló una ponencia a la que denominó La tutela judicial de las cláusulas abusivas: ¿un caos procedimental?. En ella, se abordó la temática de las cláusulas suelo, la cual es la denominación que se le atribuye a la inclusión de topes bajos en los contratos por parte de la banca. Esto tuvo como resultado la imposibilidad de que los intereses se redujesen.

“España ha reprimido la energía suficiente en las cláusulas abusivas”

Ante esta iniciativa, el también catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia añadió que “los bancos hundieron el sistema financiero y que todos los españoles han tenido que rescatarlos con sus impuestos”. Asimismo, subrayó que la bajada del euríbor hizo que la mayor parte de hipotecados no pudieran adaptarse. «Por ello, descubrieron que sus contratos contenían una estipulación y así os juzgados se llenaron de demandas por desconocimiento de sus existencias», explicó.

Como respuesta, el Tribunal Supremo declaró nulas las condiciones de aquellos convenios que fueran poco transparentes en 2013. El ponente, por su parte, afirmó que el Tribunal Constitucional ha tomado cartas en el asunto, en contraposición al Estado español. “España ha reprimido la energía suficiente en las cláusulas abusivas”, concluyó.

En el arranque de esta nueva edición Afonso transmitió el agradecimiento a los asistentes, a los moderadores de las distintas mesas redondas y a todos los colaboradores que participan de forma desinteresada y que han hecho posible que el proyecto se lleve a cabo. Asimismo, hizo hincapié en la importancia que posee la indagación dentro de la ULL. De este modo, incidió en que el Vicerrectorado de Investigación de la corporación ha sido un gran elemento de apoyo.

A continuación, tomó la palabra González, quien añadió que no todos los días la academia lagunense tiene la oportunidad de llevar a cabo un programa de carácter internacional. Además, declaró que la iniciativa es producto de un enorme esfuerzo e ilusión por parte de la organización. Posteriormente, realizó un repaso de las múltiples charlas que se llevan a cabo dentro de este marco. “Los temas estarán abordados por especialistas propios de la casa y de otras universidades españolas y extranjeras”, recalcó.

El principal objetivo de este conjunto de ponencias, que reúne a relevantes personalidades del mundo industrial  y judicial es buscar una perspectiva interdisciplinar ante situaciones empresariales críticas. Algunas de las cuestiones tratadas son los aspectos actuales dentro del proceso concursal, la delincuencia económica o las consideraciones político-criminales sobre el delito de la banca rota.

La profesora explica que su trabajo, dirigido especialmente al público alemán, consistía en un análisis de la figura jurídica española de la “conformidad”. Se da la circunstancia de que un ciudadano del país centroeuropeo se vio envuelto en un altercado futbolístico hace unos años, que lo llevó a ser condenado en España tras un juicio rápido. En su momento, el abogado le aconsejó que se conformara con la pena por la que le acusaba el fiscal, de tal modo que ésta se vería reducida y se le garantizaba, además, que la condena no tendría consecuencias en Alemania.

Algún tiempo después, el ciudadano alemán solicitó un certificado de antecedentes penales y se encontró, para su sorpresa, que sí figuraba en él la condena española que supuestamente no constaría en su expediente. Por ello, inició un periplo judicial por las diferentes instancias de su país que le ha llevado, finalmente, hasta el Tribunal Constitucional.

La sentencia alemana en ningún caso anula la española, pero plantea que es necesario revisar si la condena en cuestión debe seguir figurando en el expediente y, entre otras fuentes, cita el artículo de la profesora González Navarro.

Mientras que en muchas disciplinas científicas las grandes referencias se encuentran en países anglosajones, en el ámbito de la investigación en Derecho, Alemania constituye una gran referencia, puesto que el ordenamiento alemán, sobre todo desde mediados del siglo XIX, ha sido una fuente de inspiración para el mundo del Derecho en España, debido al peso indiscutible de la doctrina científica alemana en la elaboración de la teoría general del derecho penal y procesal penal.