El objetivo general es documentar y analizar el protagonismo de dos categorías de análisis filosófico-social, ético-político y jurídico, que se han situado en el centro de las preocupaciones de las teorías de la justicia y la ciudadanía en las últimas décadas y que se traducen en el agravamiento de brechas y desigualdades sociales.

Por un lado, explican los investigadores, los estados del bienestar se ven abocados a proteger a las personas y colectivos más expuestos a riesgos y contingencias que atenten contra su vida, salud o dignidad, con lo que la clarificación conceptual y teórica de las filosofías de la vulnerabilidad es obligada en sus dimensiones antropológicas, sociopolíticas y jurídicas desde enfoques feministas e interseccionales. Por otro, la precariedad, sobre todo laboral, se ha instalado como falta de horizonte social, en especial en las nuevas generaciones, de manera que se impiden sus proyectos de vida y, por lo tanto, el acceso a los ideales éticos de la autonomía y la autorrealización.

Este proyecto de investigación liderado por la ULL cuenta, a su vez, con tres objetivos. En primer lugar, clarificar y reconstruir el entramado teórico-crítico relativo a los estudios de vulnerabilidad, propósito en el que se ha avanzado notablemente con investigaciones sobre injusticia epistémica, brecha digital, decolonialidad en el marco de celebración de Campus América, así como la elaboración de dos tesis doctorales sobre vulnerabilidad migratoria y posthumana, a lo que suma la incorporación del equipo de investigación a la Red de excelencia ESPACYOS. Ética de la salud pública del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Detalles de la investigación

En segundo lugar, evidenciar las consecuencias de la expansión de la precariedad laboral, un objetivo que ha tenido que ser contextualizado con la irrupción de la Inteligencia Artificial y la radicalización de la emergencia climática, añaden Guerra y Navarro, dando lugar a nuevas formas de precariedad que se estudiarán en una monografía sobre injusticia algorítmica y sesgos de género, si bien en este ámbito se ha organizado el IV Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización, con el resultado de una obra colectiva de inminente publicación.

Por último, el proyecto buscaba redefinir la red que sostiene los derechos fundamentales, lo cual se ha concretado en el estudio específico sobre la vulnerabilidad social de las personas trans desde la perspectiva estatal y autonómica, con la próxima elaboración de una tesis doctoral al respecto, a lo que se sumará la publicación de una obra colectiva sobre los derechos sociales en el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.

Asimismo, debe destacarse la labor de transferencia asociada al proyecto en este ámbito, con diversos encargos académicos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, relacionados con la fundamentación de la constitucionalidad de la Ley Trans e Intersex autonómica y su posterior desarrollo reglamentario, así como la previsible suscripción de un convenio con el Cabildo de Tenerife sobre la estrategia insular contra el sinhogarismo.

A lo anterior se suma la intensa actividad de internacionalización del proyecto, con la realización de sendas estancias de investigación en universidades extranjeras como las de Pisa, Bérgamo, Graz, Kassel, Utrecht, Berlín, México o Buenos Aires, con alguna de las cuales se pretende optar a la mención internacional de las tesis doctorales que se defiendan como resultados.

Si bien el periodo de ejecución del proyecto de investigación estaba previsto por tres años desde 2021 hasta 2024, una vez se ha obtenido una valoración positiva del informe intermedio, se ha solicitado una prórroga de once meses adicionales para poder lograr los objetivos previstos en la memoria inicial, especialmente en lo que se refiere a la próxima publicación de casi una decena de monografías.

¿Qué opinión tiene de Campus América? «Está demostrado que sumar, colaborar, da muy buenos resultados en ciencia. Por eso, que desde Canarias se haga este campus dedicado a las relaciones con América, a la que me he dedicado muy profundamente, es una muy buena noticia. Necesitamos estrechar lazos».

¿Qué perspectivas tiene acerca del Pacto por la Ciencia? «Estamos trabajando con todos los grupos políticos, y después de dos reuniones hemos convenido que lo mejor es hacer un acuerdo parlamentario por la ciencia. Tenemos puntos de vista muy próximos, y aunque con este escenario político ahora mismo está más ralentizado, vamos a llegar juntos a un punto común: diseñar y tener una buena carrera profesional de investigadores, para que nuestros jóvenes sepan dónde empiezan y, siempre basado en el mérito, conozcan dónde quieren terminar».

Agencia Estatal de Investigación

¿Qué puede decir de la Agencia Estatal de Investigación? «Es ya una realidad, a partir de julio de 2017 tiene ya su propio presupuesto y alcanza ya todas sus capacidades, porque fue creada en 2016. Las convocatorias ya se están haciendo desde allí. Con ello se va a agilizar todo lo que es concurrencia competitiva, proyectos, convocatorias de recursos humanos…».

¿Qué prefiere, investigadores funcionarios o no funcionarios? «Una mezcla. Tenemos investigadores funcionarios que están realizando un excelente trabajo, es el sistema que tenemos y es muy sólido, pero ya desde 2013 estamos lanzando convocatorias para personal investigador de carácter no funcionarial. Así funcionan por el resto del mundo y también en muchos de nuestros mejores centros, en donde ya trabajan con contratos vinculados a proyectos o a una evaluación cada cinco años. Se estudia si su trabajo es bueno y si sigue manteniendo los niveles de calidad por los que fue contratado, y si no es así se tendrá que buscar otra ubicación… Hay muchos contratos temporales, y queremos que se produzca una estabilización, pero siempre basada en el mérito».

Fuga de cerebros

¿Que nos puede contar de la fuga de cerebros…? «Estamos intentando al máximo contratar y lograr que vuelvan los que se han ido. Ahora mismo en los organismos públicos estamos superando la tasa del 100 % de contrataciones. Estamos hablando de más de 350 contratos para entidades públicas de investigación y otros 300 de promoción interna; esa es la tarea, recuperarnos rápido y crear posibilidades de retorno a nuestro sistema».

La transferencia a la sociedad sigue siendo, en muchos casos, un punto débil de las universidades españolas. ¿Cómo lo ve usted? «Llevamos toda la vida pensando que las universidades generan el conocimiento y luego lo transfieren a las empresas y en eso nos ha ido bastante mal, tanto aquí como en cualquier otro sitio. La transferencia es mucho más compleja, es más una circulación de conocimiento. No se trata de que la universidad genere y luego pase, porque necesitas un sistema de igualdad. Las empresas también hacen investigación y tienen que comunicarlo a las universidades. Nos estamos acercando al verdadero problema: si circulamos conocimiento, porque una empresa tiene un problema y logra que la universidad se lo resuelva, hemos ganado».