Durante la pandemia, el país sufrió un cambio gubernamental de gran magnitud. El Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) convocó elecciones en la región, pese a la negativa del premio Nobel de la Paz y  primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que las había cancelado por la situación pandémica. «La guerra estalló tras años de diferencias entre etnias que, finalmente, se han llevado al plano político», explica Beatriz González, integrante de la junta directiva de la ONG Abay Etiopía, y agrega que «así da comienzo una guerra civil con un trasfondo étnico». 

Desde el inicio del conflicto armado, los servicios de ayuda humanitaria y de telecomunicaciones fueron bloqueados. El transporte, la falta de acceso a medicación y el apagón informativo pasaron a ser elementos diferenciales y categóricos de la guerra. «En los meses más duros fue imposible acceder a un visado ONG. El acceso a la zona de Tigré estaba prohibido, tanto para ONGs como para periodistas», asevera González. El cierre impuesto supuso el aislamiento de la localidad e impidió la entrada de comida y de medicamentos esenciales.

«Los países de África son vulnerables en muchos sentidos. Dependen de las condiciones climáticas. El hambre es subyacente, puede brotar en cualquier momento y, ante un conflicto, cualquier logística desaparece», comenta Rafael Aguayo, que fue jefe de zona en Etiopía y  trabajó como responsable de proyectos sanitarios y rurales comunitarios en el país. Además, Aguayo subraya que «Etiopía es un país receloso. No deja ver lo que pasa en su interior, por lo que quizá no se conoce la cifra exacta de muertes».

«El hambre ha sido utilizada como arma de guerra»

Tal y como recoge el Estatuto de Roma que regula el Tribunal Penal Internacional, «usar intencionalmente el hambre de civiles como método de guerra, privando a la sociedad de objetos indispensables para su supervivencia, según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra, es un crimen de guerra».

Entre los factores diferenciales del combate, Josep Maria Royo, investigador de la Escuela de Cultura de PAU de la Universidad Autónoma de Barcelona especializado en el análisis de los conflictos y situaciones político sociales de los Grandes Lagos y el Cuerno de África, destaca «la intensidad de la violencia. Tanto el Gobierno Federal como el Regional disponían de armamento pesado» y añade que «se usó contra civiles en núcleos urbanos». El experto señala que, además de la violencia, «la hambruna y el bloqueo del acceso humanitario e informativo imposibilitaron la denuncia de la vulneración de derechos humanos».

Por su parte, Beatriz González asegura que «este bloqueo puede considerarse como una violación de derechos» y afirma que «el hambre fue utilizada como un arma de guerra contra la población». Esto, en palabras de Royo, «causó víctimas mortales adicionales al combate, además de las violaciones o los actos de limpieza étnica».  A todo ello se suma que los fertilizantes y productos eran inaccesibles, por lo que «la región ha sufrido una hambruna generada por la incapacidad para cultivar», declara Josep Maria Royo.

«Múltiples vulneraciones de derechos humanos se cometieron con total impunidad»

La inexistencia de periodistas en el terreno de combate y el cierre informativo provocaron que «no se pudiese documentar la vulneración de derechos ni presionar a las partes para que frenasen los actos de violencia», expone Royo. Asimismo, el especialista menciona que «formó parte de una estrategia de guerra y de desinformación porque solo quienes lograron huir del conflicto dieron voz a las graves atrocidades cometidas».

Fue a partir de marzo del 2021, cuatro meses después del inicio del conflicto, cuando periodistas pudieron acceder a la región. Por tanto, «durante un tiempo se cometieron múltiples vulneraciones de derechos humanos con total impunidad», sentencia Josep Maria. Asimismo, a partir de este momento, hay una atención creciente en el país «para intentar descubrir qué está sucediendo y cómo están actuando las fuerzas», comenta el especialista.

Según informes presentados por organizaciones dedicadas a la defensa e investigación de derechos humanos como Human Rights Watch, se han perpetrado varios crímenes de guerra que no han sido denunciados. «Había una voluntad sistemática de atacar, por ejemplo, a través de violaciones múltiples», manifiesta Josep Royo y puntualiza que «el objetivo era influir psicológicamente en el adversario». 

Por otra parte, según Marcos -nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente-, un chico de origen etíope que vivió la guerra, la intención de ocultar el conflicto a la opinión pública internacional fue «no dar una mala imagen del país. Son personas que mueren y no van a dar información de ello». Desde su punto de vista, «cualquier Gobierno busca ocultar la información que le afecta de manera negativa».

Conexión VPN

La red privada virtual o VPN es una herramienta digital que establece una conexión segura y cifrada entre dos o varios dispositivos e Internet. Su uso proporciona una organización privada de datos y comunicaciones mientras la persona usuaria utiliza redes públicas. De esta forma, aspectos como la ubicación permanecen ocultos mientras la persona realiza una llamada o navega en la web. El objetivo principal: proteger la privacidad en la red frente al acceso externo y ocultar datos en línea. 

«El Gobierno de Etiopía ha restringido las llamadas», confiesa Marcos que, además, ha tenido que hacer uso del servicio VPN como alternativa al aislamiento social que generó la guerra. Así, poder comunicarse. Rafael Aguayo confirma lo anterior y aclara que «cuando pasaba algo tenías que tirar del VPN para acceder a WhatsApp» y a esta situación se unió que «todo Internet estaba bajo control. La problemática era de tal magnitud que, hace cuatro años, Facebook era ilegal».

Marcos denuncia que, a lo largo de la guerra, los servicios básicos no funcionaban. «Las escuelas estaban cerradas y estuvimos los dos años de conflicto incomunicados porque la mayoría del transporte era aéreo». Sin embargo, «durante meses no hubo ningún vuelo y las regiones no eran autosuficientes. Aquí, la política se lleva al extremo».

«Es un país roto por dentro»

El 2 de noviembre del 2022, el TPLF y el Gobierno Federal etíope, grupos enfrentados durante el combate, firmaron un cese permanente de las hostilidades. El Tratado de Paz, con el fin de buscar una solución, se presentó como el punto final del conflicto armado. En cambio, Josep María Royo piensa que «más que un punto final, parece un punto seguido». Según Rafael Aguayo, «Etiopía es un país roto por dentro. Hay muchos problemas entre las etnias y cuando se beneficia a una parte se está perjudicando a otra».

Después de 726 días de guerra, 103 semanas y 23 meses, Marcos confirma no haber estado cómodo ni un solo día: «Las imágenes que ves y las cosas que escuchas cada hora que pasa no te dejan estar tranquilo. Es algo que te afecta de manera constante».

El país enfrenta grandes retos, entre los que destaca, tal y como cita Royo, «poder dar respuesta a la demanda de la población y continuar teniendo un clima de gobernabilidad entre los diferentes movimientos políticos» y, aunque hay aspectos que han progresado, «todavía queda mucho por mejorar porque las guerras en África no importan», concluye Marcos.