Se acercan las elecciones generales y, con ello, se reabre el debate de una cuestión que se creía ya zanjada en nuestro país. Algunos partidos políticos que optan a la presidencia muestran su desacuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El fundador y actual líder de Vox, Santiago Abascal, y el dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, son partidarios de derogar esta ley con el fin de volver a la Ley Orgánica 9/1985 impulsada por Felipe González.
La Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, despenalizó el aborto inducido solo en el caso de que hubiera riesgo para la salud de la mujer embarazada, violación o malformaciones en el feto. Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, concretó la despenalización de la práctica durante las primeras 14 semanas del embarazo. En ese tiempo la mujer puede tomar una decisión libre sobre la interrupción de su gestación. También existe la posibilidad de suspenderlo a partir de la semana 22 con causas excepcionales y debidamente justificadas. Esta ley fue modificada por el Partido Popular en el 2015, que aprobó que las menores de edad de 16 y 17 años necesiten permiso paterno para poder abortar.
Ilegal en numerosos países
España es en la actualidad uno de los tantos países del Mundo en el que es legal la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto. No obstante, en la mayoría de estados de América Latina, Asia y África esta práctica está prohibida en su totalidad o es lícita solo en algunos supuestos, como por ejemplo, cuando se trata de salvar la vida de la mujer. En lugares como Venezuela, Brasil, Perú o Chile está por lo general prohibido, pero se permite en ciertos casos. Por otro lado, entre los países en los que es ilegal en su totalidad se encuentra Malta, Ciudad del Vaticano, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. En estas regiones practicarse un aborto se considera una acción ilegal, existiendo penas de cárcel para aquellas que decidan someterse a uno.
La lucha, como podemos ver, no se basa en mantener que el aborto sea legal en España, sino en conseguir que esta práctica sea legítima en todos los países del mundo, porque todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Cuando me preguntan qué es lo que pienso con respecto a la prohibición del aborto, me surgen una serie de preguntas que rondan constantemente en mi cabeza: ¿Quiénes son los demás para decidir lo que debo -o no- hacer con mi cuerpo?, ¿por qué mujeres que han sido violadas deben tener un hijo que no desean, que les recuerda a un momento traumático de sus existencias?, ¿por qué la gente dice ‘matarás a una persona si haces eso’? o ¿por qué debo tenerlo si no tengo recursos para cuidarlo?
En España, desde que se aprobó en el año 2010 la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se ha reducido notablemente el número de abortos realizados. Según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el año 2010 se practicaron 113 031, mientras que en el año 2017 fueron 94 123, por lo que se aprecia una bajada notoria de hasta casi veinte mil abortos. Los resultados de este informe me permiten afirmar, una vez mas, que la interrupción voluntaria del embarazo no es utilizada por las mujeres como un método anticonceptivo. Por lo que, definitivamente, ese argumento por parte de los antiabortistas es desacertado.
Una alternativa de alto riesgo
El presidente de Vox, Santiago Abascal cree que «hay que hacer una apuesta pública en favor de la natalidad». Así lo dijo en una entrevista realizada el pasado lunes 8 de abril, en el programa televisivo Espejo Público. A esto respondo que lo único que fomentará derogando la actual ley será la mortalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres que abortan en su mayoría son chicas jóvenes, que han sido violadas, pobres o que no se sienten preparadas para las responsabilidades que tener un hijo conlleva. En los países donde el aborto voluntario es ilegal, hay una mayor tasa de mortalidad de mujeres debido, entre otras causas, a que se someten a prácticas clandestinas.
Según Médicos Sin Fronteras, el aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna y el informe Abortion Worldwide 2017: progreso desigual y acceso desigual, publicado por Guttmacher Institute estima que al menos 22 000 mujeres mueren a causa de abortos no seguros cada año, el 97 % de ellas en África, Latinoamérica y el sur y oeste de Asia. Por lo tanto, legalizar el aborto no solo reduciría notablemente las cifras de mortalidad en todo el mundo, sino que además se evitaría que recurrieran a métodos inseguros y arriesgados para su vida y su salud.
Prohibir y penalizar la interrupción voluntaria del embarazo es despojar a la mujer de su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo. Lejos de conseguir aumentar la natalidad, lo que se conseguiría y se consigue ya en algunos países es provocar que la mujer se someta a abortos clandestinos con resultados fatales en su mayoría o a viajar a otro país donde sí sea legal. Ninguna fémina tiene que sentirse culpable por querer abortar, y mucho menos debe ser condenada por lo mismo. Es un derecho y privarnos de él significa dar un paso atrás en el progreso de la humanidad. No olvidemos que no se trata de una cuestión de concepciones personales, creencias religiosas o morales, sino de justicia. Que tú decidas no abortar, no significa que no apoyes la legalización del mismo. Unámonos para luchar por nuestros derechos.
