Llevo días con una pregunta en la cabeza: ¿Qué pasará con las bibliotecas o las clases presenciales si el Gobierno no logra llevar adelante la ampliación del estado de alarma, hoy miércoles, 6 de mayo, ante el Congreso de los Diputados? Si el estado de alarma finaliza, significaría que el presidente del Gobierno y los ministros de Defensa, Interior y Transportes, más el de Sanidad, dejarían de ser autoridades competentes delegadas, respectivamente, a niveles autonómico y local.
Una vez más, las comunidades autónomas volverían a tener la capacidad de decisión en materia sanitaria y el mantenimiento de la educación. Las modalidades a distancia y on line podrían dejar de sostenerse. Museos, archivos, bibliotecas… tendrían permiso para abrir ya sin esperar a su fase correspondiente de la desescalada. Entonces, ¿significa eso que el alumnado podrá volver a ocupar las bibliotecas sin necesidad de que haya un foro limitado del 30 % como contemplaba el plan de desconfinamiento? Puede ser, pero no como antes. Lo que sí es seguro es que el estudiantado regresará a las aulas en grupos reducidos para evitar los contagios. De esta forma, mientras la mitad del alumnado vuelve a las aulas en septiembre, la otra mitad permanecerá en casa para continuar con la docencia on line.
Si la ampliación de la prórroga que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez no sale adelante significa que se restablecerán todos los derechos de la ciudadanía. Es decir, que las personas pueden volver a sus trabajos, podríamos pasear o hacer ejercicio sin necesidad de establecer horarios y, entre otras, que por fin se podrá visitar a nuestros seres queridos presencialmente porque ninguna normativa puede limitar el derecho de la libertad de movimiento.
Por otro lado, bajo decreto de alarma, las dos universidades públicas canarias, con cerca de 42 000 estudiantes entre ambas, tomaron la decisión de dejar las clases presenciales y pasar a la actividad virtual hasta septiembre, pero… ¿Cómo se justificaría no regresar a las aulas? Sobre esta cuestión, la Consejería de Educación podría establecer, bajo una ley de salud pública, un plan donde se bajase la ratio y se garantizase la separación adecuada en los centros. Pero esta normativa quedaría obsoleta ya que la infección podría suceder en los pasillos durante los intercambio de hora o en la cafetería o en cualquier espacio común.
Sin embargo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, mantiene el inicio del próximo curso al desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, propuesta que Celaá ya ha trasladado a todas las comunidades. La vuelta a colegios y universidades, considerando esta medida, se prevé que no se produzca hasta mediados de septiembre. La puesta en marcha de estas medidas para el curso 2020-2021 obligará, por tanto, a reorganizar el inicio de las clases.
En definitiva, se podría poner en riesgo todo lo andado hasta ahora con el estado de alarma, que ha tenido como interés principal, alejar a la población de la pandemia. ¿A qué intereses miran los partidos políticos que se han planteado votar en contra de un nuevo periodo de 15 días de estado de alarma? Está claro que sanitarios, no. ¿Serán intereses económicos o simplemente lo que siempre les preocupa a los líderes políticos? Rédito electoral a través del desgaste del partido en el Gobierno.
