El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Por este motivo, varias instituciones, como la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Canario del Movimiento Europeo y Europe Direct Canarias, en colaboración con Radio ECCA, organizaron una mesa de debate online bajo el nombre de Por una futura política de asilo europea humanitaria, justa y eficaz. El objetivo era discutir sobre políticas que se recogen en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, cuyos planteamientos ya se están ejecutando en la UE desde finales del 2020.
El acto, conducido por la periodista Victoria Caro, fue inaugurado por los discursos de Lidia Cabrera Pérez, vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la ULL, y Jin Taira Alonso, vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional de la ULPGC. En ambas presentaciones, se compartió la misma visión sobre cuál debería ser el principal propósito: construir políticas de transformación justas. De esta forma, Cabrera insistió en que «no se debía caer en la deshumanización», ya que «el eje siempre deben ser las personas». Por su parte, Taira aludió a que este tipo de eventos «son necesarios para construir puentes y conciencias».
Una vez introducida la jornada, la conductora presentó a las personas que iban a intervenir en el debate: principalmente, juristas y personalidades relacionadas con la política. A lo largo de las diferentes ponencias, fueron constantes las referencias hacia el gran fenómeno migratorio que se desarrolló en las costas canarias con la llegada de 23 000 inmigrantes en este último año. De esta manera, casos como el Campamento de Arguineguín o el de Las Raíces eran posicionados como los ejemplos reales sobre la ineficiente reacción humanitaria que hay en Europa, cuando ocurren este tipo de sucesos.
«Sentía alegría cuando las embarcaciones con inmigrantes llegaban a las costas, porque eso significa que seres humanos que se habían jugado la vida habían sobrevivido»
José Segura Clavell, director general de Casa África, fue el primero en pronunciarse. Sirviéndose de su propia experiencia como delegado del Gobierno de Canarias, desde el 2004 al 2008, aclaró que «sentía alegría cuando las embarcaciones con inmigrantes llegaban a las costas, porque eso significa que seres humanos que se habían jugado la vida habían sobrevivido». Además, reclamó que la primera demanda de los países africanos era «el trato de igual a igual» por parte de los países miembros de la Unión Europea, «dejando atrás los resquicios de la colonización», y así, fomentar la cooperación.
La jefa de misión del Consulado de Senegal de Las Palmas de Gran Canaria, Katia Van Bockel, continuó con las ideas de reencuentro y colaboración que expuso Segura, aclarando que «tenemos que hablar con África para vivir su realidad». Según ella, solo de esta forma «la sociedad y la política europea podrán comprender por qué buscan ese refugio» y cuan importante es «facilitar la tramitación de asilos y medidas de protección a quienes lo necesitan».
Por otra parte, Itziar Gómez Fernández, colaboradora de la Fundación Raíces y letrada del Tribunal Constitucional, tomó una postura mucho más crítica, ya que tiene sus dudas sobre si estas nuevas políticas del Parlamento Europeo, «sean realmente útiles para mejorar la vida de las personas». Es por ello que propone dos iniciativas: un nuevo sistema de «solidaridad no voluntaria», donde los países estén bajo un plan de actuación obligatoria, con sus respectivas consecuencias ante posibles incumplimientos, y un mecanismo de contingencia a las crisis humanitarias para ser capaces de prever asistencia de forma inmediata.
«Los sistemas de retorno no aseguran el bienestar de las personas»
Además, Gómez también manifestó su disconformidad con la importancia otorgada a los planes de retorno, los cuales «ponen a la gente en la inseguridad, y no en las reunificaciones familiares ni en el bienestar de las personas». Asimismo, comentó «la doble faz» que suponen las colaboraciones con los países africanos, ya que por motivos de inestabilidad en la política interna, pueden llegar a hacer de las medidas de repatriación de inmigrantes verdaderos sistemas de subcontratación en los controles de fronteras.
Siguiendo con el hilo de la gestión ineficiente de la Unión Europea, el periodista José Naranjo, premiado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, comenzó su intervención haciendo una comparativa con el caso de Burkina Faso: un país de 2o millones de habitantes, que aún ostentando uno de los mayores índices de pobreza del mundo, se hizo cargo de 1 200 000 personas desplazadas internas. Es entonces cuando cuestionó el hecho de que se le pueda llamar «crisis migratoria», cuando estas mismas cifras se dan en el Viejo Continente, a pesar de que conforman una proporción de población mucho menor y que los recursos son exponencialmente mucho mayores.
«Lo que ha pasado con la inmigración que ha llegado a nuestra tierra, me parece que es la mayor plasmación del fracaso»
La gestión autonómica y nacional tampoco se libraron de la crítica: «Lo que ha pasado con la inmigración que ha llegado a nuestra tierra, me parece que es la mayor plasmación del fracaso», subrayó Naranjo. «Han convertido un hecho natural, como es el de las migraciones, en un absoluto problema cometiendo error tras error: bloqueos en Canarias, construyendo macrocentros… Cuando en realidad, la acogida y la hospitalidad se trata de otra cosa», ultimó.
Las historias personales también se abrieron hueco en el debate. Loueila Mint Mamy, una abogada experta en migraciones, relató la historia de Huseín Bachir Brahim: un joven activista saharaui, que tras venir a Canarias en una embarcación y pedir asilo político por la persecución que sufría en su país de origen, fue igualmente entregado a las autoridades marroquíes. Actualmente, Huseín se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 12 años de prisión.
«España tiene que velar por que esto no ocurra», reclamó la abogada recordando los pactos establecidos en la Convención de Ginebra.
Como broche de oro, Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial de CEAR Canarias, fue invitado al foro para explicar los detalles del último informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y en Europa. Entre los diferentes datos que proporcionó, recalcó que de las 89 000 peticiones de asilo que recibieron los organismos españoles el año pasado, solo un 5 % son aprobadas.
En Canarias, la mayoría de las 3900 solicitudes que se recibieron en el 2020 procedían de nacionales de Venezuela y Colombia, a pesar de la proximidad del Archipiélago al continente africano. Sin embargo, Lorenzo explicó los posibles motivos detrás de esta incongruencia, ya que piensa que «las situaciones vividas de crisis humanitarias e institucionales, la capacidad reactiva para atender las emergencias y la vulneración de derechos en las coberturas legales han fragilizado el acceso a estas últimas».
«Un cambio de óptica y de enfoque es principal para hacer realizables el resto de propuestas»
Además, respecto a las legislaciones europeas, opinó que este nuevo pacto solo pretende incidir en las políticas de retorno y en el blindaje de fronteras, por tanto, «un cambio de óptica y de enfoque es principal para hacer realizables el resto de propuestas», cuyo propósito es garantizar y priorizar el bienestar de las personas.
La falta de cooperación por parte de las sociedades occidentales fue mencionado, en reiteradas ocasiones, como uno de los principales problemas. Por tanto, no fue una sorpresa que la necesidad de debatir y posicionarse, tanto en las organizaciones parlamentarias como en las instituciones académicas, para conformar unas futuras políticas humanitarias, justas y eficaces, se convirtiese en una de las conclusiones del evento. Implicarse en el estudio de lo que está pasando en las fronteras es clave, para poder corresponder a los valores que recoge la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad.
