El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna aprobó en su sesión del viernes 20 de diciembre, por 28 votos a favor y 5 abstenciones, el convenio interadministrativo entre las instituciones públicas de educación superior de la Comunidad Autónoma y el Servicio Canario de la Salud que regirá la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia en las enseñanzas universitarias oficiales de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.
Este punto del orden del día fue presentado por la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Carmen Rosa Sánchez, quien explicó que llegar a ese documento ha resultado un proceso muy costoso de negociación que se ha prolongado tres años. De hecho, ya hubo un intento fallido de llegar a un convenio similar en 2015 que, finalmente, no pude materializarse, lo que ha obligado a seguir funcionando en el ámbito de las prácticas y docencia hospitalarias con un convenio de 1989 que se ha ido renovando.
Ya la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha dado su visto bueno a este convenio y ya solamente resta que el Consejo de Gobierno del ejecutivo regional también lo refrende. Como explicó la vicerrectora, se trata de un acuerdo muy discutido en el que todas las partes han tenido que ceder y, por tanto, no es plenamente satisfactorio pero, al menos, cumple unos objetivos mínimos. Además, señaló que tras la aprobación del convenio se procederá a negociar el concierto correspondiente entre ejecutivo y cada universidad, por lo que en ese proceso habrá margen para mejorar el acuerdo.
Prácticas y docencia
Uno de los elementos polémicos de esta negociación ha sido que ambas universidades han querido que el documento explicitara de manera inequívoca que los centros hospitalarios públicos de la comunidad autónoma solamente podrán acoger docencia y prácticas de estudiantes de titulaciones de Ciencias de la Salud de las universidades públicas. El parecer tanto de la ULL como de la ULPGC es que no se puedan utilizar centros públicos para la docencia de centros educativos privados.
El rector, Antonio Martinón, también participó en el debate para hacer énfasis en este punto, y explicó que dos los rectores de las universidades públicas han hecho saber al presidente del Gobierno de Canarias su parecer en diversos ámbitos, y detectaron que desde el ejecutivo no había voluntad por cerrar la posibilidad a las universidades privadas la posibilidad de utilizar los recursos sanitarios públicos.
Finalmente, tras mucha negociación, el convenio recoge una clausula sobre la prioridad de los centros públicos sobre los privados para el uso docente de las infraestructuras del Servicio Canario de la Salud, que cita textualmente que “excepcionalmente, con la finalidad exclusiva de la realización de prácticas y con base en convenios específicos, podrá haber estudiantes de otras universidades, previa consulta por escrito a la universidad vinculada”.
Plan de Igualdad de Género 2019
Martinón explicó que se ha intentado presionar en este punto y en otros, como la inclusión de la figura del profesorado contratado doctor vinculado, y que se va a seguir negociando en los conciertos que darán forma al convenio marco.
Otro punto del orden del día aprobado hoy fue el programa de implantación del Plan de Igualdad de Género 2019, que fue presentado ante el órgano por la subdirectora de la Unidad de Igualdad de Género de la ULL, Sarai Rodríguez, quien explicó que el documento contiene 36 medidas referidas a 21 objetivos relacionados con nueve ejes transversales: Política de igualdad; Políticas de impacto en la sociedad y de responsabilidad social; Comunicación, imagen y lenguaje; Representatividad de mujeres y hombres; Acceso, selección, promoción y desarrollo; Retribución; Acoso, actitudes sexistas y percepción de discriminación; Condiciones laborales; y Conciliación de la vida profesional, académica y familiar.
También fueron acordados en la reunión los periodos de cierres institucionales previstos para 2019. La gerente, Lidia Saavedra, explicó estos cierres suponen una optimización del uso de los edificios que, en lo económico, suponen un recorte en el gasto de seguridad, limpieza y suministros de unos 613.000 euros. De este modo, en 2018 la Universidad cerrará en Navidad entre el 31 de diciembre de 2018 y el 7 de enero; en Semana Santa, del 15 al 21 de abril; y en verano, del 8 al 23 de agosto, que en este caso supone una reducción de dos días respecto al cierre de 2018.
La gerente también presentó las ofertas de 2018 de empleo público del Personal de Administración y Servicios tanto funcionario como laboral que, en el primer caso, abarcará 28 plazas y, en el segundo, 8 plazas en turno libre y 12 para promoción interna.
