El Claustro de la Universidad de La Laguna aprobó ayer jueves, 16 de septiembre, los nuevos Estatutos del Centro académico. Ahora deben ser ratificados por el Gobierno de Canarias para su entrada en vigor. El órgano colegiado renueva así la norma básica de funcionamiento que databa de 2004, actualizando su contenido a la legislación vigente y simplificando y ordenando su articulado. El texto traslada los exámenes de septiembre al mes de julio, garantizando las mismas opciones de evaluación para el estudiantado, y modificando la estructuración del calendario universitario. El nuevo articulado sobre la convocatoria de exámenes no entraría en vigor hasta, previsiblemente, 2022/23.
El documento estatutario aprobado parte de un borrador de reforma de 2017, que finalmente no vio la luz. A partir de él, una comisión formada por representantes de todos los grupos claustrales ha trabajado desde febrero para presentar al pleno del Claustro el documento final, sobre el que ha habido un amplio consenso salvo en el artículo dedicado a la convocatoria de exámenes del mes de septiembre, por lo que se llevaron a la sesión plenaria tres posibles propuestas.
La opción escogida por el órgano colegiado fue la de los grupos de profesorado Renovación Convergente (RC) y Red de Participación Universitaria (REDULL), junto a Grupo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (GEULL) y Libertad Estudiantil (LE). Su propuesta, que recibió 129 votos afirmativos, consiguió la mayoría absoluta del órgano en primera votación, desestimando así las presentadas por Programa Alternativo de Profesorado (PAP), que obtuvo 63 votos, y la de Asamblea Canaria de Estudiantes (ACE), que logró 20 votos.
«La propuesta ganadora opta por un sistema de evaluación continua e indica que el estudiantado tendrá derecho a tres evaluaciones»
La propuesta ganadora opta por un sistema de evaluación continua e indica que el estudiantado tendrá derecho a tres evaluaciones en el marco de dos convocatorias oficiales antes de finalizar el mes de julio. Con ello, la actual convocatoria de septiembre se trasladaría al mes de julio, de tal forma que el alumnado no pierde opciones de evaluación y se ordena el calendario académico, que hasta el momento solapaba un curso con otro.
Por contra, la opción de PAP proponía dos convocatorias: una primera, con evaluación continua a lo largo del curso y en caso de no superarse un examen final; y una segunda convocatoria, con el examen final (o recuperación) en julio, eliminando así septiembre. La tercera posibilidad, a manos de ACE, pretendía tres convocatorias tanto para las asignaturas anuales como para las cuatrimestrales. El estudiantado tendría derecho a superar las asignaturas mediante evaluación continua, que supondrá el cien por cien de la nota final, sin que suspender esta modalidad de evaluación supusiera en ningún caso que se agotase convocatoria.
La secretaria general, Elvira Afonso, señaló al comienzo de la sesión que el nuevo texto contiene además una actualización de la redacción y cambios en su estructura formal, como una mejor sistematización en la descripción de los órganos de gobierno o una regulación interna más coherente. Igualmente, también han experimentado cambios los capítulos dedicados al profesorado y al personal de administración y servicios, al delimitarse su tipología, régimen jurídico o derechos y deberes. Se delimitan conceptos relacionados con los servicios universitarios y a su vez todo el texto se ha adaptado al lenguaje inclusivo.
El texto estatutario aligera el peso reglamentario, se reduce y simplifica el trámite presupuestario, incorpora la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado y la Unidad de Igualdad de Género, y clarifica aún más el papel de control de la Intervención. Estas fueron algunas de las novedades que contiene la norma esbozada por Afonso, antes de pasar al turno de intervenciones de los claustrales.
