Durante un mes, empezando el 2 de julio, más de una veintena de personas que habían sido desahuciadas de sus hogares se instalaron en las calles paralelas a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias para reivindicar el derecho real a un techo digno. Sin embargo, ante la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo Canario, la comunidad afectada decidió moverse al corazón de la capital tinerfeña. La conocida como Acampada por la dignidad se trasladó así el pasado sábado, 8 de agosto, a la Plaza Candelaria en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de que sus peticiones por una vivienda digna sean escuchadas.
El traslado comenzó a las 17.00 horas y estuvo acompañado de una manifestación en la que también participaron algunas agrupaciones de activistas que apoyan la causa. Entre todas las personas presentes ayudaron a descargar las pertenencias de cada una de las familias perjudicadas. Lolo Dorta, portavoz de la acampada, comenta que es necesario que la Administración Pública compre un paquete de viviendas para poder rescatar a toda la gente damnificada.
La idea de esta acampada comenzó hace dos meses debido a que ninguna entidad gubernamental protege a las familias desahuciadas por impagos de alquiler. Actualmente, el Estado Español sustenta una moratoria que ampara aquellas unidades familiares que provengan de desahucios de grandes tenedores y fondos buitres. En cambio, las que son desahuciadas por falta de recursos carecen de protección jurídica. «Queremos conseguir una alternativa habitacional para todas estas familias afectadas, ya que por parte de las administraciones llevan más de veinte años sin construir viviendas públicas», afirma Lolo Dorta.
«Llevamos treinta y cuatro días, pero también meses y años luchando por una vivienda digna»
El pasado 13 de julio, el Gobierno de Canarias, tras reunirse con algunas personas perjudicadas, determinó que iba a establecer un decreto-ley para abordar la protección de estas familias si el Ejecutivo Central no sigue con la moratoria de desahuciar a personas sin recursos. Ariadna, una de las damnificadas, subraya: «No me siento escuchada ni por el Gobierno canario ni por el Ayuntamiento».
La finalidad de la manifestación es conseguir que el Gobierno de Canarias promulgue la ley del tanteo y retracto, que se está empleando en otras comunidades autónomas. Su objetivo es ofrecer paquetes de viviendas vacías a la Administración Pública antes de que los bancos y grandes tenedores oferten domicilios a empresas extranjeras que tributan fuera de España.
