El verano pasado saltaron las alarmas por la presencia de cianobacterias en las costas de Canarias. En un principio la aparición se relacionó con el vertido de residuos al mar, pero varios expertos afirmaron que la causa era el cambio climático y factores meteorológicos. Con motivo de este suceso, las autoridades de las Islas afirmaron que volverían a atender el caso de las conducciones de desagüe y elaborarían un nuevo censo para conocer el estado de los vertidos destinados al agua.
Pero, ¿por qué se utilizan emisarios submarinos para enviar los vertidos de la población? Sin duda alguna, las Islas Canarias presentan una compleja orografía. Debido a ello, los residuos se procesan de tres maneras diferentes dependiendo del lugar: se envían a depuradores, a pozos negros o a emisarios submarinos o conducciones de desagüe. Entre barrancos y núcleos de población es difícil establecer aparatos para sobrellevar la primera opción, ya que en estas zonas no existe red de alcantarillado. En cuanto a la segunda, el 30 % de los habitantes la sigue llevando a cabo, contaminando acuíferos y aguas subterráneas. La última es altamente peligrosa para el ecosistema marino puesto que se envían los vertidos directamente al mar. Sin embargo, puede tratarse de la más “cómoda”.
Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, una asociación ecologista de Tenerife, comentó que el problema existe desde que la Directiva de la Unión Europea en 1990 obligaba a dar un tratamiento a las aguas que se vierten al mar. Con la ayuda europea se construyeron 63 depuradoras, aunque algunas se destinaron a lugares sin red de alcantarillado por lo que nunca se pudieron poner en funcionamiento. De esta manera, se solucionaba el vertido de aguas negras enviándolas al mar a través de emisarios submarinos.
El Gobierno de Canarias declara como vertidos cualquier disposición de aguas residuales en un cauce o masa de agua. Los orígenes de estos son principalmente urbanos, agrarios o industriales. En el Archipiélago predominan los dos primeros, que se caracterizan por la presencia de restos fecales, fertilizantes, plaguicidas (con sustancias químicas tóxicas) o residuos de granjas.
De esta manera, los elementos causan daños en la salud de las personas y animales del medio marino. Salvador Hernández, pescador deportivo, afirma que ha notado que en zonas contaminadas hay más presencia de deformaciones en los peces (animales con tres cabezas, sin cola, etc.). Así, el motivo de este hecho es aprovechar la capacidad de asimilación que posee el medio marino con estos residuos.
Censo 2017
La Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias, competencia que autoriza el envío al mar de las aguas residuales, no realizaba un censo desde 2008. Durante el año 2016 se pensó en actualizar este registro ya que las referencias que hacían con respecto al primer año se iban quedando alejadas e inexactas. Fue en noviembre de 2017 cuando salió a la luz este escrito, uno para cada isla. La aparición de las cianobacterias fue el desencadenante a que se pusiera en marcha y se conociera la situación de los vertidos en todo el Archipiélago canario.
Concretamente, en la memoria de Tenerife, se contaron 172 puntos de vertidos, 164 de los cuales están en funcionamiento. La mayoría de ellos son conducciones de desagüe, tuberías que no se adentran al ecosistema marino, (141), lo que supone más del 80 % del total de los emisarios. Pero lo llamativo es que tan solo 59 puntos, con respecto al total, están autorizados para realizar vertidos al mar. Por ello, el 66 % de los puntos no están aprobados. El municipio con más puntos de deposición ilegal es San Cristóbal de La Laguna, con 11 del total.
Lo que se echa en falta en este censo de 2017 es el número de metros cúbicos que se destinan al medio marino. En 2008 fueron 59 597 metros cúbicos, de los que sin autorizar suponían 56 730 m². Es difícil estimar datos para este nuevo censo ya que la mayoría de los emisarios no están autorizados y no poseen caudalímetro, así, no se sabe cuánto vierten ni en qué condiciones. Dirigentes de Podemos de diferentes instituciones ofrecieron una rueda de prensa en agosto de 2017 y afirmaron que 57 millones de litros de agua sin depurar se vierten al mar al día. Solo 2,3 millones cumplen la legislación vigente lo que supone que el 96 % no siguen la normativa.
Luis Enrique Rodríguez, investigador del grupo de Tratamiento y Reutilización de Aguas de la Universidad de La Laguna, comenta que “ya sean tratados o no, el destino final de los vertidos es el mar”. Por ello, para que se evite el envío ilegal, resalta que existen múltiples sistemas de depuración para los núcleos pequeños que constan de un sistema de tratamiento que permita obtener un afluente apto para ser vertido al mar. Ejemplo de ello es el proyecto DEPURANAT, Tratamiento de aguas residuales con finalidades productivas, en el ámbito rural y espacios naturales del Espacio Atlántico, mediante sistemas de tratamiento natural o de bajo coste energético. Esta iniciativa surge como motivo de dar una solución a la depuración de las aguas residuales en zonas rurales. Este sistema permite captar, de manera natural, los residuos, transformarlos y reutilizarlos (regeneración de aguas).
Ya ha pasado un año desde que se dio a conocer la aparición de las cianobacterias. También ha pasado para aquella rueda de prensa del grupo Podemos en la que se especificaba la cantidad de agua vertida al mar. En estos 365 días la situación ha podido empeorar y todo ello sin respuestas por parte de las administraciones para frenar el vertido ilegal. Parece ser que el mar va a seguir siendo el vertedero de la población por un largo tiempo.
