La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, propuso el pasado 5 de abril fijar un impuesto de sociedades mínimo en todo el mundo. Las declaraciones se produjeron durante su primera comparecencia como titular de la economía estadounidense en el Council of Global Affairs de Chicago. Así mismo, el testigo de este debate que ha resurgido esta semana, lo ha cogido la UE. Su objetivo ha sido hacer lo propio con la llamada economía digital. En España, esto no nos suena nada lejano. Para el ejecutivo de Sánchez ha sido una prioridad hacer reformas en la forma en la que se gravan las actividades económicas en internet, la famosa Tasa Google.
Las Islas Canarias no escapan del impuesto para gobernar al mundo, pues sería una de las grandes afectadas. La Zona Especial Canaria (ZEC) es el régimen fiscal especial que permite que el Archipiélago tenga un impuesto de sociedades de solo el 4%. La ocurrencia de Yellen perjudicaría una importante parte del atractivo canario para la inversión.
Para que se haga realidad este suelo impositivo, el plan de la secretaria del Tesoro consiste en que las multinacionales americanas paguen al fisco lo que no estuvieran pagando donde tuvieran instalada su sede social. Esto es, si Google tributa en Irlanda un 12,5% sobre beneficios, se le obligará a abonar la diferencia a la hacienda pública estadounidense.
Un acuerdo que parece imposible
Los Estados son soberanos a la hora de optimizar como crean oportuno su fiscalidad. Incluso, dentro de los mismos hay diferencias: regiones autónomas como en Española o sistema cantonal como en Suiza. La propia EEUU tiene establecidos unos impuestos a nivel federal, y otros a nivel estatal. Por lo tanto, se antoja complicada de ejecutar una iniciativa que requiere poner de acuerdo a tantos agentes. Más aún, cuando muchos gobiernos han encontrado su baza competitiva para atraer inversión en una regulación atractiva.
En el fondo, las empresas son como organismos vivos que no buscan más que el ecosistema más idóneo para poder crecer. Esta característica empresarial de instalarse donde mejor les traten, se ha potenciado con el imparable avance de la digitalización, y las naciones que lo han entendido bien, no parece que estén dispuestas a ceder un palmo del camino recorrido.
La nueva secretaria del Tesoro cuenta con un curriculum brillante, un expediente sobresaliente y avalada por grandes maestros. Ha intercalado puestos de responsabilidad en la Reserva Federal con impartir la docencia en las universidades de Harvard y Berkeley. Sin embargo, como pueden avistar, su conocimiento del ecosistema corporativo es nulo, jamás emprendió, dirigió o siquiera trabajó en una empresa.
Hasta que punto una persona que desconoce todo de la estructura corporativa, puede llegar a tener la determinación de fijar una figura impositiva que grave a todas las compañías a nivel global.
Uno de los argumentos que se esgrimieron en favor del impuesto de sociedades mundial, es que tendríamos un «terreno de juego económico más nivelado», pero ¿es esto positivo para la economía?
El periodista independiente Fernando Díaz Villanueva opinó al respecto en su entrega diaria del podcast La Contracrónica, concluyó que: «naturalmente que no es positivo», y que, «en realidad lo que ha hecho prosperar al mundo en el último siglo, son los terrenos de juego que son justo al revés, es decir, desnivelados».
Precisamente, uno de los procesos que ha multiplicado la riqueza mundial es la competencia. Esto no es una excepción en el ámbito internacional, pues la competencia fiscal ha hecho prosperar a quienes partían con mucha desventaja. El impuesto mínimo de sociedades internacional no es una medida contra los paraísos fiscales, sino contra países de los 5 continentes que emplean la política fiscal como baza competitiva.
«Es fácil decidir cuando son otros los que asumen las consecuencias»
Otro argumento de la secretaria del Tesoro es frenar esa «carrera a la baja» en la fiscalidad de las naciones que, empujadas por la necesidad de ser competitivos en su entorno, estaban cambiando sus políticas en esta materia para ser capaces de competir. Ahí está la virtud, el maravilloso ciclo virtuoso del mercado y las políticas fiscales laxas, que fomentan la inversión nacional y atraen a la extranjera, que a su vez generan empleo y aumentan el poder adquisitivo de los nacionales.
En cualquier caso, este impuesto global corporativo reducirá la rentabilidad del trabajo allá donde su tributo homólogo nacional fuera antes más bajo. Es posible que aumente la recaudación, pero, con mayor capital en manos de los gobiernos, ¿el valor añadido generado por los políticos será superior al que se hubiera generado en manos privadas? Probablemente, no.
Cabe recordar que el capital privado se invierte en base a criterios de eficiencia, con un riesgo asumido por el inversor, y cuya meta es obtener retorno del capital invertido.
En torno a esta idea escribió Nassim Taleb en su libro Skin in the Game: «los que asumen el coste de tomar decisiones, son los que mejor comprenden las situaciones» y «es fácil decidir cuando son otros los que asumen las consecuencias». Pues, un político que no asume responsabilidades por el retorno de sus inversiones, es poco probable que obtenga mayor rendimiento que si ese capital se hubiera reinvertido mediante las decisiones libres e individuales de sus legítimos propietarios.
«No nos pueden hacer creer que es normal que los Estados nos extraigan rentas allá donde nos encontremos»
Nos encontramos en un contexto en el que los políticos han cercenado derechos fundamentales excusándose en la pandemia. Pues, en este sentido, se expresó el doctor en Economía Juan Ramón Rallo en su canal de Youtube: «no nos deben hacer creer que es normal que los poderes públicos están legitimados para organizarse y acordar extraer rentas de las personas físicas o jurídicas allá donde se encuentren». Esto es, crear un mundo sin escapatoria y transmitir la idea de que somos propiedad de los gobiernos.
Llama la atención la arrogancia que muestran algunas personas del alto funcionariado al creerse más inteligente que millones de decisiones individuales. No solo se atenta contra la soberanía de cada país, sino, también, contra toda la ciudadanía que en democracia decide en base a qué normas políticas (y fiscales) se debe regir su nación.
El propio Rallo afirmó que se trata de una propuesta muy problemática para nuestra libertad y nuestra prosperidad, desde un punto de vista político, económico y ético. Por ello, son estos motivos de sobra para rechazarla de frente.
