Javier Ramos, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, anunció el pasado viernes que suspende de sus funciones, “como medida cautelar», a Enrique Álvarez, el director del Instituto de Derecho Público (IDP). Además, se abre un expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster de Cristina Cifuentes en 2014. Según el comunicado enviado por la facultad es “una implicada en las graves anomalías detectadas”.
El vicerrector de Digitalización e Internacionalización, Abraham Duarte, afirma que “el equipo de gobierno de la URJC ha tomado todas las decisiones necesarias para eliminar definitivamente cualquier acto o situación irregular, y esclarecer todos los hechos”. La finalidad es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo “la legalidad vigente y la ética profesional”, según apunta la cátedra.
Conforme señala Ramos, el caso está en la Fiscalía, y “si se confirma y hay sentencia firme reconociendo los sucesos, se iniciarán los trámites pertinentes para la anulación del título de la señora Cifuentes Cuencas”. Asimismo, esta semana la presidenta madrileña deja la posible dimisión en manos de Mariano Rajoy, e indica a su entorno que «sopesa devolver el documento del máster a la Universidad».
Por otro lado, la institución, de momento, no ha notificado ninguna sanción contra el catedrático Pablo Chico, quien ordenó a Calonge cambiar la calificación de su asignatura. Esta decisión se produce tras conocer las conclusiones del Expediente de Información Reservada, en relación al Acta de Evaluación del Trabajo de Fin de Máster de la política, iniciado el pasado 21 de marzo.
