La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular prohíbe a la hostelería cobrar o negar un vaso de agua con el objetivo de reducir el uso de botellas de plástico de un solo uso. Me parece sorprendete que este punto del estatuto haya sido necesario, no por la gran concienciación que existe entre la población sobre la importancia de cuidar el medioambiente, sino porque significa que antes sí que existían restaurantes donde un vaso de agua tenía etiqueta de precio.
Cobrar desde la barra de un bar entre 20 céntimos y un euro por un vaso de agua es algo merecedor de mínimo tres insultos. Qué harán esas personas con esos cinco céntimos que amontonan, espero que no terminen en el tarro de monedas de cobre que nunca se utilizan. Nadie debería ser capaz de negarse a dar un vaso de agua, como tampoco, a tratar a una persona enferma. Los países que viven una realidad con un sistema de sanidad pública, que permite a cualquiera que lo requiera ser recibido en un hospital, no suelen pensar en cómo sería si no fuera así.
El sistema sanitario en España trabaja de forma solidaria. Mientras la población trabajadora financia los gastos médicos mediante impuestos, toda persona residente en el País será atendido en el centro de salud. Exactamente un 8,0 % del PIB se convierte en el gasto sanitario público conforme señala el análisis del Ministerio de Sanidad. La Seguridad Social es un factor determinante para la reducción de las desigualdades en la sociedad. Las personas no deben pensar en si su dolor de cabeza o de rodilla puede esperar al día de cobro o incluso a dentro de un par de meses.
«Las personas no deben pensar en si su dolor de cabeza o de rodilla puede esperar al día de cobro o incluso a dentro de un par de meses»
La sanidad pública disminuye las enfermedades entre la población y evita que los gastos médicos hundan a pacientes en la pobreza. Aunque el sistema español también puede verse como un domingo a las 22.00 horas en un edificio de urgencias con los pasillos abarrotados de camillas con personas esperando o falleciendo. Un sistema que, además, permite y apoya la entrada de las empresas privadas y por tanto, de sus intereses económicos.
En 1997 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que dio la bienvenida a las entidades privadas a nuestra sanidad pública. Menos de treinta años después, Canarias ocupa el tercer gasto más elevado en centros sanitarios privados entre las comunidades autónomas, según publicó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). También se encuentra entre los primeros puestos de lista de espera más larga para consultas con especialistas, en concreto, un promedio de 121 días en demora.
Los datos del Ministerio de Sanidad muestran los 32 535 millones de euros que invierte el País en recursos privados, en enriquecer empresas en lugar de mejorar la atención primaria y defender el derecho a lo público. Dinero que no acaba en la modernización de nuestros servicios que poco a poco han animado al 20, 42 % de la población canaria que se lo puede permitir a contratar un seguro privado, un porcentaje expuesto en el informe de la FADS
Tener una enfermedad y no poder pagar la atención médica o terminar siendo pobre a causa de los costes de un tratamiento termina en una muerte injusta. La Seguridad Social es un derecho humano, por lo que la privatización de la sanidad y las invitaciones a pasar a un mecanismo que solo un reducido grupo puede costear no deberían ser una opción.
