El ministro de Universidades, Manuel Castells, aprobó el pasado 25 de mayo la Ley de Convivencia Universitaria. Esta legislación deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Esta norma se encontraba vigente con los aspectos que afectaban al estudiantado, en contradicción con los principios democráticos por los que se rige la sociedad actual.
Dentro de los objetivos de esta Ley de Convivencia Universitaria se encuentra la reformulación del marco de armonía entre el estudiantado que garanticen las libertades y derechos fundamentales, así como convivir de forma activa y responsable con las personas que conforman la comunidad estudiantil.
De acuerdo con la nueva ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia cuyo objetivo sería promover iniciativa para la armonía de la vida en la universidad. Esta delegación contará con la representación paritaria de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
Según la establece la norma, la mediación es uno de los elementos «clave» de la resolución de conflictos, pero es imposible cuando se abren documentos sobre violencia de género, daños a los activos universitarios y fraude académico.
En definitiva, esta nueva la ley establecerá un nuevo marco para la convivencia universitaria acorde a los principios democráticos para promover valores como la tolerancia, la diversidad, el respeto a la diversidad y la corresponsabilidad.
