El estudio ¿A qué puedo llamar universidad?, publicado en el mes de marzo por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU), concluye que solo doce de las 81 universidades españolas cumplen con los mínimos previstos recogidos en el Proyecto de Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
El borrador emitido por el Ministerio de Universidades exige unas condiciones mínimas respecto a la oferta docente, la actividad investigadora y en la plantilla de personal docente e investigador (PDI) y su cualificación. También, planea dedicar al menos un 5 % del presupuesto a programas propios de I+D+i. Las instituciones académicas tendrán que garantizar diez títulos oficiales de grado, seis titulaciones de máster universitario y tres programas oficiales de doctorado.
Además, el conjunto de la oferta oficial debe cubrir, como mínimo, tres de las cinco ramas de conocimiento, donde el estudiantado de grado y doble grado deben constituir, como mínimo, el 50 % del total que cursa estudios oficiales. Asimismo, el alumnado de formación permanente (no oficial) no puede superar el doble del que cursa estudios oficiales. La mayoría de universidades públicas cumplen con este requisito.
En Canarias solo la Universidad de La Laguna cumple los requisitos. Los centros privados y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) quedan fuera de los parámetros debido al aumento en las exigencias. La ULL ha llevado a cabo 169 proyectos en el plazo de cinco años. El profesorado funcionario de carrera con algún sexenio reconocido se sitúa en un porcentaje del 73,3 % frente los 94 proyectos, cinco publicaciones y 59,7 % de PDI de la ULPGC. Por tanto, tal y como aparece en el documento, la ULL es la única universidad en Canarias que cumple las exigencias en actividad investigadora, superando tres de los cinco requisitos necesarios, y las condiciones mínimas sobre la plantilla del personal docente e investigador.
Si finalmente el borrador es aprobado, las instituciones tendrán cinco años para adaptarse a la nueva norma que sustituirá al Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, actualmente en vigor y aprobado por el exministro José Ignacio Wert.
